Hasta aquí todo correcto y muy didáctico. El problema viene cuando resulta que prácticamente todos los países, excepto Bulgaria, ya dispone de esas leyes para castigar a los infractores. Bastaría con aprovechar lo que ya se tiene, al igual que ocurre con el fraude fiscal, tipificado penalmente pero gozando de una impunidad generalizada a efectos prácticos. A veces, es tan simple como eso: aprovechar y hacer cumplir el extenso legajo que, en teoría, nos ampara y protege. De poco sirve un escudo protector si no se activa por desidia o inacción cuando más se necesita. Lloviendo, aquí sí, sobre mojado.