No puede haber inculpados y condenados que se aprovechen del "maníqueismo" lerdo e injustificable de la Justicia, que no aprecia con contundencia las pruebas para discernir entre el bien, el mal secundario y el horror, que pueden causar ciertos cómplices cercanos a la intención de provocar el homicidio involuntario, de quienes engañados esperaban su ayuda. Ejemplo : Haití y el "sarcasmo" y despotismo que empleó Rafael Blasco Castany y Cia, apropiándose de una ayuda humanitaria.
Sabemos que los principios éticos de la Liga Haitiana Internacional (Lihaiti), organización fundamentada, entre otras muchas actividades socio-políticas, en crear una nueva conciencia destinada a eliminar del país la pesadumbre como una enfermedad contagiosa, les llevaría si fuese factible hacerlo, a tramitar formalmente una petición de extradición para los españoles Rafael Blasco Castany y sus más de veinte secuaces. Con mucha desazón pero con el coraje debido, Lihaiti hubiese emprendido una acción judicial contra quienes prometieron una falsa mayúscula y generosa donación, cimentada en una ficción versada en la construcción de un hospital, una estructura indispensable e imprescindible para sanar graves heridas, dolencias y tratamientos de cirugía e inserción de prótesis a muchos de los accidentados por las graves consecuencias de un seísmo de proporciones gigantescas, lo que les sirvió a tal "chusma" ese pretexto con los números bien calculados, para que los autores cometiesen dolo, una apropiación indebida de recursos y todo tipo de desaciertos morales que rayan haberlo hecho con las instrucciones del demonio, dedicándose a saquear las cajas de las ayudas servidas para ellos mismos, aumentando sin remordimientos sus patrimonios personales. Sin duda habrían sido perseguidos tales bellacos por quienes ahora velan por dignificar Haití, desgraciadamente desde la distancia obligada y escasos medios económicos y materiales, hasta rendir cuentas esos filibusteros a las órdenes de un pirata sin escrúpulos, ex-consejero de la comunidad valenciana con semblante de gallardo caballero. En definitiva, unos estafadores que bien merecen largas penas ejemplares con sentencias paralelas impuestas por el Tribunal de Derechos Humanos.
La "injusticia" de la Justicia propiciada por una fiscalía adherida sin desearlo a un amaño torticero por recuperar lo enajenado, propuso el ahora te pido 16 años y mañana 6 y medio de cárcel, concluyendo los 3 y 7 meses aceptados para salir en régimen de semilibertad pactada otorgada por el poco decoroso resultado de un tercer grado penitenciario demasiado benevolente para el promotor e inductor Rafael Blasco, que por supuesto aceptó el reo sinvergüenza dicho convenio regulador para disfrutar de sus rapiñas a las arcas del Estado, propiciadas por los impuestos contribuidos por los ciudadanos valencianos, que creen todavía que la solidaridad la atienden gentes cuya honradez no pudiesen ponerse en duda.
Conozcan el caso y verán que no hay moderación en los plazos y da igual la pantomima que se celebra tras una gran "paella" valenciana, que se pierde en después de una gestión aplaudida y posteriormente desconocida, de la que los haitianos no olvidarán nunca tamaña ofensa a su desgracia.
En 2014 los indicios se mostraban abrumadores y a finales de febrero de 2018, la Justicia abrió procedimiento oral a Rafael Blasco Castany y 23 personas más por el entramado de falsificadas facturas, falsas ONG, que pretendían justificar la construcción de un "hospital fantasma" de Haití, además de otras irregularidades sobre otros proyectos no realizados en Centroamérica.
La causa incorporó a tres personas más en enero de 2018, tras confirmar el procesamiento de los acusados. La instrucción apuntó a delitos como prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. Junto a Blasco figuran la antigua cúpula de la Conselleria de Solidaridad de la Comunidad Valenciana y dirigentes de las ONG.El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió juicio oral al ex-consejero de Solidaridad Rafael Blasco Castany y otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG,s y en la construcción de un hospital en Haití, del que se volatizo el proyecto y la presunción de demostrar la irrealidad del mismo, algo que como farsa, por supuesto no llegó a llevarse a cabo.
En un auto con fecha 21 de febrero de 2018 facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se produjo después de que a finales de enero la sección segunda de la Audiencia, confirmará el procesamiento de los acusados con la incorporación a la causa de tres personas más, entre ellas Fernando Darder , presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras. Se trata de dos piezas del conocido como Caso Cooperación - 2 y 3 - sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dio por concluida la instrucción por los délitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
El juicio oral se abrió contra Blasco - todavía condenado, aunque en la actualidad goza de libertad de tercer grado, condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso; su excúpula en la Conselleria ( la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares ) además de los empresarios Augusto César Tauroni ( igualmente condenado en el primer juicio) y su hermano Arturo Tauroni. Asimismo, se incluyeron a trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las empresas aparentemente contratadas que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
En el caso del ex-consejero Rafael Blasco Castany, se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. En la resolución, el juzgado ratificó medidas ya adoptadas para asegurar las responsabilidad, y que en Rafael Blasco se fijan en 8,2 millones de euros.
