Ley Antitabaco: Sí, pero con matices

En este país somos expertos en polarizar hasta límites insospechados todos los asuntos, generando dos bandos que durante un tiempo se tiran los trastos a la cabeza de forma casi irracional. No hay tonos grises, sino defensores del blanco o del negro sin más. Ha vuelto a suceder con la nueva ley antitabaco, que prohíbe su consumo en todos los lugares públicos. Con su entrada en vigor, aunque se aprobó hace varios meses, se han formado dos ejércitos para defender su causa a toda costa: los que creen que se trata de un ataque contra la libertad individual y los que la ven como una medida justa, tras años soportando el humo de los demás a diario.
Estoy un poco cansado ya de esa forma de afrontar los debates, como si hubiera que elegir el bando y sacarse de la manga todos los argumentos posibles para defender la causa. En mi caso, respaldo totalmente una medida que suponga reducir el consumo de tabaco en lugares públicos, aunque no la forma en que se ha planteado por parte del Gobierno. Vayamos por partes:
Como decía, estoy absolutamente de acuerdo con el endurecimiento de una ley que viene a sustituir a una normativa que no la cumplía prácticamente nadie. No es justo que un no fumador tenga que respirar el humo de otros, sin más. Los contrarios a la nueva norma, defienden que es un ataque contra la libertad personal de cada uno. Para aquellos, yo les recordaría la sentencia de J. P. Sartre: “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás”. 
Partiendo de esa base, rechazo la forma en que se ha gestionado y puesto en marcha por parte del Gobierno. Y la clave está en un dato: seis de cada diez euros gastados en esa droga legal van a las arcas públicas. Con tanto dinero en juego, se saca a relucir una doble moral lamentable, pues se prohíbe directamente su consumo, pero a la vez se fomenta la venta, permitiendo que en bares y restaurantes (aquellos que se las tienen que ingeniar para darle cabida a los fumadores en el exterior) y, de nuevo, en las gasolineras se pueda expedir sin ningún problema. Y junto a ello está la salud pública: si la administración esgrime que es una defensa de la salud de los fumadores y no fumadores, ¿dónde está la inversión pública para reducir un consumo muy lucrativo de una sustancia que provoca 4 millones de muertes al año en todo el mundo? ¿Dónde están los cursos y terapias para dejarlo, pagadas con lo que se recibe de la venta?
Es lamentable que un Estado se trate de limpiar la conciencia ensuciada durante años de recaudaciones millonarias con el tabaco con una ley que no contempla medidas para reducir su consumo. Por tanto, yo digo: Sí a la ley antitabaco, pero ayudando a los millones de fumadores, hoy marginados totalmente, a dejarlo.