Llega la Marcha del CONISUR y se instala debate sobre la Ley Corta del TIPNIS en Bolivia

El TIPNIS conflictúa otra vez a la Asamblea Legislativa y al Gobierno
Hoy llega a La Paz la Marcha del CONISUR, que pide la construcción de una carretera por el TIPNIS; la demanda vuelve a conflictuar al Gobierno y a la Asamblea Legislativa, ya que esta nueva movilización exige anular la Ley Corta lograda por la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS en Bolivia.
La Razón / La Paz, 30 de enero de 2012
El cacique mayor del Consejo Nacional Indígena del Sur, Gumercindo Pradel, aseguró que la ley, que declara intangible la región y prohíbe la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, “no fue consultada a los pueblos de tierras bajas y que el Ejecutivo debe dar una solución inmediata al tema”.
Al respecto, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) Lázaro Tacó aseguró que su organización no permitirá que “se toque la ley” que fue promulgada en octubre de 2011 y anunció una serie de acciones de protesta para evitar que la Asamblea modifique la norma.
“A La Paz llegará una comisión que estará en vigilia para evitar modificaciones a la ley (corta) y si eso pasa las comunidades iniciarán movilizaciones en todo el país. No nos prestaremos al juego del Gobierno”, señaló.
La senadora Sandra Soriano y los diputados Lucio Marca y Betty Tejada (del MAS), pidieron la instalación de un escenario de diálogo entre ambos sectores indígenas para realizar modificaciones a la ley o, en su caso, ir a una consulta previa.
“Se debe generar un espacio de diálogo y consenso entre las partes para analizar cambios”, aseguró Soriano. En esa línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió consensuar soluciones favorables para las 64 comunidades del Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS).
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, agregó que en el marco del consenso se deben preservar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
El Gobierno apunta a solucionar el conflicto con una Ley de Derecho a la Consulta, propuesta por el senador Adolfo Mendoza (MAS),  lo que, según analistas, necesariamente implicará la anulación de la “ley corta” y, con ello,  el desencadenamiento de una serie de conflictos sociales y regionales.
Fernando Mayorga, Reymi Ferreira e Iván Bascopé, analistas, ven que el Gobierno está en una situación “delicada”; deberá tomar en cuenta la reacción de los sectores de la sociedad civil para considerar la demanda del Conisur o buscar una “solución técnica” para no llegar a anular la Ley 180.
“El Gobierno debe dar una solución técnica; ahora está en una posición muy incómoda porque debe atender a una marcha que es afín al MAS, pero anulando una ley que consiguió otro sector social”, explicó  Ferreira.
Escenario. Antes de llegar a La Paz, la VIII Marcha Indígena fue cuestionada por el Gobierno, que culpó a varias ONG de “estar detrás de la movilización”; asimismo, la represión policial registrada en Yucumo, en septiembre de 2011, desató una  manifestación de apoyo que luego presionó al Ejecutivo para aprobar la “ley corta”.
El costo estimado de la vía supera los $us 415 millones; de los tres tramos de la carretera, el segundo debía pasar por el medio del TIPNIS. “El Gobierno debe optar por una solución salomónica; es decir atender algunas demandas del Conisur sin alterar la “ley corta”, acordada antes con la CIDOB”, manifestó Mayorga.
Para Bascopé se debe esperar cómo recibirán a la marcha los funcionarios públicos, sectores sociales y otras organizaciones: “según ello se definirá cuánto de fuerza tiene esta presión social y cuánto le servirá al MAS impulsar modificaciones a la ley”. 
No existe un documento redactado
El diputado Javier Zavaleta (MSM) indicó que en la Asamblea sólo hay una solicitud abstracta de molificación de la “ley corta” y no así un proyecto con una “redacción específica”. 
Se trata de un informe que hace una serie de recomendaciones y que fue derivado a la Comisión Mixta de Constitución que recién esta semana podría reunirse para agendar su tratamiento.
Cuestionan el acuerdo entre Costas y Chávez
Dirigente del Conisur dice que el líder de la CIDOB ahora es de la oposición
El cacique mayor del Conisur, Gumercindo Pradel, cuestionó el acuerdo entre el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y la CIDOB firmado el miércoles 25.
