El decreto ley 1374/2011 de Régimen de Pasantías, de Cristina Kirchner, tiene el objetivo de poner a disposición de los empresarios mano de obra joven y barata, principalmente porque no se establece remuneración para los pasantes. El acuerdo de "cooperación", establecido en la ley, responde a una aspiración estratégica de la clase empresarial, que es subordinar la escuela pública al poder municipal y al lucro privado. La ley dice: "Es un convenio entre la ‘autoridad educativa nacional o jurisdiccional' con un ente colectivo (organismo de gobierno, cámara, federación o confederación empresaria) u ‘organización oferente' de pasantías de duración indefinida y por el cual se posibilita la realización de una gran cantidad de pasantías en diversas localidades (...) El presente acuerdo será aplicado en el ámbito de las jurisdicciones provinciales que lo firman, en adelante ‘las jurisdicciones', y en las que se vayan incorporando (...) Autoridad Educativa Jurisdiccional: refiere a la máxima autoridad educativa de cada jurisdicción (nacional, provincial o municipal)...".
Las pasantías en escuelas secundarias, sobre todo técnicas, funcionan en el país desde los años ‘90. Menem las puso en práctica junto con la Ley Federal de Educación, pero los funcionarios actuales reclaman una reglamentación que extiendan las pasantías entre la municipalidad y las empresas locales.
"Tenemos que poner al sistema educativo en función de lo que se produce en cada lugar, para que sea rentable para quienes producen", dice la revista ABC de la Educación (gobierno de Buenos Aires), año I, N° 1, abril de 2008. En el camino de la privatización de la educación pública, de su transformación en un negocio capitalista y en una fuente de lucro directa, la municipalización juega un papel fundamental porque regentea, desde muy cerca y con la participación de los punteros locales de los partidos patronales, el sometimiento de la juventud a los intereses de los empresarios. Los municipios se convertirán en una terrorífica "oficina de personal" gratuita para las empresas. También se establece en la ley el acuerdo marco individual de pasantías: "Es el convenio entre un alumno regular, su padre o tutor..., la autoridad de la 'unidad educativa' y el representante de la 'organización oferente' de la pasantía, estableciendo el plan de la pasantía y las condiciones de su realización". Es decir que cada director de escuela podrá negociar a sus alumnos como mano de obra para alguna empresa local. Es la llamada "escuela autónoma" que compite por el favor de las empresas, ofreciendo su mercancía al mejor postor.
Esta ley "cierra" el camino abierto por las leyes educativas del menemismo y del kirchnerismo, vinculando las políticas educativas privatistas de municipalización y de escuela autónoma con una de las fuentes de lucro educativas: las pasantías gratuitas bajo control patronal. El estudiante queda así a merced del manejo patronal (a través del instructor de la empresa) en forma individual. No hay "relación laboral"; por lo tanto, no tiene derecho a sindicalizarse y su sindicato estudiantil -el centro de estudiantes- ni se menciona, ya que, según el gobierno, debe actuar sólo para "colaborar con la escuela". Se cae de maduro que el esfuerzo de CFK de delimitarse de la política educativa privatista chilena es sólo de campaña electoral y preventiva, ya que así como la juventud chilena se rebela, también lo hace la estudiantina argentina. En este contexto, la formación científica y tecnológica, la superación de la fragmentación de la educación motivada por la división del trabajo no está en juego. Sólo se considera la adquisición de habilidades. Para dar cabida a las aspiraciones de la juventud por la educación y el trabajo debe derogarse esta ley de pasantías que es, en definitiva, una de las más perversas tercerizaciones de personal, y lanzar un plan de pasantías para todos los jóvenes mayores de 16 años, con planes de formación organizados y controladas por comisiones de estudiantes, docentes y trabajadores, con salario y condiciones de trabajo de convenios, es decir en condiciones de estabilidad laboral e igual salario.
Silvia Jayo