El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reafirmó la semana pasada su postura para salir al paso de las peticiones de dimisión emitidas por todas las asociaciones de jueces y fiscales de España. Éstas interpretaron como una injerencia política sus críticas al juez que emitió un voto particular pidiendo la absolución de 'La Manada'. Catalá respondió a las duras críticas de las asociaciones de jueces y fiscales, advirtiendo que su obligación es “alertar” de las anomalías en el funcionamiento de la Justicia y que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que debería estar cumpliendo con su deber. “Yo cumplo con mi obligación -manifestó Catalá a ‘El País’, el pasado 30 de abril- y estoy en la reforma del Código Penal; el Consejo General del Poder Judicial tendría que estar en garantizar la capacidad y capacitación de los jueces”. Explicó que se limita a trasladar la preocupación de los propios compañeros de González que llegaron a sus oídos y reivindicó su libertad de expresión a la par que la independencia de la Justicia. “Por qué -se pregunta el ministro que se niega a ser ‘ciego, sordo y mudo’ ante un caso tan delicado- los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?”.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, respaldaba el pasado lunes al ministro Rafael Catalá en sus afirmaciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el juez Ricardo Javier González, discrepante en la sentencia del caso de La Manada. “No podemos estar más que de acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene, quizás sea por la prudencia necesaria”, dijo Ábalos, quien recordó que su partido había pedido la reprobación del ministro. “Parece evidente que el ministro está hablando de lo que sabe, de lo que tiene certeza”, insistió Ábalos, para quien el CGPJ debería haber hecho un seguimiento “muy especial” de esta causa, dada la “inquietud” y “alarma social” que ha generado. Recalcó que el voto particular del juez González “denigra y degrada” a la víctima de La Manada e “incomoda” al resto de magistrados. En su opinión, su valoración “no responde a esta época” y “desprende un prejuicio” en materia de violencia de género que “es alarmante”. Ábalos cuestionó que se tratase de un problema de legislación ya que, con el actual Código Penal y en función de los hechos declarados como ciertos, “perfectamente se podría haberse sentenciado como un caso de violación”.
Sin embargo, Pedro Sánchez corrigió, al día siguiente, a su portavoz, que secundó a Catalá frente al CGPJ. El secretario general del PSOE pidió al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que respetase la división de poderes y que aclarase si tiene alguna acusación que hacer sobre el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de 'La Manada'. El líder socialista marcó distancias con el ministro y corrigió a Robles y a Ábalos, que habían apoyado al titular de Justicia. De esta manera, Pedro Sánchez recondujo la posición de la dirección del PSOE para distanciarse de Rafael Catalá Según el secretario general del PSOE, quien tuvo que hacer equilibrios para zarandear a Catalá, al ministro de Justicia le había faltado “prudencia”. “Si acusa -dijo-, que aclare, y si no, mejor estar callado. Que no sea ‘torpe’. Y si no puede o no quiere, que ‘asuma responsabilidades’”. Fue una forma de señalarle la puerta de salida. Y Margarita Robles y José Luis Ábalos tuvieron que rectificar. La enmienda a ese apoyo estaba bastante clara en las declaraciones de Sánchez, cuando fue preguntado en la manifestación por el Primero de Mayo en Madrid. La desautorización a Robles era más que evidente. Sánchez apuntó que el PSOE, como “partido de gobierno” que es, no puede ni quiere entrar en “disquisiciones” sobre la “actuación personal” de un magistrado, y, por tanto, “tendrá que ser el CGPJ quien lo haga”. Así que reiteró su petición de “prudencia” y “sentido común” hacia Catalá, porque sus declaraciones “no ayudan a centrar el debate” en donde debe estar, que es en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que “no recoge ni el espíritu ni los valores de una sociedad que cambió el 8 de marzo”.
