¿Es justa la actitud de los políticos al mantener las pensiones vitalicias sin restricción, mientras exigen sacrificio al resto de ciudadanos?
Y es que en estas cuestiones parecen estar de acuerdo la mayoría de los partidos políticos, por lo que surgen, entre muchos ciudadanos comunes, varias preguntas: ¿por qué será, prevalece entonces el beneficio propio antes del común de todos los españoles? ¿Por qué a la hora de hacer sacrificio por la crisis se exige al pueblo “apretarse el cinturón” y ellos no cumplen con el ejemplo?
Estas y muchas más preguntas, que de momento no tienen respuesta. Y a pesar de que el gobierno se rebajó sus sueldos, esto ha sabido a poco para muchos ciudadanos, ya que piensan que es pecata minuta dentro del gran despilfarro económico, que según ellos existe en el mundo de la política, y uno de los más llamativos y comentados es la permanencia de las pensiones vitalicias.
Asignación vitalicia de los expresidentes
Las remuneraciones que perciben los expresidentes en España son legalmente compatibles con sueldos privados, pero ¿son moralmente aceptables, en un país con un grave problema de crisis económica?
Esta es otra pregunta sin respuesta que se hacen los ciudadanos.
Los suculentos sueldos de Felipe González y José Mª Aznar
Tras el fichaje por Endesa de José Mª Aznar por 200.000 euros anuales, a los que hay que sumar un millón más que se estima puede llegar a cobrar por otras actividades privadas y el de Felipe González, por Gas Natural, por la cantidad de 126.000 euros, el debate llegó a un momento álgido por parte de la sociedad española.
Al respecto, mientras Aznar prefirió guardar silencio y no hacer ningún tipo de declaraciones, Felipe González comunicó que no iba a renunciar a la asignación vitalicia que le concede el Estado de 80.000 euros anuales, aunque perciba más ingresos de empresas privadas. Haciendo hincapié en que cumple escrupulosamente la ley al percibir esta pensión en su calidad de antiguo presidente del Gobierno.
Pensiones de los exministros en España
En lo que respecta a los que fueron ministros dentro del poder ejecutivo español, cobran pensiones del 80 por ciento de su salario durante dos años, totalmente compatibles con sueldos privados, lo que supone un montante de más de 5.000 euros al mes, con cargo a las arcas del Estado. Además, independiente del tiempo que hayan ejercido como ministros, ya tienen derecho a una futura pensión de jubilación máxima.
Si todo esto lo comparamos con lo que se exige al resto de ciudadanos, a los que le son necesarios 35 años de cotización a la Seguridad Social, resulta para muchos una absoluta injusticia e incluso algunos se atreven a tacharlo de inconstitucional, alegando el artículo 14 de la Carta Magna, donde se regula el derecho fundamental de igualdad de todos los españoles.
Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, dice al respecto lo siguiente:
“En una situación como la que vivimos deberían reconsiderar estas cuestiones. Es injusto. Debería haber más equidad y más solidaridad, como piden ellos cuando nos anuncian que van a congelar nuestras pensiones, y deberían dar ejemplo cuando son quienes tienen en sus manos y de sus decisiones depende la calidad de vida de muchas personas. Ahora mismo hay más de dos millones de pensionistas que viven por debajo del nivel de la pobreza, sobre todo las pensiones de viudedad. La desigualdad raya con lo inadmisible”.
Pensiones y otras prerrogativas de los diputadores y senadores
En el año 2006 se regularon los beneficios de las pensiones parlamentarias, las que indican que cualquier diputado tiene garantizado el 80 por ciento de la pensión con apenas siete años de ejercicio de su cargo. Para el resto de ciudadanos son necesarios actualmente 25 años, y 28,5 tras la reforma de las pensiones.
A todo esto hay que sumar que los parlamentarios tienen derecho al cien por ciento de las pensiones con apenas 11 años en el hemiciclo, lo que no es ni mínimamente comparable, en opinión de gran cantidad de expertos y ciudadanos comunes, con los 37 años, tras la reforma, que se exige para el resto de los ciudadanos.
Movimiento 15 M y Democracia Real Ya, contra los privilegios
En consecuencia, con todo lo expuesto, además de muchas otras prerrogativas, parte de la ciudadanía se está movilizando para evitar que esta situación de desigualdad continúe, como “el movimiento 15M” o “Democracia Real Ya”, que a pesar de tener algunos detractores, sobre todo en la derecha o extrema derecha, cada vez son más seguidas sus páginas web, redes sociales, videos en “Youtube”, y sus asambleas, todo ello según datos de las citadas organizaciones.
Además, también muchas personas ajenas totalmente a estos grupos, están totalmente en contra de los numerosos privilegios de nuestros políticos y desean que la situación cambie de una manera rápida y eficaz.
Ante todo esto, parte de la sociedad continúa esperanzada en que dentro de la clase política exista gente honesta, que entienda que esas desigualdades no son justas en ningún caso, pero muchísimo menos en pleno periodo de dura crisis económica, y encuentren la forma de equiparar de una manera más equilibrada las situaciones de los políticos y el resto de ciudadanos, y si se pide esfuerzo para superar la crisis, comiencen ellos enseñando con el ejemplo.