La Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad entra en vigor el próximo 26 de agosto y supone una acción contrarreloj para adaptarse a las nuevas exigencias legales, que indirectamente van a afectar seriamente a las pymes que operen con las empresas directamente afectadas o con sus grupos empresariales.
La Directiva reconoce las limitaciones de las pymes y las transposiciones nacionales podrán ofrecer una aplicación más flexible de los requisitos, proporcionando orientaciones y apoyo técnico específico para ellas. No obstante, las pymes se verán obligadas a implementar políticas de sostenibilidad, auditorías y reportes adicionales.
Ayudas a la financiación
Además, la UE y los gobiernos nacionales podrán ofrecer programas de apoyo y financiación para ayudar a las pymes a cumplir con los nuevos requisitos, lo que podría mitigar algunos de los costes iniciales. Las políticas de apoyo y financiación por parte de la UE y los estados miembros serán cruciales para facilitar esta transición.
La clave, desconocida para la gran mayoría de las pymes, es la inclusión en la Directiva del concepto cadena de actividades, que tiene carácter integral, ya que abarca todos los eslabones y procesos de la cadena de valor de la empresa, y la Directiva exige la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad en cada uno de estos eslabones.
La norma señala actividades como la distribución, el transporte y el almacenamiento del producto. Las empresas deben establecer políticas y procesos que abarcan toda la cadena de actividades para garantizar que se respetan los derechos humanos y se minimizan los impactos medioambientales. Esto no solo incluye la verificación de prácticas dentro de la propia empresa, sino también una supervisión rigurosa de toda su red de relaciones comerciales.
Se busca mitigar el impacto medioambiental de los productos en su ciclo de vida, Las exigencias a través de la cadena de actividades se extienden a los proveedores directos, a las empresas o entidades que suministran bienes o servicios directamente a la empresa principal y, también a los proveedores indirectos, los proveedores de los proveedores directos o empresas más alejadas en la cadena de suministro que, aunque no interactúan directamente con la empresa principal, contribuyen con insumos o servicios críticos.
Aunque la normativa se aplicará de forma escalonada para las grandes empresas a partir de 2026, ya es precisa la adaptación a estas nuevas exigencias. Adaptarse a estos nuevos requisitos puede suponer un desafío para las pymes en términos de costes y recursos.
Las pymes pueden necesitar invertir en nuevas tecnologías, formación y consultoría para cumplir con las exigencias de sostenibilidad y diligencia debida.Cumplir con los estándares de sostenibilidad puede abrir nuevas oportunidades de negocio para las pymes, ya que serán más atractivas para las grandes empresas que buscan cumplir con la Directiva. La adopción de prácticas sostenibles puede mejorar la reputación y la competitividad de las pymes en el mercado, atrayendo a clientes que valoran la sostenibilidad.
La Directiva se aplica directamente a empresas con más de 500 empleados y un volumen de negocios neto mundial de más de 150 millones de euros. También incluye a empresas de ciertos sectores de alto riesgo con más de 250 empleados y un volumen de negocios de más de 40 millones de euros. Las pymes quedan fuera de esta obligatoriedad directa.
Fuente: Xavier Gil Pecharromán - eleconomista.es/legal/noticias