El Partido Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el COVID-19 con consideraciones muy generales, sin abrir la vía a reformas de profundidad y sin ni siquiera mencionar medidas de un mínimo calado que permitan lograr lo que se necesita en España: mejorar la recaudación haciendo más equitativo el reparto de la carga fiscal sin necesidad de aumentar la presión sobre la inmensa mayoría de la población y las empresas españolas. Es una pena porque se podía haber aprovechado esa iniciativa para generar un debate que planteara la necesidad de adaptar nuestro sistema tributario a los nuevos tiempos haciéndolo más eficaz y justo.
Curiosamente, la única propuesta de carácter concreto que se realiza en la Proposición no de ley es la última, la más polémica y la que puede desviar la atención del necesario debate general: "Eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva".
En su Exposición de motivos la Proposición señala que lo que se persigue es combatir "el deterioro de la conciencia tributaria" algo que quienes la suscriben consideran que es "un nuevo virus que se propaga en tiempo de crisis". Un virus que se presenta como "la incesante solicitud de bajadas indiscriminadas de impuestos, el resurgimiento de la economía sumergida y el quebranto de la confianza en el sistema". Prevenirlo y erradicarlo es justamente el supuesto propósito de la propuesta de eliminar gradualmente el pago en efectivo hasta lograr su desaparición definitiva.
El Partido Socialista se suma así a una propuesta que, como ahora se dice, se hizo viral en el mundo de las finanzas hace muy poco tiempo y que cuenta con el apoyo de grandes multinacionales, fundaciones de grandes financieros, por supuesto de las granes empresas dedicadas a promover la utilización de servicios digitales en la vida económica e incluso servicios de inteligencia e información de Estados Unidos. Basta comprobarlo en páginas web como la de Alianza Better Than Cash.
Se trata de una propuesta que genera bastante confusión porque se presenta simplificando (o incluso ocultando) muchos de los problemas que lleva consigo y las ventajas e inconvenientes que comporta.
Por ejemplo, yo creo que no se podría llevar a cabo en un país, como España, que forme parte de la zona euro, pues las monedas y billetes de euro son de curso legal, lo cual significa que no se puede prohibir que se utilicen para realizar transacciones.
Por otro lado, a mí me parece confuso afirmar que se suprime el dinero en efectivo cuando se impide utilizar las monedas y los billetes como medios de pago. Cuando se utilizan, las deudas se saldan inmediata y definitivamente y por ese se dice que "en efectivo", con dinero "contante y sonante" y no con el que está en una cuenta del banco (llamado dinero bancario porque lo crean los bancos y está bajo la forma de depósitos), el cual necesita ser transferido a otra cuenta para que el pago esté completado. Hasta hace un tiempo disponer de monedas y billetes en el bolsillo o la cartera era la única manera posible de realizar esos pagos "en efectivo" pero hoy día se pueden hacer con el llamado dinero electrónico, con las llamadas tarjetas monedero, por ejemplo, que incorporan el medio de pago a un chip.
Cuando utilizamos cualquier tarjeta de este tipo, el dinero ya no está en la cuenta del banco, ha debido ser sacado de ahí para incorporarse al chip de la tarjeta o incluso han debido entregarse monedas y billetes a su emisor para "recargarla".
Quiero decir con esto que lo que propone el PSOE, como todos los que defienden esa misma propuesta, no es exactamente eliminar el dinero en efectivo sino sólo el dinero legal, el que emite el Estado o, en nuestro caso la Unión Europea, bajo la forma de monedas y billetes.
Si eso se hiciera, lo que se conseguiría sólo sería privatizar aún más la creación del dinero pues, entonces, el dinero utilizable sólo sería el creado por los bancos (que lo crean de la nada, cada vez que dan un crédito) o quienes emitieran tarjetas monedero de cualquier tipo.
