El lobby de las empresas de medicina privada está trabajando a fondo sobre el gobierno para lograr dos objetivos: por un lado, un aumento de tarifas inmediato que, según los diarios, oscilaría entre el 7 y el 9% en agosto, más otro aumento sobre fin de año y, eventualmente, un tercero más adelante; por el otro, lograr que la redacción de la reglamentación de la ley reguladora que incluya sus intereses vitales.
Tratándose de un oligopolio que ha evitado por años que se lo regule, no sorprende. El problema es que el gobierno mantiene casi en secreto esa presión patronal. En lugar de denunciarla, la oculta. Todas las notas de los diarios de la última semana mencionan fuentes oficiales o privadas anónimas y plantean buena parte de su información en tono potencial, demostrando que es poco lo que se sabe sobre lo que realmente sucede en los escritorios de los funcionarios de los ministerios de Salud y Economía.
El carácter opaco de estas tratativas, que beneficia a las prepagas, lo impone el gobierno al no llamar a participar del debate a las otras partes involucradas, como los trabajadores de la salud y los clientes de las prepagas.
Así, el gobierno pone en práctica una idea totalmente privada de la salud, en la que los asuntos importantes -como el valor de la cuota mensual o los cambios en los beneficios de los afiliados- se discuten a puertas cerradas entre funcionarios y patrones, porque serían asuntos esencialmente empresarios en los que debería primar la preservación de la ganancia -último sentido de una organización con fines de lucro, como una prepaga. Pero la defensa del secreto comercial y empresario de las prepagas atenta contra el derecho a la salud y al trabajo. Si ese secreto se develara, quedaría en evidencia que la ganancia es parasitaria y abulta los precios, deteriora los servicios que prestan las prepagas y precariza el trabajo.
La ley recientemente votada incluye la posibilidad de que personas con enfermedades puedan afiliarse pagando una cuota mayor. Los detalles quedaron para la reglamentación, en cuya redacción las prepagas están procurando incluir un texto que neutralice los alcances de ese artículo, estableciendo una cuota inaccesible para las personas de bajos ingresos y, al mismo tiempo, obligando a la persona enferma a asociarse por un tiempo extra, de forma tal que la prepaga recupere el gasto que demanda su atención.
El poder no está en el Congreso sino en los despachos de los dueños de las prepagas.
Paul Castañeda