Podemos se alineó con las asociaciones de jueces y fiscales para pedir directamente “la dimisión del ministro por atentar contra la independencia de la Justicia”. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pidió el lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que se ha “inmiscuido en el poder judicial” con sus críticas al juez que dictó un voto particular en el caso de 'La Manada', el de Ricardo González. Belarra recordó que Catalá ya está reprobado por el Congreso y tenía que haber dimitido hace “muchísimo tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era proteger la corrupción”. Además, la dirigente de Podemos reprochó al ministro de Justicia que “no entiende nada de lo que está pasando en este país. Miles de mujeres gritaron la semana pasada que queríamos Justicia, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a donde es su competencia, el Ministerio y la cámara legislativa, lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le tiene que llevar a dimitir inmediatamente”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insiste en que, ante el debate producido tras la sentencia de La Manada, no debe ser “ciego, sordo y mudo”, y en que su obligación es “alertar” de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el Poder Judicial actúe. Catalá se pronuncia así en declaraciones a El País después de que las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieran el pasado martes en bloque su dimisión por haber insinuado que el magistrado que emitió el voto particular, Ricardo Javier González, “tiene algún problema singular” que “todos” saben y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “debería haber actuado preventivamente” contra él. “Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros”, recalca Catalá. “¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo”, señala el ministro y añade: “¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho”. Catalá aboga por la independencia judicial y defiende el buen hacer de la inmensa mayoría de los jueces: “El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”. Además, recuerda que, entre las multitudinarias manifestaciones que se produjeron por toda España, tras conocerse la sentencia que condena a cada uno de los cinco miembros de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual y no por violación, la de Madrid se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia “y no del Consejo”. En la tarde del martes, el Poder Judicial apeló a la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia, así como el cuestionamiento de los jueces.
Por su parte, la asociación Jueces/zas para la Democracia sostiene que el ministro de Justicia “parece desconocer la separación de poderes”. Y su portavoz, Ignacio González Vega, exige “rigor” a los dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la sentencia del llamado caso de 'La Manada' y lamenta que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “parece desconocer la separación de poderes”, razón por la que la asociación ha pedido su dimisión. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, insiste en referencia a las críticas que ha recibido la resolución de la Audiencia de Navarra, en que es “comprensible” que una resolución judicial “sea sometida a la crítica ciudadana”. No obstante, señala que, en el caso de la clase política, hay que exigir “rigor” en sus valoraciones. Y reivindica que “no se puede hacer demagogia”. Explicado que Jueces por la Democracia ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque “parece desconocer el principio la separación de poderes y el respeto que tiene que haber hacia el poder judicial y a su órgano de gobierno”, el Consejo General del Poder Judicial dice que “el Consejo debería, incluso, llegar a sancionar al juez que emite el voto particular”. El portavoz de Jueces por la Democracia rechaza “el populismo punitivo y la legislación a golpe de titular”. Porque, “a veces, quieren darnos la sensación de que todo se resuelve con una reforma del Código Penal”, como si fuera “una varita mágica que todo lo resuelve, y “no es así”. En todo caso, afirma que “puede que sí” sea necesaria una reforma del Código Penal, pero “no necesariamente”. Y señala que, con el relato de hechos probados que se recoge en la sentencia, se habría podido condenar por agresión sexual”. González recuerda que “existe un sistema de recursos y habrá dos tribunales”, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, que podrán “reexaminar” la causa. Y considera que “en esos hechos probados, quedan muchas interrogantes de por qué no se ha dictado una condena por agresión sexual”, pero, aun así, cree que la fundamentación que ha dado el ponente en su resolución “no es descabellada”. En relación al voto particular que pide la absolución de los acusados, considera que recoge “afirmaciones cuando menos polémicas y criticables”.