La excusa que suele utilizarse para defender esta propuesta es la de combatir la economía sumergida y la comisión de delitos, pero es obvio que se trata sólo de eso, de una excusa. El dinero electrónico permite también realizar pagos ilegales y movilizar dinero al margen de todo control, incluso más fácilmente que las monedas y billetes. Hoy día, por ejemplo, es sumamente fácil hacerse con tarjetas anónimas por unos pocos dólares para ocultar las transacciones a las autoridades.
Quienes deseen combatir la economía sumergida y la corrupción tienen a su alcance otras muchas maneras que no ha defendido con firmeza hasta ahora ni en España ni en los organismos internacionales. Por ejemplo, acabar con los paraísos fiscales, controlar los movimientos de capital, acabar de verdad con el secreto bancario y la banca en la sombra, fortalecer los servicios de inspección nacionales e internacionales, obligar a que las empresas multinacionales actúen con transparencia, y promover reformas fiscales sobre las transacciones financieras, o empezar simplemente por eliminar los billetes de 500 euros, entre otras muchas medidas.
Negarse a que cada día se utilicen más los soportes electrónicos para realizar pagos es absurdo. Sería como intentar hacer un agujero en la playa. Pero eso es una cosa y otra empeñarse en que desaparezca el dinero legal bajo cualquier forma e incluso las monedas y billetes.
Si desaparece, no sólo los individuos sino los propios Estados quedarían a merced de la banca privada que podría atarlos de pies y manos en cualquier momento, bien por propia voluntad o como consecuencia de operaciones criminales. No se garantizaría la eliminación de la economía sumergida porque surgirán vías alternativas para realizar pagos, mediante trueque sofisticado o medios de pago alternativos que so cada día más fáciles de poner en funcionamiento. Se provocaría (como ocurrió en la India) una gran exclusión financiera porque no todo el mundo tiene acceso a la banca o a medios electrónicos; se pagaría más en comisiones de todo tipo por la utilización del dinero; y, aunque se trate de un efecto algo más inmaterial, se acabaría con uno de los símbolos de la soberanía nacional, aunque sea compartida, como en el caso del euro.
El PSOE no ha acertado con esta propuesta, dejándose de llevar por la propagando de una buena parte de los grandes poderes financieros del planeta.
Frente a los inconvenientes de la utilización de las monedas y billetes y ante las limitaciones obvias que tiene su uso en una sociedad con crecientes recursos digitales lo que hay que decidir es la mejor forma bajo la que debe estar el dinero legal, el que crean los Estados y que circula como expresión de una relación social básica que proporciona confianza a los medios de pago. Hacerlo desaparecer es una barbaridad que aumentará la inseguridad, la deuda, la pérdida de autonomía de los individuos y el poder de la banca y los banqueros.
En lugar de acabar con el dinero legal, las nuevas tecnologías permiten que los Estados y sus distintas administraciones (en realidad, no sólo ellos, como ya hemos visto) utilicen nuevos soportes electrónicos que puedan pueden suplir o no progresivamente a las monedas y los billetes, pero sin que desaparezca el dinero legal, por ejemplo, creando monedas descentralizadas y, en nuestro caso, complementarias al euro.
Lo realmente importante hoy día no es el debate sobre la utilización de las monedas y billetes como medios de pago sino quién tienen la potestad de crear el dinero y cómo sustituir el sistema que permite a la banca crearlo de la nada. Este privilegio es el detonante de la deuda que aniquila lentamente a las economías, a las empresas y a las personas, el que realmente permite que se multiplique la economía sumergida más cuantiosa y dañina y no la del minoreo y que se cometan los grandes crímenes financieros.
Plantear la eliminación del dinero en efectivo en España es tener ganas de meterse en un charco secundario más (una consecuencia natural de la falta de estrategia tan habitual en la izquierda española) cuando hay asuntos y propuestas mucho más relevantes para mejorar nuestro sistema tributario, para combatir la economía sumergida y para acabar con los privilegios que tanto daño hacen a la inmensa mayoría de las empresas y las personas.