Blog JM Alvarez
El pueblo venezolano encara una espiral de violencia golpista, denunciada por el Estado, que ha dejado en lo que va de abril 20 muertes, ataques a bienes públicos y establecimientos privados, producto de acciones promovidas por grupos que buscan fomentar un clima de ingobernabilidad.
Las pérdidas humanas son utilizadas por voceros de la derecha para proyectar un discurso mediático sobre “la brutal represión” de las fuerzas de seguridad contra los opositores, como ocurrió con el caso de Jairo Johan Ortiz Bustamante, asesinado el 6 de abril, en el sector Montaña Alta de Carrizal, capital de Miranda.
La manipulación fue repudiada enérgicamente por el padre de Ortiz, quien aclaró que su hijo no se encontraba en ninguna protesta y que ni siquiera militaba para ningún partido.
Tras el homicidio de Ortiz, se ha registrado la muerte de otros 19 venezolanos: Daniel Alejandro Queliz Araca, el pasado 10 de abril, hecho por el que dos efectivos de la Policía de Carabobo (Policarabobo) fueron privados de libertad; (Deberían ser declarados héroes del pueblo. Cuando se es atacado con armas de fuego hay que defenderse de la misma manera, no seamos cándidos, nota de blog) Miguel Antonio Colmenares, quien fue baleado por grupos violentos, y Bryan Principal, a quien le dispararon desde un vehículo en marcha cuando ocurrían acciones vandálicas frente al urbanismo Ciudad Socialista Alí Primera de Barquisimeto. Los dos últimos hechos ocurrieron en el estado Lara el 11 de abril.
El día en que murieron Colmenares y Principal -que, de acuerdo con sus familiares, no participaban en manifestaciones-resultó herido Gruseny Antonio Canelón en otro foco de violencia activado en la entidad centro occidental. Murió dos días después.
El pasado 19 de abril, cuando la llamada Mesa de la Unidad (MUD) convocó a una movilización nacional, murió por impacto de bala Carlos José Moreno, de 17 años de edad, estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Se presume que hecho, ocurrido en San Bernardino, Caracas, sea producto del hampa común, pero medios privados la atribuyen a un hecho represivo.
Ese mismo día, cae Paola Ramírez, de 23 años, tras recibir un disparo propinado por Iván Alexis Pernía Dávila, militante activo del partido Vente Venezuela, San Cristóbal, Táchira, y el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Niumar José San Clemente Barrios, al ser baleado mientras realizaba labores de resguardo del orden público en San Antonio de los Altos, estado Miranda.
Asimismo, entre el jueves 20 y viernes 21 en hechos violentos ocurrido en El Valle murieron Jairo Ramírez, de 45 años de edad; William Marrero, de 33; Robert Centeno, de 29; Jonathan Meneses, de 27; Elio Pacheco, de 20; Estiverson Zamora, de 29; Kevin León, de 30; Francisco González de 34; Ramón Martínez de 29; y dos adolescentes de 15 y 17 años de edad. Algunos murieron electrocutados y otros por heridas causadas con armas de fuego.
El 21 de abril también murió por impacto de bala Melvin Guaitán, en Petare, Miranda. El Ministerio Público investiga las circunstancias del asesinato.
Estos hechos son usados por dirigentes de la extrema derecha, con respaldo de las corporaciones mediática, para alimentar el discurso de supuesta ingobernabilidad y ataques a la población civil. En contraste, los medios silencian la vinculación de dirigentes como Julio Borges con la coordinación del plan golpista, como denunció esta semana el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Acciones vandálicas contra bienes públicos
El empleo del vandalismo y los actos terroristas comenzaron específicamente el día 4, con la agresión a oficiales de los cuerpos de seguridad que prestaban sus servicios para mantener el orden interno en Caracas. Sin embargo, fue dos días después cuando esas tácticas comenzaron a exponerse abiertamente.
El 6 de abril grupos amparados por sectores de oposición desvalijaron el liceo Gustavo Herrera, ubicado en Chacao, Miranda, lo que contraviene al derecho constitucional de la educación. Así, empezaron a registrarse las primeras acciones contra espacios públicos y, como en 2014, los municipios Chacao y Altamira son unos de los principales escenarios para ello. Hasta el momento, ha privado el silencio y la indiferencia de las autoridades locales antes estos hechos.
Otros de los ejes de la espiral golpista son los daños a la propiedad privada, que comenzaron en Carrizal, estado Miranda, el 7 de abril, donde un grupo de encapuchados saquearon el local Fresco Market. En los días siguientes, escenarios similares se dieron en Lara, contra una heladería (9 de abril); en Valle Arriba, Caracas, con el incendio de los campos de Golf (10 de abril); El Paraíso, Caracas, donde fue incendiada la sede del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi (10 de abril) y se atacaron comercios el pasado miércoles; en Guarenas, Miranda, donde se atacaron a 24 locales comerciales (11 de abril); Los Teques, Miranda, donde se registraron destrozos a 14 establecimientos (12 de abril); y la parroquia El Valle, en Caracas, ataques a 17 comercios (20 y 21 de abril).
Servicios públicos, otro blanco de ataque
El 8 de abril, la convocatoria de los radicales a marchar en Chacao abrió las compuertas a los daños y perjuicios al patrimonio público, con el ataque a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia, donde detonaron un explosivo e incendiaron el lugar.
El 9 de abril, grupos vandálicos incendiaron la sede de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), varios camiones que distribuían alimentos a los Clap y la única clínica móvil de la Misión Nevado existente en el estado Lara; mientras que el 10 de abril grupos de choque incendian el Centro de Operaciones del Metro de Caracas, en Altamira, y se registraron arremetidas contra unidades del sistema de transporte superficial de Metrobús en Santa Fe, municipio Baruta, del estado Miranda.
El 11 de abril fue incendiada la sede del Instituto Nacional de Nutrición (INN), en Quinta Crespo, Caracas; el 14 de abril se generó igualmente una situación de vandalismo que terminó en la quema de un consultorio de Barrio Adentro, una óptica popular y un establecimiento de acopio de Mercal en el sector El Paso, de Los Teques, estado Miranda; y en horas de la noche del 20 de abril fue asediado por grupos armados el hospital materno infantil “Comandante Supremo Hugo Chávez”, en El Valle.
Todo este espiral de violencia ha dejado cuantiosas pérdidas monetarias y destrozos a inmuebles y entes públicos, que al 14 de abril sumaban 50 mil millones de bolívares.
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