En toda actividad profesional, cualquier persona incurre en una responsabilidad derivada de la buena o mala gestión de su trabajo y de sus actos. Esto lo vemos en toda profesión, sea manual o intelectual, desde la mas sencilla del trabajador manual que, en su cometido mas o menos trascendente, responde de su buen hacer, siendo sancionado en el caso de incumplimiento o de no realizar su trabajo con total efectividad, incluso con el despido, hasta el profesional mas capacitado, sea medico, abogado, ingeniero, economista o arquitecto, quien indudablemente se responsabiliza de todos sus actos profesionales, siendo igualmente sancionado con el cese en su actividad de la que desde el mismo momento en que inicio su ejercicio, asumió el total compromiso de su buen hacer.
En cambio esta situación de responsabilidad que, de hecho y también de derecho, existe por la mala gestión o por incumplimiento de su cometido, en cualquier actividad, no se da en la actividad política. Aquí, toda persona que accede a la vida política y publica, realiza su actividad sin responsabilidad ni compromiso alguno. Nadie mide, en primer lugar, su posible valía para el puesto que va a desempeñar, y al que ha accedido sin pasar por ninguna prueba de capacidad, como en cambio ocurre con cualquier otra persona que, en la organización laboral o administrativa en vigor, se ve obligado a pasar por unas pruebas de acceso, mas o menos difíciles que acrediten un pleno conocimiento de su profesión o trabajo, pruebas que van desde las que pueden requerirse al sencillo trabajador manual hasta las mas complejas de unas oposiciones al cuerpo diplomático, a cátedras, judicatura o a notarias, solo por citar unos ejemplos. En cambio la persona que accede a la vida política, no realiza ni supera ninguna prueba de capacitación; solo tiene que contar con el amigo de turno, encumbrado en la vida política y para el que ha sido nombrado por vía digital, a la que también el ha accedido por la misma vía, por un montón de votos de sus conciudadanos, que le han permitido llegar a altos puestos en la gestión publica.
Nadie, en ningún momento, entra en averiguar si este político, reúne o no las condiciones mínimas imprescindibles para el desempeño del puesto para el que ha sido nombrado. Y además, muchas veces, cuando sus datos biográficos no son muy brillantes en cuanto a su formación y preparación, se ocultan, esconden o alteran y no se dan a conocer. Después, ya una vez en el cargo, para el que, muchas veces, no tienen preparación especial o técnica, ni a veces la más elemental, no asume ninguna responsabilidad respecto al buen o mal resultado de su gestión. Con el agravante que si esta gestión es mala, va en deterioro de una nación y de una colectividad, pues los verdaderos paganos de ese político mediocre, irresponsable, ineficaz e incompetente, somos todos los ciudadanos que, bien con nuestro voto o nuestra abstención hemos conseguido situarlo en el puesto de que se trate.
Ante los altos niveles de total irresponsabilidad política a que hemos llegado, creemos que ya es hora, de que todos estos señores que nos gobiernan, bien a nivel central, autonómico o municipal, e incluso los dirigentes de sindicatos, partidos y asociaciones partidistas, respondan de alguna manera de su gestión y de sus actos.
Propugnamos por ello la promulgación de una Ley de Responsabilidades políticas, figura legal que lamentablemente no existe en nuestro compendio legislativo. Solo recuerdo que a raíz de la terminación de nuestra guerra civil de 1936, existió una ley así denominada, pero enfocada exclusivamente a sancionar los crímenes y demás actos delictivos realizados durante la guerra, y unos Juzgados militares especiales de depuración de profesionales y funcionarios civiles que castigaban a los de ideología contraria, con diversas sanciones, perdidas, de bienes, inhabilitaciones para cargos públicos, perdidas de puestos en el escalafón en el caso de los funcionarios, etc, etc, y todo ello no por actuaciones irresponsables en la gestión y administración publica, sino solo por su adscripción política contraria.
Naturalmente que lo que ahora propugnamos no es eso, pues creemos que todo el mundo puede libremente pensar como quiera y con total libertad. Lo que defendemos es una ley de responsabilidades políticas, que controle y sancione en su caso, los resultados de la gestión real y efectiva de nuestros políticos de cualquier partido o tendencia.
Tendría que ser un grupo de expertos el que, simplemente con sentido común, redactara los muy diferentes supuestos en que un político, pueda incurrir por su gestión negativa y defectuosa, aun siendo de buena fe, en responsabilidad por su gestión. Tendrían que considerarse como sancionables, la gestión alocada y defectuosa de los caudales públicos, las falsas promesas incumplidas, los enriquecimientos anormales, el engaño al ciudadano, los tratos de favor, la malversación de fondos, el despilfarro, etc, etc.
Y las sanciones a aplicar, sin perjuicio de las de carácter administrativo, de inhabilitaciones para cargos, tendrían también que entrar en lo penal, con penas de cárcel en casos a considerar, como actualmente se esta debatiendo en Islandia, en justicia ordinaria al propio Presidente de su gobierno, y como en la Corte holandesa internacional, se esta hoy debatiendo la participación criminal e irresponsable de un anterior dirigente de Serbia.
Entendemos que si existiera esta ley, los políticos futuros tendrían mas cuidado, tanto en acceder irresponsablemente a la vida política, como en la medida de su actuación una vez nombrados para el cargo. Confiamos que algún día, alguien se atreva a presentar y llevar al Parlamento un razonado y efectivo proyecto de ley de responsabilidades políticas, que permita enjuiciar, sometiendo a juicio publico, a cualquiera de los muchos políticos, por su actuación negativa y perjudicial para la comunidad, políticos cuando menos incapaces, si no mal intencionados, y en todo caso, unos y otros comiendo abusivamente de lo que todos aportamos con el pago de impuestos y nuestro sacrificio económico a la sociedad.
Tenemos que recordar que nunca se había llegado a la desproporción enorme que hoy existe de funcionarios, muchos nombrados a dedo, por la proliferación de cargos, asesorias, técnicos y burócratas, tanto a nivel estatal como en el absurdo estado de las autonomías y a nivel local de los Ayuntamientos, y laboral de los sindicatos, ni tampoco existía a nivel municipal, ninguna retribución económica a alcaldes y concejales, salvo en municipios superiores a cien mil habitantes. Entonces al menos, aunque no teníamos una ley de responsabilidades políticas en esta parcela de la buena gestión y honorabilidad de nuestros gobernantes, al menos nos salían más baratos, y no existía el peligro de quiebra total a que esta llegando España, por la manifiesta incapacidad de la clase política que hoy nos gobierna.
Enrique Espejo Gómez
Economista