Un señor con barba y camisa desgajada lee el periódico en un portal de la calle Reina. “Esta gente está inventando el agua tibia…” se le escucha decir. En el diario que tiene entre sus manos se incluye un tabloide con la nueva Ley de Inversión Extranjera recién votada en la Asamblea Nacional. Aprobada por unanimidad, la controversial legislación llega en un momento en que la economía cubana necesita urgentemente capital foráneo.
El apuro por obtener inversiones no ha provocado, sin embargo, mayor flexibilidad en temas como la contratación de personal. La recién aprobada ley mantendrá el monopolio estatal sobre la empresa empleadora. Sólo a través de esa entidad, el empresario extranjero podrá contratar a sus trabajadores. Las personas confiables para el gobierno seguirán estando mejor valoradas a la hora de alcanzar una plaza.
El gobierno de Raúl Castro garantiza así que la mano de obra para inversionistas extranjeros le sea confiable al gobierno. Si entendemos la autonomía económica como requisito indispensable para alcanzar la autonomía política, sabe muy bien lo que hace el General Presidente al asegurar que los mejores salarios vayan a parar a bolsillos con probada fidelidad. De esa manera mantiene la compra de lealtades a partir de privilegios, que tanto ha caracterizado al modelo cubano.
Sin embargo, la fidelidad ideológica y la capacidad laboral no siempre van de la mano. Las nuevas empresas con capital foráneo, verán lastrado su desempeño –entre otras razones- por no poder acceder al mejor capital humano disponible. En ese punto queda claro que la Ley de Inversiones Extranjeras no puede saltar más allá de su propia sombra. Sigue marcada por el miedo a que los individuos se independicen salarial y políticamente del estado.