@Alecucolomarin
María Alejandra Díaz.– Ha transcurrido un mes desde el lanzamiento del Plan del Presidente para la Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, cuyos objetivos, además de gobernar la economía frente a la pulverización del poder adquisitivo de los trabajadores, plantea sentar las bases de una economía próspera y balanceada, sin sobresaltos, contracciones o recalentamientos.
Ninguna sociedad prospera sin organizaciones vigilantes del cumplimiento de las normas: la fortaleza de una nación depende de la calidad de sus instituciones, indispensables para su desarrollo. Así lo afirmó Smith: el comercio y la manufactura no pueden florecer en el largo plazo, si no disfrutan de buena administración de justicia, si la gente no tiene la ley.
Un marco legal e institucional fuerte minimiza la posibilidad de una economía criminal sumergida. Ante la ausencia de controles, crecen la contaminación, la desmoralización, canibalización e ilegalidad de la vida económica, causa de desestructuración de la sociedad y del Estado Nación.
Aunque este marco profundiza y consolida las garantías humanistas de la economía, también debe generarse urgentemente un proceso instituyente que permita organizar la institucionalidad garante de estabilidad y de prácticas sociales y mercantiles que propicien una ética de la prosperidad social.
Es indispensable eliminar la podredumbre de nuestro sistema judicial; en caída libre sus detritus arrastran pequeños emprendedores -humildes productores de papelón en Trujillo, por ejemplo-, en completa indefensión, extorsionados por toda una red de siniestra corrupción, liderada por quienes deben protegerlos, pasando por los groseros precios fijados por empresarios delincuentes, hasta llegar a los criminales que contrabandean millones de litros de combustible en nuestras fronteras con la complicidad de civiles y militares. Todos deben sentir el rigor de la autoridad del Estado al ser castigados en beneficio y seguridad de la ciudadanía.
Ningún plan será viable y confiable sin institucionalidad: capturar y organizar toda la información relevante para determinar el valor potencial de los activos, entendidos estos como recursos, permitirá ejercer un control efectivo, redundante en seguridad jurídica, económica y social.
María Alejandra Díaz
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