Ahora están en precampaña de las Elecciones Autonómicas Andaluzas y todavía es pronto para conocer las verdaderas intenciones del gobierno en materia económica, que es lo que más nos preocupa. Un apartado importante de esa política económica afecta a los Ayuntamientos pues son las haciendas municipales las que necesitan medidas de choque, como, por ejemplo, la que puso en marcha Zapatero hace unos meses con el ICO como avalista.
Pero la falta de liquidez agobia a muchos Ayuntamientos y el gobierno planea la adopción de medidas extraordinarias, como el anunciado mecanismo de pago y cancelación de deudas con proveedores de entidades locales, con el que se pretende suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las entidades locales. Pero para el correcto funcionamiento de este mecanismo hace falta contar con una información financiera fiable que permita, entre otras cosas, identificar el volumen real de deuda de los Ayuntamientos con sus proveedores.
El primer paso ya está aprobado y publicado en el BOE, y ha tenido amplia cobertura informativa, pero insisto, solo se trata del primer paso: recopilar información. La concreción de las condiciones del mecanismo de financiación se determinará más adelante (solo se conocen las líneas generales). Por lo tanto, de momento, lo que se exige a los Ayuntamientos es que remitan, antes del 15 de marzo, los listados de las facturas pendientes de pago que les hayan llegado hasta el 31 de diciembre de 2011.
A lo que quizás nadie ha prestado demasiada atención es a la posición de los proveedores en esta primera fase del plan. Según el RD aprobado, las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión en esos listados de facturas. Los que no estén incluidos en la relación, podrán solicitar al Ayuntamiento un certificado individual y éste tendrá 15 días para emitirlo. Expresamente dispone la norma que "el Presidente de la entidad local dictará las instrucciones necearias para garantizar la atención a los contratistas en sus solicitudes, la pronta emisión de los certificados individuales y el acceso a la información remitida".
Y para los departamentos de Hacienda de los Ayuntamientos llegan días de mucho trabajo. No sólo han de preparar los listados de facturas pendientes, sino que los Interventores deberán, a continuación, elevar al pleno de la corporación un Plan de Ajuste, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012, debiendo ser remitido al día siguiente al Ministerio de Hacienda, que deberá aprobarlo. En el caso de Ibi, por ejemplo, posiblemente sea necesario convocar un Pleno Extraordinario con ese objeto.
Y cuando todo esto haya pasado, habrán pasado también las elecciones andaluzas y Rajoy ya no tendrá que temer la pérdida de votos. Entonces será cuando conoceremos realmente el alcance del plan y los sacrificios a los que serán invitados los proveedores que quieran cobrar.
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