El pasado 28 de diciembre de 2012 el Gobierno de la nación ha aprobado un Decreto Ley que modifica aspectos importantes del proceso de integración de las personas empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Y anda que iba a tardar el actual gobierno de la nación en poner freno a lo que tanto esfuerzo ha costado sacar en negociaciones durante anteriores gobiernos. Desde el ańo 1996 llevamos desde UGT reclamando que el trabajo de las empleadas de hogar sea reconocido como empleo, como cualquier otro, con los mismos derechos. Y en menos de un ańo se introducen cambios que suponen una marcha atrás a la reforma acordada.
El reconocimiento de los derechos de las empleadas de hogar significa la dignificación de un trabajo desempeńado fundamentalmente por mujeres. Sin embargo, reconocer que lo que hemos hecho toda la vida por obligación es un trabajo que genera derechos, tan básicos como, por ejemplo, la cotización y la protección social, parece seguir creando asperezas.
Ni un ańo ha tardado el Partido Popular en modificar una ley cuyo objetivo principal era acabar con la discriminación en este sector tan feminizado, y que estaba teniendo un efecto tan positivo como emerger un tercio de su “economía sumergida” en tan sólo once meses. Y ni por estas buenas razones se ha respetado una ley en sus primeros momentos de desarrollo.
Concretamente el PP ha incorporado dos modificaciones. Por un lado, la responsabilidad del alta y baja en la seguridad social, y los ingresos de las cotizaciones y demás trámites, recaen de nuevo en las propias trabajadoras, en aquellas que coticen menos de 60 horas mensuales. Se exime así esta responsabilidad a la parte contratante, que es quien tiene la responsabilidad subsidiaria.
Por otro lado, se reducen los tramos de bases de cotización, que estaban previstos para facilitar una adaptación progresiva a las bases de cotización del régimen general. La reducción de 15 a 8 tramos responde a esa obsesión recaudatoria del gobierno. Este afán además se soporta sobre las empleadas más pobres. Así la base mínima de cotización pasa de 90 a 147 euros, mientras la máxima se mantiene en 790 euros. Lo que se traduce en que las empleadas de hogar que trabajan menos horas deberán cotizar más descendiendo aún más su escaso poder adquisitivo.
Estas modificaciones son un paso atrás para el proceso de integración de estas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social, y suponen la desprotección social de las trabajadoras del hogar, y el más que probable incremento de la economía sumergida.
Desde la Secretaría de la Mujer de UGT Andalucía consideramos que las modificaciones introducidas por el Gobierno se alejan de los objetivos planteados con la regulación del sector, que deben seguir siendo aquellos que determinen la eliminación de las discriminaciones que en materia de protección social vienen sufriendo las empleadas de hogar, la dotación de las mismas prestaciones e idénticos derechos sociales que el resto de los sectores productivos, y la solución al problema del elevado nivel de economía sumergida existente en el sector.
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