Dictadura: solicitan elevar a juicio una nueva causa
En el caso Ripoll hay 34 víctimas de privación de la libertad y tormentos. Los imputados son 7.Por Claudio Leiva - Diario De CuyoEl Ministerio Público Fiscal Federal con asiento en San Juan pidió que sea elevada a juicio el llamado caso Ripoll, en donde se investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra 34 víctimas durante la última dictadura. La causa tiene como acusados a 7 exmilitares que actuaron en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM), entre ellos los exoficiales Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que continúan prófugos de la Justicia. En el listado de los que padecieron privación ilegal de la libertad y torturas se encuentran los dirigentes gremiales Raúl Ávila y Antonino D’Amico. El planteo, formulado por los fiscales Francisco Maldonado y Katia Troncoso, y que debe ser resuelto por el juez Federal Leopoldo Rago Gallo, significa que a su criterio la instrucción de la causa está completa y que los acusados deben ir a juicio oral y público. Para dar este paso, el magistrado debe dar intervención a las querellas, que son las que impulsan las denuncias, y notificar a los abogados defensores de los acusados, que pueden llevar adelante distintos planteos. Una vez resuelta estas cuestiones, el magistrado estará en condiciones de elevar la causa a juicio. No obstante, la estrategia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de la provincia es acumular 4 causas en las que hay, al menos, 100 víctimas y 20 desaparecidos en San Juan, para realizar un gran debate, similar al que concluyó el 4 de julio del 2013 (ver aparte). Pero en la Justicia Federal de San Juan consideran muy poco probable que, durante lo que queda del 2014, pueda llegar a darse un gran juicio en esta jurisdicción. La primera razón es la dificultad para constituir un tribunal para el debate porque en la región se están llevando adelante varios juicios y los jueces se tienen que turnar para estar presentes en los procesos. Además, las causas investigadas están en apelación en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y hasta tanto ese organismo no resuelva, no se pueden elevar para continuar con el trámite. En el caso Ripoll hay 34 víctimas que fueron detenidas después del golpe militar. Entre las personas que habrían sufrido vejaciones y torturas, incluso con la aplicación de la picana eléctrica, se encuentran exempleados del Hospital Rawson, gremialistas y hasta trabajadores de una cantera a los que detuvieron porque en su tarea manipulaban explosivos y los consideraron peligrosos. Además, de Olivera y De Marchi, los imputados son Rubén Arturo Ortega, Osvaldo Martel, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio y Elías Lucero Arancio. Los dos primeros se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich al poco tiempo de haber sido condenados en San Juan y si no son detenidos, no podrán ser juzgados por el caso Ripoll. Sucede que el Código Procesal Penal permite tramitar la causa con la persona en rebeldía hasta la elevación a juicio. Pero no se la puede juzgar si está ausente durante el proceso. Además de los prófugos, el único que no está detenido es Arancio. Esto, porque está acusado por tormentos en un solo hecho y le concedieron la excarcelación. Las otras causas que también entrarán en el próximo gran debate son la llamada compulsa Bustos, que ya fue elevada a juicio en octubre del 2013, y las causas Nívoli y Mazzitelli. Esta última es la que hace referencia a los desaparecidos en San Juan, que suman 20 (ver aparte). Según el pedido de elevación formulado por el Ministerio Público Fiscal, se trata de “hechos delictivos que se enmarcan en el terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura militar que tuvo lugar nuestro país, caracterizado por un plan sistemático de exterminio”. En ese orden de ideas incluso se habla de que en Argentina se registraron los casos de 30.000 desaparecidos. Y el concepto de delitos de lesa humanidad hace referencia a que son ataques en los que toda la humanidad se vio afectada y por eso han sido incluidos por la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Abarcan la comisión de “actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.