Según reza el cartel, el Ayuntamiento de Madrid es sabedor de que el 95% de las prostitutas son objeto de coacción o amenaza, esto es, no actúan con libertad o voluntad propia. Respecto de este grupo la autoridad municipal yerra en el disparo porque no tiene que apuntar a los clientes sino a los delincuentes que controlan a esas prostitutas y en la medida que cometen acciones delictivas sobre ellas, deben ser perseguidos de oficio por las autoridades. Como ciudadano debo exigirle a la Administración que persiga en primer lugar a los delincuentes, y luego veremos si a las putas y a los clientes. El aparato del Estado debe protegerlas de esas mafias que hacen esclavas en pleno siglo XXI, persiguiendo el delito sin la ingenuidad de quien piensa que criminalizando la demanda desaparecerá la oferta.
Respecto del cinco por ciento restante ya va siendo hora que se legisle y ordene la actividad que existe desde siempre y que probablemente tiene el mismo futuro que el de la humanidad. Con su estilo proponía Arturo Pérez Reverte hace unos meses que estaría bien promocionar Madrid creando la ruta de las tapas y las putas, visto que en numerosas zonas de la villa la cercanía entre la tapa y la lumi de la calle formaban parte del mismo paisaje. Se precisa regular y ordenar para quitar de las calles a estas señoras, para que tengan derechos como cualquier trabajadora, para que coticen y el Estado le meta mano al negocio económico y empiece a recaudar vía impuestos, que además falta hace también. Continuar ignorando una realidad porque a los conservadores no les da votos o incluso puede crearles problemas desde las posiciones más clericales y desde el otro lado, los progres capitaneados por feministas ultras que aspiran a erradicar las putas desde la atalaya de quienes ven en la persona un simple objeto, negándole su libertad a hacer con su cuerpo lo que decida libremente –como en el aborto-, nos mantendrá en el status hipócrita y alegal actual, terreno fácil para tratantes de blancas que se mueven a sus anchas en el sórdido y oscuro mundo de la prostitución, con la complicidad del Estado, donde las clases – que en esto también las hay- más bajas, de calle y polígonos del todo a veinte euros, son las más desprotegidas y desfavorecidas. Debe chirriar que la inacción política contribuya a mantener en la marginalidad al cinco por ciento y en víctimas del delito a la casi totalidad.
El acuerdo al que pueden llegar dos personas de manera libre, actuando con plena capacidad de obrar, no debe ser penalizado sino ordenado, porque como negocio contractual que es, deben surgir derechos y obligaciones para ambas partes. Y el respeto de los demás.