La desastrosa gestión del sistema público de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy ha creado una alarma social sobre el futuro de las mismas. Preocupación aprovechada por los publicistas que hablan o escriben a sueldo de las entidades financieras para vender la idea de las 'pensiones privadas'. A estas alturas, ¿hay alguien que todavía se fíe de la solvencia de los bancos?
Las pensiones serán públicas o no serán.
Ahorrar es una actitud tenida por virtuosa por los diversos códigos morales que informan el comportamiento humano. El hecho de que una persona procure ahorrar algo de dinero con vistas a procurarse mejores condiciones de vida en su vejez no es una novedad. Ahorrar con esta finalidad lo hacían ya nuestros abuelos. Los más humildes guardaban las escasas monedas de plata que podían reunir en un calcetín, debajo de un ladrillo o en cualquier otro escondrijo seguro. Quienes tenían mayores posibilidades de reunir un pequeño capital depositaban sus ahorros en un banco.
Lo que a nadie en su sano juicio se le ocurría era denominar a eso un “plan de pensiones”, expresión que supone un abuso de lenguaje y concepto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice al respecto:
pensión. (Del lat. pensĭo, -ōnis): Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.
En efecto, es el Estado, a través de la Seguridad Social, el pagador de pensiones por razón de las diversas modalidades de protección social derivada de criterios de solidaridad, justicia social o evitación de conflictos. Y en cualquier caso, en cumplimiento del mandato de la Constitución Española que, en su artículo 50, dice:
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Quien viene obligado por la lógica de las cosas a cumplir este mandato constitucional el el Estado, representado por el gobierno de turno. Y no por los bancos, cuya 'misión', como dice el lenguaje corporativo de moda, no es precisamente el de cumplir una finalidad social. En el mejor de los casos, es decir, suponiendo que no quiebren, los bancos se limitan a pagar intereses (en este momento prácticamente nulos) sobre los capitales depositados en sus cajas. Un ahorro privado nunca será una pensión, lo que no obsta para que, quienes todavía sean tan valientes —o tan ingenuos— como para confiar a estas alturas en los bancos, ahorren con vistas a la vejez.
¿Cuánto hay que tener ahorrado para afrontar la jubilación? Un estudio realizado por Deustsche Bank estima que es preciso contar con unos 100.000 euros. Un patrimonio de esta cuantía tan sólo nos permitiría complementar la pensión (calculando una rentabilidad anual del 4% y una esperanza de vida de 87 años en el caso de los hombres y 90 años en las mujeres) en las siguientes cantidades:
• Hombres: 457 euros mensuales
• Mujeres: 387 euros al mes
Cantidades que habría que ajustar a la inflación.
Estas rentas, que tampoco son como para tirar cohetes, suponen una capacidad de ahorro de 6.000 euros al año. Ahora bien, ¿cómo podrían ahorrar esa cantidad aquellos que ni siquiera los ganan? Habría que preguntar por sus métodos de ahorro a los desempleados o empleados en precario que malviven en España con ingresos anuales inferiores a 6.000 euros anuales.
En definitiva, confiar la supervivencia material durante la tercera edad a los bancos, como pretenden hacernos creer los vendedores de opinión que hablan o escriben a sueldo sería un verdadero suicidio no asistido. Las pensiones sólo pueden ser públicas, o no serán.
(continuará)