El permiso de conducir sale de las autoescuelas. Hasta ahora, estos centros tenían la exclusividad para formar a los conductores. Pero en poco tiempo, los exámenes tipo test también se podrán preparar en cualquier academia. El cambio se debe a la ‘Ley Ómnibus’, una normativa que modifica 47 normativas sobre servicios públicos que el pasado viernes se envió al Senado. Se trata de una norma poliédrica con ambiciosos objetivos: impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios. Entre la multitud de actividades a las que afecta, los centros homologados por Tráfico parecen llevarse la peor parte de los daños colaterales. Con esta liberalización las academias privadas donde se preparan oposiciones también podrán formar conductores. Algo inexistente hasta ahora. Aunque la norma deja claro que no podrán ofertar clases prácticas ni preparar a conductores para recuperar los puntos perdidos por infracciones. Así que llueve sobre mojado. Ahora temen que se disparen los despidos. La falta de alumnos reducirá las horas de clases teóricas. La Confederación Nacional de Autoescuelas estima que un 30% de profesores puede perder su empleo. A las dificultades de los trabajadores, se une el miedo de las empresas por el previsible aumento de la competencia. De ahí «la desazón» entre los empresarios. Aunque las quejas del colectivo no se refieren sólo a sus propios intereses como sector, también creen que, a la larga, se perjudica la seguridad de los ciudadanos. En la asociación de autoescuelas entienden que la formación de los conductores es un tema «muy serio» que no debe impartirse «en cualquier sitio». Algo garantizado hasta ahora pero que la ‘Ley Ómnibus’ pone en peligro, según las dudas que albergan en las autoescuelas de la provincia. La Asociación defienden la «excelente preparación» que encuentran los conductores en sus centros. Se someten a continuas inspecciones de la Dirección General de Tráfico donde evalúan la enseñanza que se imparte. Se controla, por ejemplo, la titulación de los profesores, el índice de aprobados o las condiciones de las aulas. Ahora Emilia teme que las nuevas academias no puedan ponerse a la altura de lo que se hace ya en sus centros. Dos años de estudios Hasta ahora, para poder impartir lecciones teóricas se requería una licencia de profesor que exige la Dirección General de Tráfico. Para conseguir la titulación hay que superar unos exámenes que necesitan de, al menos, dos años de preparación. Hasta conseguir el beneplácito se tienen que superar varias fases, con sus respectivos módulos teóricos y tres meses de práctica. Emilia denuncia que la reforma no aclara si en un futuro los profesores de clases teóricas van a necesitar también de esta titulación. «No sabemos si cualquier formador podrá dar las clases». La profesora de Ámbar entiende que la especialización garantiza la calidad y que la preparación que hoy reciben los chicos no se consigue de la noche a la mañana. «Nosotros llevamos muchos años mejorando nuestro trabajo». De ahí que las autoescuelas reclamen el papel que han jugado en la mejora de la seguridad vial en los últimos años y temen que con esta «supuesta competitividad» se «tire por la borda» todos los escalones que se han escalado en esta materia. «No sólo enseñamos a aprobar el carné de conducir, nos preocupamos de que los alumnos adquieran una conducta de responsabilidad cuando salen a la vía». El argumento de que el aumento de la competencia beneficia a los usuarios, una de los principios que ha inspirado la norma, tampoco convence a las autoescuelas. Hasta ahora lo que realmente pagan los alumnos son las clases prácticas y los derechos de exámenes. «La formación teórica no cuesta nada». La división de la enseñanza, por tanto, puede suponer que, a la larga, el precio de los permisos se encarezca puesto que los alumnos que decidan prepararse el teórico en otros centros van a pagar dos partes bien diferenciadas. Primero a la academia y después a la autoescuela, algo que, como explica Emilia, no ocurre en estos momentos. «Nosotros ofrecemos un precio global por una enseñanza completa: teórica y práctica». Impacto limitado Durante la tramitación parlamentaria en las Cortes, se argumentó que la reforma tiene un impacto limitado a la situación de los centros de conductores porque actualmente se pueden presentar por libre y no es obligatorio matricularse. La directora de Ámbar replica que en realidad «se trata de un porcentaje bajísimo de alumnos los que eligen esta opción» y que además retarda el aprendizaje en el manejo del vehículo. «Cuando empiezan a coger el coche hay que explicarles normas y supuestos de circulación que deberían saber, tardan más en aprender y necesitan más horas», según ha podido constatar la profesora de Ámbar. La reforma no sólo preocupa a los empresarios de Badajoz, en el resto de España también se escuchan voces discordantes. En la Comunidad de Aragón, por ejemplo, se planteó la posibilidad de convocar una huelga si la medida termina aprobándose. José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, respalda las críticas del sector a la futura norma. En su opinión, hay que cuidar la enseñanza de tráfico «es imprescindible para después ser un conductor. Si no se explican bien las normas, la gente no las cumple porque no las entiende».