Ley y tierras huarpes

La Ley 26.160 fue sancionada en 2006, prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pueblos originarios de todo el país. Por su muy demorada aplicación, fue prorrogada en no­viembre de 2009, venciendo los plazos establecidos en noviembre de 2013. En éste período el relevamiento en la provincia llegó solo a dos comunidades rurales ubicadas en 25 de Mayo: Sawa y Salvador Talquenca, siendo que en la provincia las comunidades organizadas superan las 10. “En San Juan hay comunidades como la Sawa, la Talquenca, la Eseranza Huarpe, Territorio del Cuyum y la Pinkanta que poseen personería jurídica. Mientras que la comunidad Guakinchay tiene sus trámites muy avanzados para poseerla. El no tener personería puede haber sido un motivo por el cual las demás comunidades que viven en la provincia no fueron relevadas, pero el hecho es que la ley 26.160 no establece que ésta sea una condición obligatoria para acceder al relevamiento. Hay normas superiores al derecho interno argentino que establecen el no desalojo e, incluso, la atribución de títulos de propiedad a quienes habitan estas tierras”. La causa a la cual se atribuye que el relevamiento haya quedado incompleto es la “malversación de fondos” que giró en torno a la aplicación de la ley que fue prorrogada en dos oportunidades. En julio de 2012 un informe de la Auditoría General de la Nación señalaba que se habían gastado 24 millones de pesos para relevar sólo el 4,22% del total exigido por ley. Casi un año después, las mismas comunidades, de acuerdo con datos de la AGN y del Instituto de Asuntos Indígenas, aseguraron que, habiendo utilizado más del 76% del dinero presupuestado, unos $46 millones, solo se relevó el 24,05% del total de las comunidades, aunque apenas en el 12,48% se concluyó efectivamente el trabajo. “La implementación de esta ley generaría las condiciones para el reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria de los territorios, pero, lo cierto es que, justamente en los argumentos de los legisladores al momento de prorrogar la ley, se argumentó el incumplimiento de los objetivos”, destacó el abogado Javier Ala­mino. DIARIO HUARPE