La aportación de Samuelson fue la popularización del modelo IS-LM en el libro Economía en 1948. Samuelson hizó una síntesis entre los planteamientos de la escuela neoclásica y el modelo IS-LM de John R. Hich. Defendía la intervención del Estado en la política fiscal. También fue partidario de la intervención del Estado en el mercado porque éste era incapaz de proporcionar niveles de inversión que asegurarán el pleno empleo. Apoyó el Estado del bienestar y los programas de redistribución de la renta y la reducción de la pobreza. Samuelson era consciente que, para que hubiera pleno empleo, era imprescindible determinar cuánto produce la economía. La mejor herramienta era la política fiscal, es decir, la utilización del gasto público y de los impuestos para modular la actividad económica. Su apuesta por la política fiscal era por su convencimiento del papel del multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano surge de una hipótesis sobre los consumidores: una persona no gasta la totalidad de su ingreso de cada mes en consumo sino una proporción fija, denominada "propensión marginal al consumo". Ahora bien, cualquier compra produce otros gastos posteriormente. En consecuencia, al final, se habrá multiplicado significativamente el gasto partiendo de un determinado consumo sobre la renta disponible. Los impuestos tenían un efecto sobre la renta disponible y ésta sobre el multiplicador keynesiano. Samuelson estudió los efectos del multiplicador keynesiano en el gasto público y aseveró que su existencia y su valor son determinantes para la eficacia del gasto público. Samuelson defendió los presupuestos públicos deficitarios. El presupuesto del Gobierno no debe estar siempre equilibrado sino en relación al ciclo económico, consecuentemente, aumentar el gasto público o reducir los impuestos con el objetivo de incrementar la demanda efectiva cuando la economía está en la parte baja del ciclo económica, compensando el déficit resultante en la parte alta del ciclo económica con el objetivo de evitar un sobrecalentamiento de la economía, reduciendo la demanda mediante la reducción del gasto público o el aumento de los impuestos. El déficit público sería controlable gracias al multiplicador keynesiano. A las políticas, que se efectúan en la parte baja del ciclo económico se las llama políticas contracíclicas, mientras que, las políticas que se efectúan en la parte alta del ciclo económica se las llama políticas procíclicas. Por otro lado, Samuelson defendió que cuando existe desempleo suele producirse un fenómeno en relación al ahorro, la llamada "paradoja de la frugalidad", que reduce la demanda total de la economía con la consiguiente reducción de la renta disponible para ahorrar. En este tipo de situaciones, las personas retienen sus ingresos, el dinero no afluye a los mercados y la demanda de bienes se reduce en relación a la oferta, como consecuencia de esta paradoja, el gasto público puede cerrar la brecha entre demanda y oferta de bienes y alcanzar el pleno empleo. Por último, Samuelson defiende una concepción según la cual el dinero está mejor en manos del Gobierno, cuando se refiere al pleno empleo, reflejándose en la hipótesis del presupuestos equilibrado. Ello conlleva, que un presupuesto equilibrado, es decir, aquél en que los gastos son iguales a los ingresos, sea expansivo, y que se aproxima a una economía al pleno empleo.
Los efectos de las ideas keynesianas sobre la política del Estado del bienestar fueron enormes. El gasto público entre 1960 y 1980 creció en diferentes países: Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta 1960, la recaudación fiscal de esos mismos países apenas rebasaban el 30% del PIB pero la necesidad de financiar este aumento del gasto público hizo que subiera. Al mismo tiempo, nació la llamada economía mixta: los Gobiernos utilizaban el gasto público como forma de estimular la actividad económica pero, también de satisfacer a una población que exigía políticas de bienestar. El Estado del bienestar alcanzó su madurez en la década de los 60. La cobertura de la protección social se hizo universal en la mayoría de países y se delimitó los ámbitos de actuación del Gobierno así como la sanidad gratuita y la ayuda a la compra de vivienda. Este crecimiento del Estado del bienestar obligó a aumentar el gasto público muy por encima de la recaudación de impuestos, lo que generó déficit público creciente, y, con ello, la necesidad del endeudamiento de los Estados para hacer frente a este gasto. Los problemas aparecerán, a principios de los 70, por el encarecimiento súbito del petróleo como la materia prima. El resultado será el abandono progresivo de las políticas orientadas a la demanda, es decir, políticas de corte keynesiano, por políticas orientadas a la oferta.