La Unión de Guardias Civiles, (UniónGC), una organización asociativa que cuenta con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha denunciado una vez más la falta de medios humanos y materiales que están sufriendo los agentes, en “una situación próxima a la indigencia”, según indican. Vehículos antiguos, ausencia de chalecos antibala y falta de cursos de formación vitales, así como de ejercicios de tiro, engrosan la lista de carencias que lleva a estos guardias civiles a sentirse en una “situación de abandono” por parte del Ministerio del Interior. La Unión de Guardia Civiles así lo ha manifestado en una denuncia por la falta de recursos materiales para el ejercicio de su trabajo. En ella, critican que Interior destinó millones de euros en subcontratar servicios a empresas, mientras los agentes lamentan de no disponer ni de chalecos de protección.
La Unión de Guardias Civiles critica la “desigualdad” del Cuerpo respecto a la Policía y denuncia que, mientras a éstos “se les dota de vehículos nuevos”, a la Guardia Civil se les mantiene “con vehículos que superan, en más de un 30%, los diez años de antigüedad o han recorrido ya más de 200.000 Km”. Asimismo denuncia la situación de abandono por parte del Ministerio del Interior, la falta de cursos de formación, especialmente los ejercicios de tiro, que se practican sólo dos veces al año. Y reclaman que se dote a los guardias civiles de materiales como chalecos antibala”.
“Desde el Ministerio del Interior –se queja el sindicato en un comunicado– se hacen oídos sordos ante las constantes y urgentes necesidades que sufrimos los guardias civiles y se presume innecesaria la dotación de algo tan fundamental como un chaleco antibalas. “El nivel de alarma se ha elevado al 3 (riesgo altamente probable de atentado terrorista) ante la amenaza yihadista y, desde UniónGC, debemos preguntarle al Ministro, ¿qué medidas ha adoptado dicho ministerio para dotar a los guardias civiles de material necesario de autoprotección? La respuesta es: ninguna”.
El sindicato critica que se emplee “33 millones de euros” en subcontratar a empresas privadas la seguridad de prisiones estatales y no se doten a los guardias civiles de los recursos necesarios para su labor, lo que califican su situación “próxima a la indigencia”.