La solicitud del viernes suministra a Velasco el marco legal para el procesamiento de los abogados gubernamentales –un proceso que tuvo lugar por última vez durante los juicios de Núremberg, cuando se responsabilizó como cómplices a los abogados nazis que brindaron cobertura a los crímenes de guerra y contra la humanidad del Tercer Reich.
El CCR preferiría que los casos de norteamericanos se procesaran en tribunales norteamericanos, pero hemos unido nuestros esfuerzos para procesar a los Seis de Bush en el exterior porque dos presidentes norteamericanos en sucesión han dejado en claro que no habrá justicia en suelo norteamericano para los arquitectos del programa norteamericano de tortura, ni para ninguno de sus cómplices.
Gracias a los cables diplomáticos norteamericanos publicados recientemente por WikiLeaks, ahora sabemos por qué ha estado tan llena de dificultades la búsqueda de justicia en el exterior –por qué ha habido tantas demoras y tantos sobreseimientos. El mismo gobierno de EE.UU. que no buscará justicia en el país, ni siquiera cuando la CIA destruye 92 cintas de video que muestra la tortura de detenidos, ha manipulado también la escala de la justicia en otros países.
Durante la presidencia de Bush, EE.UU. intervino para descarrilar el caso del ciudadano alemán Khaled el-Masri, quien fue secuestrado por la CIA en 2003, llevado en avión a Afganistán para ser interrogado como parte del programa norteamericano de “interpretación extraordinaria” –hasta que se dieron cuenta que habían secuestrado al hombre equivocado y abandonaron a el-Masri en la cuneta de un camino de Albania. Un cable de 2007 que ha sido filtrado revela hasta donde han llegado tanto la presión de EE.UU. como la colusión alemana. En público, los fiscales de Munich emitieron órdenes de arresto contra 13 operativos de la CIA, mientras que la oficina de Angela Merkel pedía una investigación. En privado, el Ministerio de Justicia de Alemania y el de Relaciones Exteriores dejaron en claro a EE.UU. que no estaban interesados en procesar el caso. Más tarde, en ese mismo año, la entonces ministra de Justicia Brigitte Zypries hizo pública su decisión de no intentar la extradición, aduciendo la negativa de EE.UU. de arrestar o entregar a los agentes.
¿Descarrilará también la justicia esta tóxica combinación de presión norteamericana y la aquiescencia de un aliado europeo?
Este cable del 1 de abril de 2009, publicado el 1 de diciembre de 2010, muestra como funcionarios de la administración Obama hacen todo lo posible por detener el procesamiento de los Seis de Bush. Se preocupan de que “el hecho de que esta reclamación contra ex funcionarios legales de la administración pudiera reflejar una estrategia de ‘precedente’ destinada a preparar el terreno para procesos contra funcionarios mucho más altos” y se quejan de la “reputación (de España) de invocar liberalmente la jurisdicción universal”. El Fiscal General Javier Zaragoza confirmó a EE.UU. que aunque “probablemente no le quedaría más remedio que abrir el caso”, él no “vislumbra cargos u órdenes de arresto en el futuro cercano”, y “se opondrá a que el caso sea asignado a Garzón” (un juez notoriamente estricto que posteriormente fue sacado del caso).
El juez Velasco, al que le ha sido asignado el caso, ha sido escrupuloso en su supervisión. Siguiendo los procedimientos del derecho internacional, el tribunal español ha solicitado tres veces a EE.UU. “si los actos a que se refiere esta reclamación no están siendo investigados o procesados”, y si es así, “identificar la autoridad procesal e informar a este tribunal el proceso específico por el cual se deben referir las reclamaciones para la acumulación de partes”. Por supuesto, no se ha recibido respuesta alguna a estas solicitudes, porque la administración Obama no tiene ninguna intención de hacer justicia en este caso.
La democracia exige un sistema legal totalmente funcional –un sistema que no ceda ante presiones ocultas o agendas políticas. Confiamos en que el juez Velasco convencerá a los funcionarios de EE.UU. de lo infundado de sus preocupaciones acerca de la judicatura independiente de España, y su respeto por el derecho internacional, y que prosiga con el caso de los Seis de Bush. (Tomado de The Guardian por Progreso Semanal)