El cese en la actividad de 50.000 autónomos en el 2012 hace que aunque la valoración de la nueva Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, sea positivo, deba denunciarse que la norma llegue después de tres años de agudísima crisis y que su objeto sea tan parcial. Es indudablemente plausible que el objeto del Título I de esta norma sea el impulso y dinamización de la actividad mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.Ahora bien la debilidad extrema de las Pymes y de los autónomos en una crisis que les está lacerando de una forma tan cruel, se esperaba del ejecutivo que actuara en los frentes que más está causando el cierre de estos empresarios: el difícil acceso al crédito, la morosidad y el adelanto del I.V.A de facturas impagadas y las elevadas cuotas a la seguridad social. Mientras ser autónomo sea tan gravoso por la rigidez del sistema de cuotas de seguridad social, que exige una elevada cotización al margen de la situación económica del empresario; mientras el devengo del IVA no se produzca en el momento del cobro de los productos o servicios y no desde la entrega de los productos o prestación de los servicios, dados los índices de morosidad que existe en España; Pymes y Autónomos seguirán sumidos en la noche económica.
El gobierno conoce estas necesidades pero no las aborda porque sin acudir a un mayor endeudamiento o un sacrificio de las políticas sociales, para atender a estas necesidades no hay presupuesto.
El diagnóstico de reputados economistas es que España esta muy enferma; tememos que con el tratamiento que se le está aplicando el enfermo muera curado.