La Gobernación cruceña firmó un acuerdo con el presidente de la organización, Adolfo Chávez, para la construcción de viviendas sociales en favor de los indígenas a través de la ley departamental de Fondos Indígenas para Vivienda.
“Con el acercamiento de Adolfo Chávez con el Gobernador de Santa Cruz se ha hecho ver como si fuera de la oposición”, cuestionó Pradel, y lamentó que esa firma no se haya dado con el consentimiento del Conisur y las bases indígenas.
Incluso un integrante del Conisur Eslin Gil Rojas dijo que ése sería el futuro binomio presidencial, “Costas-Chávez”. Sin embargo, en esa oportunidad, Chávez aseguró que la firma del documento no representa ninguna alianza política.
“Es un mandato de los pueblos indígenas que da lugar a firmar resoluciones con gobernaciones, municipios y la cooperación internacional. No es político lo hecho. Son convenios interinstitucionales y no hay ninguna forma de alianza”, aseguró el dirigente.
Marchistas ni bien entren a la plaza pedirán reunión con Evo
Partirán hoy a las 06.00 rumbo a la ciudad; prevén llegar al mediodía
Los marchistas del Conisur, que llegaron el viernes a Senkata, a diez minutos en vehículo de la Ceja de El Alto, anunciaron que ni bien ingresen a la plaza Murillo pedirán audiencia con el presidente Evo Morales. Los movilizados permanecerán en el kilómetro cero esperando resultados.
“Ni bien ingresemos a la sede de Gobierno vamos a pedir una audiencia con el presidente Morales, para que nos atienda el Gobierno con todos los dirigentes del TIPNIS. Nosotros los dirigentes vamos a entrar al diálogo y toda la marcha ingresará a la plaza Murillo para esperar los resultados de la reunión”, dijo a La Razón Antonio Guzmán Suárez, de la comisión logística del pueblo Yuracaré.
La intensidad de la lluvia y la brisa helada en la ciudad de El Alto, obligaron a muchos de los marchistas a mantenerse abrigados con chamarras y gorros; algunos se tuvieron que envolver con colchas para salir al patio de la unidad educativa España. Uno de las tácticas para combatir el frío fue llevar a cabo un campeonato de fútbol de salón, tanto de hombres como de mujeres.
Marcha. El dirigente Guzmán Suárez agregó que hoy desde las 06.30, partirá la columna rumbo a la sede de Gobierno por la avenida Naciones Unidas, la Portada, la avenida Kollasuyo, Cementerio, plaza Eguino, avenida Montes hasta la plaza Murillo. Estiman llegar a las 12.30.
Mientras se realizaba el campeonato de fútbol de salón en la cancha del colegio España, en plena lluvia, la concentración de los movilizados fue interrumpida por el ruido de los motores  de al menos cuatro buses de la Cooperativa Mixta Ltda., que llegaron de Cochabamba. Cada motorizado estaba con al menos 60 pasajeros que llegaron desde Isinuta y otros lugares del Chapare de ese departamento. Una de las pasajeras que no quiso dar su nombre, de forma muy escueta, reconoció que llegaron “para apoyar a la marcha y entrar a la ciudad”.
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias-Bartolina Sisa (CNMCIO-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) respaldaron, por separado, la marcha del Consejo Nacional Indígena del Sur (Conisur). Ambas organizaciones recibirán a la movilización a su ingreso a ciudad de La Paz.
En los colegios España y República de Italia, donde descansan los marchistas, existen seis médicos que atienden especialmente a los niños y personas afectadas por la altura. También hay un dentista que está curando a niños y adultos que lo necesitan. Ayer domingo un grupo de ocho personas hizo la entrega de pasta dental a niños. Lo peculiar fue que las cajas del dentífrico tenían la foto del presidente Evo Morales.
El 17 de diciembre, desde Isinuta, Chapare, representantes del Conisur iniciaron la caminata rumbo a la sede de gobierno para exigir la anulación de la ley corta que vetó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).