Las respuestas del “saco”

Fue clamoroso el silencio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a las preguntas directas que le formularon los representantes de la derecha en el debate de candidatos a las elecciones generales celebrado el lunes pasado. Su actitud de ignorar las preguntas y no dar respuesta a las cuestiones planteadas fue negativa y contraproducente, no sólo por parecer que despreciaba a sus interlocutores, sino además por transmitir una imagen de incomodidad y acorralamiento de la que no sabía cómo librarse. Su actitud de no mirar al adversario y mantener la cabeza baja, entretenido en lo que supuestamente garabateaba en un folio sobre el atril para ignorar las preguntas, seguramente respondía a una estrategia de sus asesores de comunicación. No quería entrar a saco en las provocaciones. Y se equivocó.
Por supuesto que eran preguntas “tendenciosas” que perseguían descalificarlo, cualquiera que fuera la respuesta que diera. Pero, al hacer caso omiso, su efecto resultó perjudicial para la credibilidad de su mensaje y la fortaleza de sus convicciones. Porque los simpatizantes y votantes socialistas, y telespectadores en general. aguardaban argumentos convincentes con los que enfrentar los reproches y acusaciones que le hacían los representantes de la derecha de España, pues para eso se iba a un debate. Ya que para hablar sólo de lo que se domina y conviene se acude a un mitin, donde la papeleta se resuelve fácilmente con eslóganes, que fue lo que hizo el representante de la ultraderecha: lanzar su mensaje, trufado de mentiras y falsedades, sin que nadie le rebatiera ni diera réplica.
A mi juicio, estas fueron las preguntas “trampas” a las que el presidente en funciones no quiso entrar a saco de responder.
¿Cuántas naciones hay en España? Hay tantas como las que consagra la Constitución. Las nacionalidades, un concepto derivado de nación, son realidades diferenciadas en nuestro país que determinaron una configuración territorial más federal que centralista para integrarlas en un todo, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, como se constituye España. Nación es un término ambiguo que apela a sentimientos más que a otra cosa y que, en un sentido romántico, atribuye rasgos culturales e históricos comunes e inalterables entre los que comparten un territorio determinado, Si la Constitución reconoce a España como nación y a determinadas regiones como nacionalidades, es que nuestro país es plural, rico y diverso en sentimientos nacionales. Nuestro Estado de las Autonomías responde a esa realidad y obedece al resultado democrático de una decisión soberana del pueblo español. Por eso, toda modificación del marco constitucional exige el mismo refrendo de la soberanía popular. La convivencia pacífica, cuando afloran tensiones, es un problema político que hay que abordar con diálogo y lealtad, en el marco siempre de la ley. Ello no impide que el que infrinja la ley, asuma las consecuencias, ante la cual todos somos iguales y nadie disfruta de privilegios.
¿Aceptaría los votos de los independentistas? Considerar menos “dignos” los votos de partidos nacionalistas con ideología independentista es hacer un flaco favor al sistema democrático y una impugnación absoluta al esfuerzo por encauzar por vías pacíficas y democráticas conflictos y demandas sociales que en algún momento se expresaron de forma violenta. Del mismo modo, considerar ilegítimos aquellos eventuales apoyos que se puedan recibir de formaciones cuyos objetivos son opuestos a los de uno sería dañino e hipócrita para el funcionamiento del sistema democrático. Entre otros motivos, porque la democracia es el triunfo de la razón frente a los totalitarismos y el terrorismo. La democracia se asienta en el reconocimiento y garantía de las libertades, los derechos y la confrontación civilizada y pacífica de las diferencias ideológicas existentes en el seno de la sociedad. Se construye a partir de la soberanía popular y mediante la elección ciudadana de los gobernantes, quienes son controlados, confirmados o removidos periódicamente a través del voto. Esa delegación de voluntades en la representación política es la antítesis del totalitarismo. Y en un parlamento democrático todos los votos son iguales y legítimos, porque garantizan la misma capacidad para conformar decisiones políticas colectivas. No reconocerlo así sería deslegitimar, también, los apoyos de Vox, el partido ultraderechista, anticonstitucional, xenófobo y antieuropeísta, que ha posibilitado los gobiernos conservadores pactados tras las últimas elecciones municipales y autonómicas. Porque tan inconstitucional es pretender la independencia de una parte del territorio como la recentralización del Estado de las Autonomías. Sin embargo, ambas ideas se pueden defender cívica, pacífica y democráticamente en la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento de la Nación.
