Los “antecedentes” del PP en la gestión de la sanidad pública allí donde ha gobernado se resumen en dos hechos: deterioro intencionado y progresivo de lo público e incentivos o implantación de la gestión privada. Comprometido constitucionalmente, por ley, con el derecho a la salud de los españoles, el PP procura la provisión de la atención sanitaria, un servicio público esencial, a la iniciativa o gestión privada. No en valde los que militan en ese partido están convencidos de que lo privado funciona mejor, porque su fin es la rentabilidad, que lo público. Va en el ADN de su ideología conservadora neoliberal. Y así gestionan la sanidad pública cada vez que gobiernan. Ya lo demostraron en la Comunidad valenciana y lo siguen evidenciando en Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia. Ahora le toca a Andalucía.
En Madrid, desde los gobiernos de Esperanza Aguirre hasta hoy, el sistema sanitario ha estado expuesto, a través de concesiones, al capital y la gestión privados, emulando el “modelo” valenciano. La privatización de hospitales o la “externalización” de servicios y procedimientos han sido la característica dominante de la sanidad pública madrileña, en la que los recortes, la conflictividad laboral, los escándalos sanitarios (imputaciones de falsas de sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa, caso del ébola, etc.) y la “permeabilidad” hacia lo privado de sus responsables públicos (Lamela, Güelmes y otros consejeros de Salud emigraron a consejos de administración de empresas a las que habían adjudicado concesiones sanitarias) han acabado denigrando, no sólo la sanidad pública, sino las instituciones del gobierno regional, poniéndolas “al servicio de sus intereses políticos, empresariales o personales”, como concluye el informe elaborado por la Comisión de Investigación de la Corrupción de la Asamblea de Madrid.
También en la Castilla-La Mancha de Cospedal, que cerraba centros de salud y despedía personal con la excusa de la crisis económica y los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, o la Galicia de Feijoo, donde se “experimentó” el sistema de fundaciones hospitalarias que acabó en quiebra y en la que los jefes de servicio de Atención primaria, los médicos, usuarios y sindicatos todavía denuncian la mala praxis de la Administración que provoca una situación caótica del Servizo Galego de Saúde, condenado si no se rectifica al deterioro sanitario por la precariedad y la saturación, aparecen inevitablemente los “frutos” de la labor del PP cuando asume la responsabilidad política de los servicios sanitarios públicos.
Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud
Y en Andalucía, último lugar donde “experimentar” su neoliberalismo sanitario, han hallado el asunto de las listas de espera para iniciar su labor de zapa de la sanidad pública. Y lo hacen desde la demagogia y con intenciones inconfesables. Porque, sin tener elaborado aun ningún Presupuesto para la Comunidad, el Gobierno del PP anuncia un “plan de choque”, dotado de 25 millones de euros, para reducir las listas y los tiempos de espera, sin especificar de dónde obtendrá ese dinero o de qué partida lo quitará. El consejero de Salud, previendo las críticas, asegura que potenciará los recursos propios (horas extras, extender horarios, contratar personal, intensificar actividad quirúrgica a tardes y sábados, etc.) antes de reconocer que se derivará a centros privados concertados lo que no se pueda atender en lo público. Una medida que ya existía y se utilizaba. Pero se guarda el consejero de exponer algunas explicaciones que clarificarían el problema, sin demagogia ni manipulaciones. Y, fundamentalmente, no aborda el problema más grave que aqueja a la Sanidad pública, cual es el déficit de financiación que le impide ofrecer una sanidad eficiente, incluso para reducir las listas de espera. Y no lo dice porque ya sabemos lo que opina el PP sobre financiación de servicios públicos: austeridad, restricciones, recortes y “adelgazamiento” de todo cuanto suponga “gasto” social, considerado genéricamente un despilfarro “insostenible”.Por eso, antes de “meter mano” a la privatización de la sanidad pública -lo que han intentado en todos los sitios cuando han podido, como hemos visto-, los gestores del PP han preferido en Andalucía congraciarse primero con la población -por algo han estado 37 años en la oposición- anunciando medidas expeditivas para disminuir los tiempos de espera sanitarios, como si los planes de choque, como demuestra un estudio de la OCDE, no tuvieran sólo un efecto débil y pasajero que no resuelve el problema. Pero el asunto tiene repercusión mediática y concita el interés ciudadano, porque quien más o quien menos tiene un familiar aguardando algún tratamiento por una de esas patologías que engrosan las listas de espera.
El “talante” privatizador del PP obliga a desconfiar de la supuesta bondad del propagandístico plan de choque con que pretende eliminar las listas de espera sanitarias en Andalucía, por cuanto, con el subterfugio de derivar pacientes a centros privados concertados, puede sucumbir a la tentación, como ha hecho cada vez que ha tenido ocasión, de “externalizar” otros servicios y procedimientos que, a la postre, benefician a la iniciativa privada en detrimento de la pública. Y, aunque es verdad que la gestión privada funciona en la actividad sanitaria, únicamente es rentable para determinadas prestaciones. Sólo la pública atiende a la totalidad de la demanda y todas las necesidades. Por eso existen clínicas muy confortables para dar a luz, pero pocas con servicios neonatales para atender a niños prematuros o con problemas graves. Ni con unidades de quemados o de trasplantes de órganos y tejidos como en la red sanitaria pública de Andalucía. Hay que estar atentos no vaya a ser que, por una tardanza, siempre criticable, en operarnos de cataratas o hacernos una resonancia, nos engañen para desmontar una red asistencial que, siempre también mejorable, es la “joya de la corona” de los servicios públicos, posibilitando un derecho a la salud a todos los ciudadanos, sin importar condición ni capacidad económica.