Violencia estatal, inobservancia constitucional, odio ideológico de varios funcionarios gubernamentales, irrespeto a los derechos humanos y de libertad
Víctor Vinueza / Sociólogo: Perseguido político del correismo
Abigaíl Heras y Cristina Campaña manifestaron que evaluarán si mantienen o no la huelga de hambre.
Abigail Heras y Cristina Campaña mantienen una huelga de hambre indefinida, una medida decidida y sostenida con determinación y carácter, actitud propia de mujeres jóvenes surgidas de familias pobres, pero honradas, trabajadoras y responsables; luchadoras por la vida y la paz. Ellas si pueden decir con orgullo que cursaron, egresaron y están próximas a obtener su título universitario, impedido únicamente por la detención ilegal y arbitraria. Dos mariposas, como está escrito en una hoja pegada en su celda que reclama la libertad y publicada por uno, de los varios colectivos sociales que se solidarizan y exigen que les dejen volar libres para continuar con su labor de defensoras de los derechos económicos y sociales de la juventud y los pueblos marginados. Para las ocho personas que estamos libres nos indigna que la justicia sea lenta, inhumana y ponga en riesgo la vida de Abigaíl y Cristina y continúe profundizando los daños psicológicos en los padres, hermanos, esposo e hijo.
De la reparación de los daños directos y colaterales tendrá que responder el estado en las instancias internacionales porque ha violado en el caso de los diez de Luluncoto los derechos de libertad, los derechos humanos, el debido proceso porque los jueces actúan sujetos a las disposiciones del poder, sin observar y aplicar lo que señala el Art. 172 de la Constitución que dice: “ Las juezas y jueces administraran justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley”.
Mucho se ha escrito sobre la desproporción que existe entre la acusación sin sustento por parte del Ministro del Interior José Serrano y el fiscal José Jaramillo frente al cumplimiento del derecho a reunirse que nos asiste a todos los ecuatorianos, pero, no solo eso, la violencia arrogante y brutal, propia de un gobierno de derecha y autoritario impidió ejercer uno de los deberes y responsabilidades expresa en el Articulo 83, numeral 17 de la Constitución que dice: “ Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y trasparente”.
Violencia estatal, inobservancia constitucional, odio ideológico de varios funcionarios gubernamentales, irrespeto a los derechos humanos y de libertad son entre otros los aspectos que exigimos, que reclaman todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos tanto nacional como internacional, nuestros familiares, los 10 de Luluncoto de forma altiva porque somos inocentes de todo lo que se nos quiere imputar.
El gobierno, no cumple con lo que escribe y se evidencia en este caso un doble discurso, en los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, donde el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos debe responder a varios objetivos, en particular, para esta reflexión, me remito al número 9 que dice:
Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, “Garantizamos a todas las personas el respeto a los Derechos Humanos y el acceso de la justicia. Queremos que exista igualdad entre hombres y mujeres y que se proteja, en forma integral, a niñas, niños y adolescentes. Promovemos una justicia, social, solidaria, imparcial, democrática, intergeneracional y transnacional” y dentro de este, las siguientes políticas:
Política 9.1.- Aplicar y practicar el pluralismo jurídico, respetando los derechos constitucionales
Política 9.3.- Impulsar una administración de justicia independiente, eficaz, oportuna, imparcial, adecuada, e integral. Fuente: Seguridad Integral Plan y Agendas, Ministerio de Coordinación de Seguridad
Una cosa se dice y otra se hace. En los más de doscientos casos de persecución política y acusación de terrorismo y sabotaje, la justicia no es efectiva, es lenta, nada independiente, suspenden las audiencias con mucha facilidad, se enferman los jueces, se dilatan los juicios, no concede la Corte Nacional de Justicia con agilidad y conforme dispone la Constitución los recursos de apelación y Habeas Corpus. Toda esta inercia judicial la vivimos los 10 de Luluncoto, por esta razón, afirmamos que la tan propagandizada “revolución” de la Función Judicial, solo se expresa en construcción de edificios, renovación de equipos de computación, mas no, en el respeto de los derechos constitucionales, en la actuación independiente del ejecutivo, se juega con la vida y el fututo de personas inocentes; se atenta contra el derecho de los niños a desarrollarse junto a sus padres y madres por sostener una prisión preventiva absurda.
Por esta realidad que vivimos los 10 de Luluncoto, la sociedad y la opinión pública cuestiona esta enverdecida justicia ecuatoriana y demanda la libertad para las dos Mariposas de Luluncoto, Abigaíl Heras y Cristina Campaña.