Las Asociaciones de Jueces y Fiscales rechazan unitariamente al ministro Catalá y exigen su dimisión. Rechazo unitario y exigencias de dimisión por parte de la Asociación profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Las siete asociaciones judiciales y fiscales que la componen pidieron el pasado lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de sus críticas sobre el juez que emitió un voto particular en la sentencia de la Manada. Las siete entidades acusan al gobierno de Rajoy de realizar una “intromisión” en asuntos que “corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial”. Es más, exponen que los comentarios sobre la capacitación de un magistrado son una “temeridad” por quien ejerce como ministro de Justicia. El comunicado vio la luz, horas después de las polémicas declaraciones del ministro, que llegó a asegurar que le “sorprende” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya actuado “preventivamente” respecto del magistrado. Las asociaciones que han firmado la petición de dimisión son siete, cuatro de juristas y tres de fiscales. Ambos ponen de relieve que el problema no es únicamente el comentario hacia el juez, sino el hecho de que “mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del gusto del ministro o de su gobierno”. Apuntan, precisamente, que “este es el verdadero peligro”, en referencia a lo que consideran una “utilización” de las resoluciones judiciales por parte del ejecutivo de Rajoy y llegan a señalar un intento de “confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su tarea como miembro de un Poder del Estado”. Los jueces y magistrados de Navarra también expresaron su discrepancia respecto el comentario de Catalá y piden su dimisión. Todo ello ante lo que consideran la actitud del ministro como “especialmente escandalosa” y recuerdan que el titular de Justicia ha sido “el único ministro reprobado en nuestra democracia”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pasó un viernes movido. Ya tuvo a las feministas hace unos días en la sede del ministerio, en San Bernardo, y el viernes le pararon otra vez la calle, pero esta vez eran jueces y fiscales que exigieron una “justicia eficiente y de calidad” y “libre de presiones políticas", pidiendo el cese del ministro Rafael Catalá al grito de "Catalá dimisión". Las declaraciones del ministro de Justicia sobre el juez que presentó el voto particular en la sentencia de 'La Manada', han logrado unir, de nuevo, a toda la carrera judicial para exigir su dimisión. Las protestas estaban convocadas de forma unitaria por todas las asociaciones de jueces y fiscales que elaboraron, hace meses, una propuesta con catorce medidas básicas para mejorar la Justicia. Fueron dirigidas al Consejo General del Poder Judicial, al Ministro de Justicia y al Congreso de los Diputados, donde explicaron el documento sobre la situación actual. Las catorce medidas incluyen reforzar la independencia judicial del Consejo; modernizar la Justicia y mejoras profesionales. En este último punto se incluye la convocatoria de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones para reclamar mejoras salariales que permitan recuperar los recortes que han sufrido los últimos siete años. Igualmente piden cargas de trabajo razonables, más medios, autonomía para los fiscales, y que la digitalización solucione problemas, no los cree. Quieren, según explicaron en un comunicado conjunto, “que la Justicia sea una prioridad, construida sobre un consenso que permita afrontar los cambios y las inversiones necesarios para prestar el servicio ágil, eficaz y de calidad al que los ciudadanos tienen derecho”. Exigen “la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las carrera judicial y fiscal”. Quieren que sean los jueces los que elijan a los miembros del Consejo sin interferencias de los partidos políticos. Un total de 955 fiscales y 1.965 jueces (2.920 en total) se adhirieron a la protesta del pasado día 5 de abril. La concentración respondía a la falta de avances en la negociación después de diez meses de presentadas sus reivindicaciones al Ministerio. Si no avanzan las negociaciones ya han convocado una jornada de huelga general para el próximo día 22 de mayo.
