Los rectores de las universidades públicas con sede en Sevilla –Universidad de Sevilla (US), Universidad Pablo de Olavide (UPO) y Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)– han participado este miércoles en la lectura de un comunicado consensuado a nivel nacional en el seno de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y que supone un “grito de ayuda” en el que se reclama la finalización de las medidas de ajuste que nacieron con carácter “excepcional” y que afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación.
Los efectos de estos recortes sobre las sedes académicas sevillanas se dejan notar en estos tres aspectos. Así, según han precisado en rueda de prensa los rectores de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, y de la UPO, Vicente Guzmán –que han comparecido junto a su homólogo en la UNIA, Eugenio Domínguez Vilches–, en tres años ha desaparecido casi el 40 por ciento de los fondos de I+D –en el caso de la Olavide, con 2,5 millones y unos 40 becarios menos–, mientras que entre ambas instituciones cuentan con unos 400 profesores –más de 300 en el caso de la US, 93 en el de la UPO– acreditados pero sin posibilidad de promoción por los ajustes y la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central.
Este último aspecto, además, ha propiciado la impugnación por parte de la administración estatal de 19 plazas en la UPO –16 de profesores titulares y tres de catedráticos– y 13 en la US –ocho catedráticos y cinco titulares–, en lo que supone una “paralización de la promoción interna”, a pesar de que desde las universidades se insiste en que este proceso se realiza a coste cero.
Por otro lado, en lo tocante a las becas, en la Pablo de Olavide hay más beneficiarios de ayudas de Grado, con un 66,66 por ciento de concesiones frente al 62 por ciento del curso previo, si bien la cuantía es menor y, sobre todo, las becas de Máster sí que han experimentado un retroceso en las resoluciones positivas, del 66 al 52 por ciento. En el caso de la Hispalense, con un número de concesiones más o menos similar al año pasado, de los 20 alumnos becarios con mejores notas 14 han recibido menos dinero que el año anterior y tres ni siquiera han recibido contestación aún.
De otra parte, Ramírez de Arellano, que ha lamentado los “cero” avances en las negociaciones emprendidas durante el periodo de aplicación de las medidas, ha puesto de manifiesto la nula posibilidad de convocar plazas de ayudante doctor, lo que restringe el acceso de jóvenes al sistema docente y “pone en riesgo” el futuro de la universidad, así como la bajada de la financiación de las universidades andaluzas en torno a un 15 por ciento.
DEVOLVER UNA AUTONOMÍA “SECUESTRADA”
El rector de la US, de hecho, ha recordado que el manifiesto es una llamada de atención a los gobiernos central y autonómico, puesto que la Junta es la responsable de la financiación de las universidades y de la autorización de convocatorias de empleo, por lo que debe ser “valiente” y “asumir responsabilidades”, máxime cuando los ajustes sobrevienen en un momento “estructural” en el que las sedes universitarias se están adaptando al Espacio Europeo de Educación Superior.
Guzmán, por otra parte, ha desvinculado la lectura nacional del comunicado de cualquier sesgo político por la proximidad de las elecciones europeas, aludiendo en su lugar a una situación “crucial” en la que, después de tres años de iniciativas que conducen a una “descapitalización” que se ha llevado a cotas “casi insuperables”, se necesita ahora que los poderes “confíen en las universidades públicas”, a las que debe devolverse una autonomía que ha sido “secuestrada”.
Los rectores han coincidido en mostrar su “decepción” ante la tesitura de aplicación de unas medidas con razones “ya obsoletas”. A este respecto, el rector de la UNIA, Eugenio Domínguez Vilches, ha señalado que pese a las peculiaridades de la sede que dirige sufren de “una misma problemática”, al participar de recursos humanos y contar con una alianza estratégica para la impartición de másters.
“Tengo 44 años de servicio en la universidad española, con todos los sexenios que se pueden tener, y mi sueldo se ha visto reducido en casi un 30 por ciento: si lo extrapolo a la gente de mi alrededor, que puede estar más en precario, se pone de manifiesto la enorme decepción de estas actuaciones”, ha expuesto, añadiendo que “nunca” ha visto una “agresión” a las políticas de formación e investigación como la actual.
EL MANIFIESTO
En el manifiesto se hace hincapié en aspectos tales como que los decretos sobre becas “han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan”. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años.
En investigación, “el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación”, según los rectores, que tildan de “especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico”, las medidas que afectan a los jóvenes.
De esta manera, aluden a la necesidad de que los precios públicos de matrícula en las universidades sean “accesibles y razonables en todos los niveles formativos”, recuperándose el sentido de las becas y ayudas como “garantes de la equidad” y la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades.