Las prospecciones bajo la lupa de Bruselas

Es demasiado pronto para presumir que Bruselas será la que termine paralizando los sondeos petrolíferos de Repsol en Canarias por el incumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria. Sin embargo, el hecho de que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea haya confirmado hoy que ha pedido más información al Gobierno español sobre este asunto puede ser un paso decisivo en esa dirección. Las autoridades comunitarias han terminado atendiendo las reiteradas quejas de las instituciones canarias, las organizaciones ecologistas y varias fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo sobre la vulneración de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos para que Repsol pudiera empezar a buscar petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. 
Las quejas se refieren principalmente al retraso que sufrió la aprobación del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de esas aguas, un expediente convenientemente retrasado por el hoy comisario Arias Cañete y resuelto por su sucesora en el Ministerio de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuando la multinacional petrolera ya contaba con todas las bendiciones de Industria para buscar petróleo. Las denuncias también señalan que el Gobierno recortó el área afectada por el LIC para que no se solapara con la de las catas petroleras.  Por lo demás, el anuncio hecho hoy por la Dirección General de Medio es un severo varapalo al Gobierno, al PP y a la propia compañía, empeñados en defender la impoluta legalidad del expediente y el escrupuloso respeto a la normativa medioambiental europea. En más de una ocasión los populares han presumido de que Bruselas había cerrado definitivamente cualquier investigación sobre la tramitación de un expediente tildado por las instituciones canarias de poco transparente y por las organizaciones ecologistas y numerosos científicos de incompleto e insuficiente. Al margen de lo que se decida finalmente y a falta de saber qué información trasladará el Gobierno español a Bruselas, después del anuncio de hoy es evidente que en absoluto han dado carpetazo las autoridades comunitarias a  esta cuestión. 
Esta petición de datos al Gobierno español sobre las prospecciones autorizadas a Repsol llega justo a dos días del 23N, la fecha que habían elegido el Gobierno de Canarias para que los ciudadanos pudieran expresar libremente su opinión sobre la conveniencia de buscar y en su caso extraer petróleo en unas aguas de extraordinaria riqueza natural y a escasos kilómetros de playas por las que pasan cada año millones de turistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy y en particular su ministro de Industria, cerrados en banda a cualquier alternativa que no pase por facilitarle las cosas a Repsol y poner incluso la Armada a la entera disposición de intereses privados, cercenaron de cuajo la posibilidad de conocer esa opinión cuando elevaron el asunto al Constitucional y éste paralizó cautelarmente la consulta. 
Las autoridades canarias acataron sin demora la decisión del alto tribunal y automáticamente suspendieron la consulta, al contrario de lo que ocurrió en Cataluña con el 9N, convertido en “proceso participativo” después de una decisión similar del Constitucional. Sin embargo, la doble vara de medir del Gobierno central en uno y en otro caso queda en evidencia cuando para aplacar la situación en Cataluña el presidente anuncia una visita para “explicarse mejor” y en Canarias manda a la Armada para arrollar a los ecologistas contrarios a los sondeos. 
La vicepresidenta catalana, Joanna Ortega, decía esta semana tras conocer la decisión de la Fiscalía de querellarse contra la Generalitat por el 9N que esa denuncia “aleja un poco más a Cataluña de España". Canarias ya está geográficamente muy alejada del resto de España por una distancia de más de 2.000 kilómetros, una distancia mucho mayor si consideramos que la brecha política entre las Islas y Madrid no ha parado de crecer desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa hacer ahora tres años. 
El desprecio y la tozudez empleados para imponer a toda costa un proyecto petrolero privado mientras lo rechaza en Baleares con los mismos argumentos que no considera válidos en Canarias, la tramitación de un oscuro expediente medioambiental que ahora es objeto de investigación por parte de Bruselas y la escasa sensibilidad democrática para escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre un asunto trascendental, han ido cavando un foso tan profundo entre las Islas y el Gobierno del Estado que, como en Cataluña, también puede terminar siendo infranqueable.