El Gobierno del PP contestó a Rosa Díez que iba a analizar la sentencia de Alfredo Sáenz y que, a partir de ahí, determinaría si modificaba la Ley de Indulto. Añadió que había ordenado publicar en el BOE todos y cada uno de los indultos que concede, con la inclusión del nombre y apellidos de la persona indultada, el tribunal que lo condenó, la fecha de los hechos y de la sentencia, la tipificación del delito, la pena impuesta…, pero que no tenía por qué aportar ninguna motivación del mismo. El Gobierno indicó que la “publicación de más elementos que se han tenido en cuenta para la concesión del indulto (enfermedad, circunstancias económicas, familiares y personales de especial consideración, etc.) puede resultar especialmente gravoso para la persona indultada y atacable desde el punto de vista de la normativa de protección de datos de carácter personal.Y que la competencia de este derecho de gracia, aplicado desde el año 1970, corresponde al Gobierno “como ocurre en la inmensa mayoría de Estados de nuestro entorno”. Valiente excusa que intenta evitar que la polémica siga creciendo.
Pero veamos los últimos insultos aplicados. En el año 2012, a propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, se concedieron 8 indultos a otros tantos condenados por delitos de tráfico y contra la seguridad vial, lo que supone exactamente el doble de los otorgados a lo largo de los cuatro años de la legislatura anterior. El Ejecutivo los justificó en el “marcado aumento en el número de peticiones de este tipo”. El caso más escandaloso fue el concedido el 7 de diciembre de 2012, a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel por el homicidio de otro automovilista y las lesiones a otro ocupante. El beneficiado tuvo como abogado a Esteban Astarloa, hermano del exsubsecretario de Justicia y ex secretario de Estado de Interior Ignacio Astarloa, del despacho Uría y Menéndez. En el mismo bufete trabaja un hijo de Ruiz-Gallardón, aunque en otro departamento. El Ejecutivo se escudó en la Ley de Protección de Datos para no completar esa información ni ofrecer otros detalles que permitan explicar y entender la decisión gubernamental.
El Gobierno del PP rehusó igualmente dar explicaciones de por qué indultó, el pasado 29 de junio del 2012, al exalcalde y a tres exconcejales del Ayuntamiento malagueño de Valle de Albadajalis, todos ellos del PP, que habían sido condenados, en 2009, como autores de un total de 31 delitos de prevaricación urbanística, a penas de entre 3 y 10 años y medio de cárcel. También los familiares del Yak-42, protestaron “furiosos” contra los indultos del PP. Consideran una “burla” los indultos a los “delincuentes” que “profanaron” los cadáveres de sus muertos bajo el mando de Federico Trillo. “Así no, Rajoy –declararon–. Esto es una burla”. Y se mostraron indignados ante el indulto del Gobierno a los dos condenados. “No se puede deshonrar así la memoria de 62 personas que dieron la vida por España” proclamó Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, acompañado por una treintena de familiares. Y se preguntó cómo el Gobierno puede indultar a dos “delincuentes”que “profanaron” los cadáveres de sus compañeros muertos y firmaron unas actas de identificación que se demostraron falsas.
Aparte de calificar de arbitraria y censurable la medida de gracia, Jueces para la Democracia, en un manifiesto que firman 180 magistrados, cree que estos indultos“pueden obtener una impunidad poco comprensible” y provocan “perplejidad en la ciudadanía” La asociación de jueces denuncia “el número creciente de indultos que afecta cada vez más a cargos públicos y a policías, con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a sí mismo”. Lo mismo que ocurriera con los indultos concedidos por el gobierno socialista de Zapatero.