Distinto es que con esos apoyos se pretenda coaccionar la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y la obligación de las formaciones que, por su mayor representación parlamentaria, tienen de aglutinar los votos necesarios para conformar gobierno. Cualquier pacto parlamentario es legítimo siempre y cuando sus condiciones y finalidad se ajusten a la ley, respeten la legalidad, sean transparentes y sin cláusulas ocultas, y respondan al interés general de los ciudadanos. El único motivo para rechazar esos apoyos sería condicionarlos al quebrantamiento del Estado de Derecho, violar la Constitución, actuar en desacuerdo con la legalidad e impedir el progreso de una sociedad más justa, próspera, igualitaria en derechos y libertades, y construida con los valores democráticos que la caracterizan. Votos para progresar, no para retroceder. Y votos para unir, no para separar. Esa es la diferencia.
El populismo de Vox. Aparte de esas preguntas sin respuestas, resultó sorprendente que ninguno de los intervinientes en el debate contestara las soflamas incendiarias del representante de la ultraderecha, que se despachó a gusto. Más que debatir, el líder de Vox esparció su ideario, basado en exageraciones alarmistas cuando no en meras mentiras y falsedades, sin ser rebatido o corregido. Porque es mentira que el feminismo y la ley de protección contra la violencia de género criminalicen al hombre. Ni que la mayoría de los delitos de violación y agresiones sexuales que sufre la mujer, como en el “caso de la manada”, sean cometidos por inmigrantes, como aseguró. Tampoco que los centros de menores inmigrantes no acogidos (menas) sean fuente de conflictos en los barrios donde están ubicados. Es hacer populismo cuando se criminaliza la inmigración y se incuba la xenofobia en un país tolerante como el nuestro, porque España no soporta ninguna presión migratoria desorbitada, ni existe ningún problema de seguridad ciudadana por culpa de los colectivos de extranjeros que, legal o ilegalmente, se han instalado en nuestro territorio. Todas estas afirmaciones son fakes new.
De igual manera, mintió acerca de las duplicidades y el gasto que, según él, suponen las autonomías, movido por su afán en denostar un diseño territorial que ha venido a dar respuesta a un problema de sensibilidades nacionales plurales. La descentralización ha acercado el Estado, al transferir competencias, a los ciudadanos de cada autonomía, sin renunciar ni a las materias que le son propias, ni a la coordinación general, ni a la solidaridad compensatoria interterritorial. Es una falacia afirmar que las autonomías suponen un coste inasumible puesto que los gobiernos regionales administran unas prestaciones que, de otro modo, tendría que ofrecer el Estado, sin estar sobre el terreno. Tampoco que el número de funcionarios y la estructura política que conlleva una autonomía representen, sin faltar a la verdad, una "elefantiasis" burocrática. De hecho, el peso del sector público en España es inferior a la media de los países de la OCDE.
Pero lo más grave fue renunciar a desmentir las aseveraciones acerca de que, en contra de lo sentenciado por el Tribunal Supremo, en Cataluña se está produciendo un golpe de Estado permanente, por lo que debería ilegalizarse los partidos golpistas, encarcelar al presidente de la Comunidad y suspender la Autonomía, aplicando contundentemente el Artículo 155 de la Constitución. Además de criminalizar al independentismo, se falsearon los procedimientos constitucionales que permiten dejar en suspenso un Gobierno autónomo. Todo ese ideario ultraderechista de Vox, expuesto en el debate sin ser discutido, es contrario a los valores constitucionales y a la más mínima decencia política e intelectual. Pero nadie se lo recriminó ni quiso entrar a saco.
Y ese saco precisa de respuestas. No serán exactamente como las aquí apuntadas, pero, al menos, podrían ser del mismo tenor argumental que contribuyan a contrarrestar las insidias, tergiversaciones y falsedades que devaluaron el pasado debate y lo convirtieron en cinco mítines simultáneos, sin posibilidad de preguntas ni de respuestas.