Los derechos de los menores en Centros Terapéuticos

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña por la protección de los derechos humanos de los y las menores ingresados en Centros de Protección Terapéuticos. Ha editado un informe de denuncia con el sugerente título “Si vuelvo, ¡me mato!”. Según esta ONG, bajo la protección y el cuidado del Estado, menores que no han cometido ningún delito pueden sufrir privación de libertad sin orden judicial, malos tratos, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados y amordazados. Pueden verse privados de su derecho a la salud al ser sometidos a tratamientos médicos sin diagnostico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, a veces medicados forzosamente con fines sancionadores. Amnistía Internacional sigue denunciando la falta de legislación estatal ajustada a la normativa internacional que garantice los derechos de estos menores. Sigue sin haber datos actualizados sobre el número de menores, y las inspecciones en los mismos no cumplen, en ocasiones, la periodicidad mínima que establece la ley. Amnistía Internacional se ha encontrado con afirmaciones por parte de la administración central sobre sus limitaciones ante competencias delegadas a las Comunidades Autónomas. Este hecho colisiona con los establecido en la Constitución española, que reserva como competencia exclusiva del Estado garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. La protección jurídica de los derechos humanos de los menores, en particular de aquellos “con trastornos de conducta o en situación de dificultad social”, está en peligro al no existir normas mínimas comunes compatibles con el interés superior de los menores y que puedan ser exigibles en todo el territorio español. Como denuncia Amnistía Internacional, frente a esta situación, las autoridades estatales y autonómicas han mostrado más preocupación por su propia imagen que por una revisión seria de su normativa, políticas y acciones institucionales. En sus intervenciones y declaraciones públicas, algunas autoridades autonómicas han llegado a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social. España debe dar prioridad a este asunto y dedicar los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de los y las menores.