El artículo de Precedo termina así: “El Gobierno del PP, que se encuentra en sus horas más bajas con Ciudadanos, superándole en las principales encuestas, se apresuró a anunciar un cambio del Código Penal, sin extenderse en detalles. Catalá se mostró muy crítico con la sentencia, que provocó una oleada de indignación y manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas, desde el primer momento. Pero el lunes, durante una entrevista en la cadena Cope, dio a entender que el magistrado no está en plenas facultades para formar parte de un tribunal y dejó entrever que el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber tomado medidas. Sus palabras aludiendo al ‘problema singular’ que, según el ministro, mucha gente conoce, del magistrado que firmó el polémico voto particular no encontraron respaldo en la judicatura, pero tampoco en el Gobierno, ni siquiera en el Partido Popular. Solo la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, salió en su defensa, en un primer momento. El martes era desautorizada por su secretario general, Pedro Sánchez. Un día después de haber pronunciado esa acusación tan grave, lanzada por el propio ministro contra un magistrado, nadie ni en la carrera judicial ni fuera de ella ha sabido explicar a qué se refirió el ministro. En declaraciones a El País este martes, Catalá defendió su derecho de expresión y alegó que muchos de los manifestantes que protestaban contra la sentencia lo hicieron ante el edificio del ministerio. La sospecha está lanzada sobre el juez, que formalmente sigue en su puesto, y del que no se conocen expedientes del Poder Judicial más allá de unas sanciones por retrasarse al dictar sentencias hace ya algunos años. Mientras, jueces y fiscales de todas las sensibilidades políticas le acusan de haber cometido una intromisión intolerable y reivindican la separación de poderes, en medio de una grave crisis de credibilidad amplificada por el descontento que ha generado la sentencia en amplias capas de la sociedad. Es el último incendio que ha generado Catalá, el apafuegos elegido por Rajoy para apaciguar un ministerio clave y a sectores sociales que siempre han estado cerca del PP”.
La Comisión General de Codificación, el órgano colegiado que asesora al Ministerio de Justicia y el encargado de estudiar la reforma del delito de violación en el Código Penal, está integrada mayoritariamente por hombres. La comisión que revisará los delitos sexuales del Código Penal está formada por 20 hombres y ninguna mujer. Así lo asegura Marisu Moreno, en ElPlural.com del pasado viernes. “Todos sus miembros no natos, que incluyen al presidente, vicepresidente y presidentes de comisiones, son hombres. Entre los vocales no natos sí figuran algunas mujeres, pero en total apenas representan un 14%. El PSOE presenta una proposición no de ley para que el ministro de Justicia cumpla con la ley de Igualdad en los nombramientos de la Comisión General de Codificación”. Firma la propuesta Ángeles Álvarez, portavoz socialista en la comisión de Igualdad, quien argumenta que el Ministerio de Justicia incumple la llamada ley de Igualdad en la que se especifica en varios artículos que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. Consciente de la urgencia del momento, Álvarez reclama al ministro Rafael Catalá, dado que cuenta con un margen para nuevos nombramientos, que incorpore en la Comisión a mujeres expertas en derecho antidiscriminatorio y en violencia de género. Finalmente, la comisión que revisará los delitos sexuales contará con mujeres. La sección sobre Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, que analizará los delitos de agresión y abuso sexual, y que actualmente la integran 20 miembros, todos ellos hombres, incorporará temporalmente a mujeres juristas. El departamento que preside Catalá añade que dicha sección se reunirá el 10 de mayo y que se ha fijado un plazo para la realización de su estudio que finalizará el 15 de junio.
Fotomontajes de esta semana: Tremendig Antonio MaestreEn efecto. Hace unos años, cuando Aguado no estaba en Ciudadanos y podía ser sincero, cuestionaba derechos básicos de los trabajadores como la indemnización por despido improcedente. Lo hemos podido saber por un tuit que Aguado ya ha borrado pero que las redes sociales han rescatado.
Primero de mayo, Día del trabajador. Por Sara Vegas Martín..
Portadas sobre Catalá en la prensa nacional.
El Jueves: la banda criminal PP se niega a disolverse. “Tampoco entregaremos los sobres”, han declarado sus líderes.
El humor, en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Manel F., Pat, Vergara, J. R. Mora, La Boca del Lobo, Atxe, Ros…
Pep Roig, desde Mallorca: Avances hacia el pasado, Fin del horror, fin del error, Trastos, Contundencia anticorrupción, España, 46,6 millones de jueces, La gran y poderosa charca, Provocación…
Los vídeos de esta semana: Catalá: el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia incendia a jueces y fiscales.