Jonathan Lippman, el responsable de todos los jueces de Nueva York, aprobó hoy esta normativa, que llega después de que se conociera que firmas hipotecarias del país podrían haber agilizado los procesos de ejecución de hipotecas con procedimientos ilegales.
Los fiscales generales de 49 de los 50 estados del país mantienen abierta una investigación conjunta para determinar el alcance de esas irregularidades.
A ellos se sumó el lunes el propio Gobierno estadounidense, que ha abierto otra investigación a través de un grupo de trabajo.
La polémica surgió después de que en septiembre se conocieran irregularidades por parte de empleados de entidades hipotecarias o intermediadores a la hora de firmar determinados documentos.
Esto ayudó a acelerar la aprobación de miles de ejecuciones hipotecarias de viviendas de muchos estadounidenses, que se vieron incapaces de pagar sus créditos, afectados por la recesión y el aumento del desempleo.