Solo dos países en el mundo, Argentina y Sudán–en sus dos versiones, del Sur y del Norte– verán destruir su riqueza acumulada durante el año 2024. Efectivamente, los dos países son los únicos en el mundo que reducirán más del 3 por ciento su Producto Bruto Interno, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución que tanto idolatra Javier Milei. El drama es que una gran parte de la sociedad todavía deposita confianza en un programa que reducirá la inflación durante un corto periodo –a expensas de la recesión, la destrucción de los puestos de trabajo y la pauperización de los jubilados– y que terminará en una feroz devaluación que volverá a hundir más al país, profundizando los niveles de indigencia.
En 1975 Argentina tenía menos de un 5 por ciento de pobreza y las empresas más importantes tenían como propietarias a la sociedad: era empresas públicas como YPF, Gas del Estado, entre otras. En 1990 la pobreza, con el menemismo, se había multiplicado por cinco, llegando al 25 por ciento. Ahora Milei la llevó hasta el 52 por ciento en nombre de un sacrificio que sin dudas terminará en estallido
Estamos viendo por estos días en
la Argentina la vuelta de un viejo conocido: el sueño de la derecha
argentina de poder estabilizar su proyecto de exclusión, en democracia y
con elecciones libres: el saqueo (del país, de los bolsillos)
revalidado primero en las urnas, luego con la inacción en la protesta y
nuevamente con las urnas otra vez, en las elecciones legislativas del
año próximo. Pasó con Menem y la ilusión primer mundista (que duró 10
años, condicionando la percepción futura de todo el mundillo político,
sindical y empresarial), pasó con Macri, que se soñó reelecto o
alternándose con Vidal y Larreta para un largo ciclo de hegemonía del
PRO. Sabemos como terminaron ambas experiencias: con Menem huyendo de un
balotaje que perdería por paliza, y con Macri atando su suerte (y la
del país) a un mega préstamo con el FMI, que no le alcanzó para
financiar su reelección. Y está pasando con Milei, alentado por la baja
de la inflación (dibujada, no reflejada en los bolsillos y a costa de la
recesión), el control del dólar, un posible acuerdo con el FMI para que
lleguen fondos frescos (el mismo camino de Macri en 2018, otra vez con
Caputo en los comandos), y el rebote del gato muerto, en pleno año
electoral. Hablamos de expectativas, la realidad es muy otra cosa.
Los empresarios de la
construcción están descubriendo que el motor esencial de su actividad es
la inversión pública (que este gobierno ha anatemizado hasta hacerla
desaparecer), y que su falta no puede ser del todo compensada por un
mayor impulso de la inversión privada; amén de limitaciones objetivas:
¿Quién si no el Estado demandará construir puentes, rutas, escuelas,
hospitales, represas, obras de electricidad o iluminación, redes de agua
potable o cloacas? También los industriales -al menos buena parte de
ellos- que aplaudieron con ambas manos la motosierra del gasto público
(que involucraba necesariamente un recorte brutal a los subsidios a las
tarifas de los servicios públicos) y la apertura económica, y ahora se
ven amenazados por una apertura irrestricta de las importaciones, o la
venta de gas argentino barato a sus competidores brasileños, empeorando
aun más las asimetrías que los perjudican, por una decisión del gobierno
que acompañaron y apoyan. Ni hablar los gobernadores "amigables" que se
ofrecieron gustosos como dadores voluntarios de gobernabilidad que hoy
comprueban que lo hicieron a cambio de nada: desaparecieron las
transferencias discrecionales por fuera de la coparticipación y la obra
pública financiada por la nación, junto con los subsidios al transporte y
el FONID, y el recorte en los subsidios a las tarifas impacta a los
usuarios de sus provincias, y sus propios Estados en tanto prestadores
en su jurisdicción de algunos de esos servicios. Y están comprobando
ahora que podrían volver a quedarse sin presupuesto nacional
actualizado, y por ende en las manos de Milei para que les de lo que
quiera, a su exclusiva voluntad. Ejemplos similares sobran, y se
replican en todas las provincias.
El
empresariado de mayor peso del país no se cansa de dar muestras de
apoyo, y de financiamiento, al actual experimento neocolonial que daña
la viabilidad de la Argentina como país soberano. Da muestras acabadas y
claras de que no le importa ni la soberanía nacional, ni el Estado
nacional, ni la vida y el destino de sus compatriotas. Esa sería la "burguesía nacional". Ese es el capitalismo realmente existente en
nuestro país. Esto ocurre en un contexto donde buena parte del sistema
político "democrático", incluidos sectores del peronismo político,
provincial y gremial, le otorgan por diversos medios gobernabilidad al
régimen antinacional y encuentran siempre la fórmula para que avance y
se profundice la neo-colonia. Por
otra parte, los medios dominantes son los de siempre: algunos se
muestran ofendidos frente a los insultos presidenciales, pero continúan
incansablemente con la religión del establishment local: ir en contra el
espacio de lo comunitario y contra los intereses de las mayorías,
mientras apoyan decididamente la venta o regalo del país y el
desmantelamiento de las instituciones de la salud, la educación y la
cultura.
Mientras tanto el círculo rojo (cuya comprensión cabal de los
procesos políticos y sociales es bastante rústica) gasta a cuenta de un
mejor clima de negocios, y el sistema (institucional, político, en parte
social) se acomoda a la percepción de que el experimento con seres
vivos llegó para quedarse: eso explica la crisis de la CGT, y los
últimos éxitos de Milei en el Congreso sostenidos también -y esta es la
novedad- en las deserciones hormiga producidas en los bloques del
peronismo.Lo hemos dicho antes, y lo
reiteramos ahora: aun cuando ese modelo de exclusión y su circunstancial
encarnación electoral (hoy LLA, antes Cambiemos u otros ensayos
similares, más o menos exitosos o duraderos) se nos presenten como lo
nuevo, no se pueden comprender cabalmente sin entender la porfiada
persistencia de la contradicción principal de nuestra historia política:
los hijos de puta de la oligarquía vernácula contra los derechos
básicos de las grandes mayorías. La vuelta del fascismo y el
autoritarismo al control del Estado en este siglo, inaugurado por la
presidencia de Mauricio Macri y profundizado por Milei pero avalado por
gobiernos veletas como el de Alberto Fernández, se propuso como uno de
sus principales objetivos destruir la reserva moral e histórica del
proyecto conjunto, apuntando a los derechos laborales, la justicia
social, los derechos humanos. Como dijo Rocco Carbone: "Milei no quiere destruir al Estado como tal; quiere destruir el Estado social".