Recientemente, el presidente norteamericano Barack Obama anunció lo que su administración llama una «nueva estrategia» para Sudán, encaminada a acabar de resolver el conflicto en Darfur, región occidental de ese estado africano rico en petróleo. Desde 2003 grupos rebeldes de esa zona sudanesa enfrentan al gobierno de Jartum, al que tildan de corrupto y de no hacerlos partícipes de la distribución y disfrute de las grandes riquezas, principalmente petroleras, que tiene ese territorio.
Ahora Obama anuncia una «nueva dirección» en el acercamiento de Washington hacia Jartum y en la «solución» del conflicto; sin embargo, su lenguaje sigue siendo tan amenazante e inquisidor como el de George W. Bush, aunque no hable directamente de una intervención militar como el extremista de su predecesor.
Entre las medidas que la Casa Blanca anunció para Sudán se encuentra la declaración de estado de emergencia nacional respecto a ese país, el cual, dijo, tendrán que cuidar para que no se convierta en nido de terroristas de Al-Qaeda. Sudán, al igual que otros países como Irán y Cuba, es etiquetado de hostil por Washington, y por ello lo considera una amenaza para su tan cacareada y cuestionada seguridad nacional, y le impone sanciones económicas con el objetivo de mutilar su desarrollo.
Esta política es doblemente hipócrita, porque desde hace mucho tiempo Washington se ha posicionado a favor de los movimientos antigubernamentales, en su estrategia por destruir al gobierno de Omar Hassan al-Bashir, el cual ha mantenido una política de defensa de la soberanía nacional que choca con los intereses hegemónicos de Estados Unidos.
Como mismo hizo en el sur, Washington comenzó a introducir sus armas y a entrenar los antigubernamentales a través de sus corporaciones mercenarias en otros países africanos como Uganda, Etiopía y Eritrea, países fronterizos con Sudán.
Desde 1997 Estados Unidos ha impuesto sanciones a Jartum, principalmente orientadas hacia el sector petrolero —uno de los principales de Sudán— porque entiende que ese país africano apoya al terrorismo internacional. Incluso, en 1998 el entonces jefe de la Casa Blanca, William Clinton, bombardeó una fábrica farmacéutica sudanesa, porque sostuvo erróneamente, que en ese complejo se fabricaban armas químicas. Pero, como se demostró posteriormente, de allí realmente salía el 50 por ciento de los medicamentos que se fabricaban en Sudán, y una parte de ellos era enviada a Iraq, bajo un contrato de Jartum con la ONU.
A pesar de la guerra económica y financiera que Sudán ha tenido que enfrentar, ese país ha podido desarrollar su industria petrolera, gracias a la inversión de socios como China, India, Malasia e Irán. Estados Unidos ha perdido un gran terreno de influencia política y económica con sus medidas aislacionistas, sin embargo no cambia su estrategia, sino que anuncia duros castigos, exhortando incluso a sus socios internacionales a que se le sumen.
En marzo de este año, la Corte Penal Internacional (CPI), dominada por los intereses hegemónicos de las grandes potencias, emitió una orden de arresto contra el presidente
Omar Hassan al-Bashir, acusándolo de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, presuntamente en Darfur, donde desde el 2003 han muerto más de 350 000 personas y 2,7 millones han sido desplazados como resultado del conflicto en esa región sudanesa. Sin embargo, el alegato de La Haya no pudo incluir los cargos de genocidio, como tanto hubieran querido Europa y Estados Unidos, porque no pudo contar con las pruebas.
No obstante, las potencias occidentales se siguen refiriendo al conflicto interno en Darfur como un genocidio. En tanto, el gobierno de Jartum, en lugar de entregar a su mandatario a la hipócrita justicia de la CPI, cerró filas junto con muchos países de la región, y colocó en el banquillo de los acusados a Occidente por no desestimar esfuerzos para acrecentar aún más la inestabilidad en Sudán, y atentar contra el proceso de paz.
La orden de arresto de la CPI busca el mismo objetivo que las sanciones de Washington y el apoyo de este gobierno a los movimientos antigubernamentales: fomentar la desestabilización interna, precisamente en momentos en que el gobierno de Al Bachir busca la unificación del Estado y el fin de la guerra.
Esta vez, el anuncio de los palos viene acompañado de zanahorias: si Sudán «actúa para mejorar la situación y avanzar en la paz, habrá incentivos», de lo contrario habrá una mayor presión de Estados Unidos y la comunidad internacional, dijo Obama.
El jefe de la Casa Blanca también presiona para que se implemente definitivamente el acuerdo de paz entre el Sur y el Norte, alcanzado en 2005 gracias a la diplomacia injerencista de Bush, que si bien es cierto que apaciguó una guerra de más de 20 años, también siembra la semilla para futuras rupturas.
Además de establecer el reparto de poder y riquezas entre ambas partes, el convenio establece la celebración de un referéndum en 2011. La consulta dará la oportunidad a las poblaciones de la región meridional a decidir si desean continuar integradas a Jartum, o ser un estado autónomo.
Si opta por la «independencia» se convertirá en un satélite petrolero de Washington, quien siempre brindó su apoyo en la guerra contra Khartoum. Este paso le daría mucha más fuerza a EE.UU. para seguir minando desde adentro al Estado sudanés y para desplazar a China, principal socio comercial de Sudán, además de elevar mucho más las temperaturas en Darfur.
Estas son, por ahora, las viejas recetas que Obama piensa seguir aplicando a Sudán. Sin embargo, las sanciones, como han reconocido incluso algunos opositores del Sur, no resuelven los problemas de Darfur, sino que los acrecientan, porque al atacar a la base económica del país, afectan a la vida de las personas; y por otra parte, la región meridional que tanto ha apoyado EE.UU. en la guerra contra Jartum, es una de las más afectadas, porque el mayor monto de sus ingresos proviene precisamente del petróleo.
Y cualquier acuerdo al que se llegue para poner fin al sufrimiento en Darfur debe ser pensado en función de la integración nacional sudanesa y no en el desmembramiento del Estado.