Hasta ocho millones se establecen para Augusto Augusto César Tauroni y para Marc Llinares. Para el resto de ex altos cargos fueron menores importes : 3,6 millones al propio Fernando Darder. Asimismo, el juzgado mantuvo las cautelares personales ya adoptadas de obligación de comparecer en los juzgados semanalmente junto con la prohibición de salir de España, medida esta última que se aseguró con la retención del pasaporte de nueve de los procesados.
"Directores o jefes del grupo criminal" así se manifestó en la acusación y después procesamiento por la magistrada instructora Nieves Molina, que concluía en su informe que había sido "evidente" el concierto entre el ex-consejero Blasco, su exjefe de área y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".
Arturo Tauroni Masiá, hermano de Cesar Augusto Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador, que defendían los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la conspiración. En el auto, la magistrada explicaba que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro. La jueza Castillo añadía que "prueba de lo anterior eran los abundantes correos electrónicos que se cruzaban entre ellos, en los que se refleja la subordinación de estos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes. Asimismo, señalaba que Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo que las aprobaba, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita. Por esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 16 años de cárcel para Blasco y como responsabilidad civil subsidiaria la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que solicitó el fiscal fue para Augusto César Tauroni, para quien reclamó 21 años y medio de cárcel. También pidió que se le fijará una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un ostentoso barco de recreo, además del dinero de las cuentas de EEUU ingresado en diferentes sociedades y por un delito de blanqueo de capitales. Estas dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONGs en los años 2009, 2010 y 2011, y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití, que nunca se construyó. Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron al Juzgado de Instrucción 21 en 2014, una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal. Siguió abierta la investigación de al menos otra pieza del caso, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Consejería de Inmigración y Ciudadanía.
Y entre los demás encausados y condenados, nos llama poderosamente la atención la intervención de Alejandro Català Bas - cuatro años, seis meses de prisión y un día - quien sí aspiraba e ignoramos, por simple vergüenza ajena el comprobarlo, volver a su puesto de trabajo tal era su intención al cumplir su pena para seguir ejerciendo como profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València (UV). La institución académica añadió en su día en un comunicado que la ejecución de la sentencia impediría que pudiese percibir un sueldo público. Después de su "calvario procesal", el "colega" de Blasco , el tal Català, colaborador necesario de una serie de egoístas desvaríos de una mente superdotada y por lo visto atrofiada, ignoramos si volvió a las aulas para formar a los alumnos sobre las leyes que definen a un Estado. "Todo un ejemplo de falsa e hipócrita honestidad para enseñar como expoliar al Estado y quedarse tan ancho viviendo de rentas ajenas", a través de una sofisticada corrupción financiada por los españoles - valencianos. Incomprensible.
Marcial López López : El Presidente de Fundación Cyes. Condenado a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses para el caso de impago, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 6 años, como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial.
María Josefa Cervera Tomás : Empleada de la Fundación Cyes y pareja de Marcial López López fue condenada a pena de 3 años, 6 meses y un día de prisión, multa de 4 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 4 meses para el caso de impago, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 5 años y 3 meses. Mas la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena, como criminalmente responsable en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autora.
Javier Llopis Bauset : Ex Jefe de gabinete de Rafael Blasco 2007-2012, fue condenado a pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota diaria de quince euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, durante el tiempo de dos años como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de falsedad en documento oficial.
Hemos informado a nuestros lectores de los más importantes cerebros grises carentes de las neuronas del arrepentimiento debido a las fraudulentas operaciones compartidas, comparables a cualquier atraco a mano armada al desvalijar los presupuestos recaudados para un fin solidario, así como los principios y necesidades de muchísima gente afectada tras el terremoto en Haití en 2010, tal fue la espera sin que llegase el día de inaugurar un hospital financiado por España, y fondos de la Comunidad valenciana, sin visos de enorgullecer al país de prestar una ayuda sanitaria que finalmente quedó en nada, por una falta de respeto desmesurado a un pueblo dramatizado que todavía hoy paga las consecuencias de "elementos" como los descritos, que no merecen dormir satisfactoriamente, pues seguro son víctimas de sus propias sombras fantasmagóricas dibujándose en sus asquerosas pesadillas.
Afortunadamente la Generalitat valenciana ha recuperado 453.287 € de las piezas 2 y 3 del caso, que aludían a la trama en su comportamiento fraudulento con el hospital "fantasma" de Haití, además de 1.049.000 € procedente del afectado a Nicaragua, cantidades que pueden ir aumentando a medida que se vayan materializando los embargos a los 12 acusados que deben rendir, aunque después del tiempo transcurrido pudiera ser que se produjesen más dilaciones burocráticas y denuncias por el alzamiento de bienes con los que la Justicia se viene encontrando.
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