Entre diez y quince inmigrantes indocumentados se fugaron este lunes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia tras organizar un motín y herir a nueve policías nacionales, a tres de ellos brutal y seriamente.
En lo que va de año hubo cinco rebeliones similares en distintos centros españoles, en los que esos extranjeros indocumentados recibieron apoyo moral de colectivos afines a Podemos.
Debe reflexionarse sobre la inmigración irregular, que además agrede a los agentes del orden españoles: un diez por ciento de la población viviendo actualmente aquí es extranjera, pero en las cárceles son el treinta por ciento de los reclusos.
La exjuez y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aplaude y considera héroes a los que ocasionalmente hieren a guardias civiles al asaltar las vallas de Ceuta y Melilla para entrar a la fuerza e ilegalmente en España.
Quienes los apoyan justifican estas actitudes al recordar que los emigrantes españoles en los años de mayor pobreza del siglo XX fueron bien acogidos sobre todo en América, por lo que piden el agradecimiento de sus descendientes.
Olvidan que aquellos países sólo aceptaban a personas con visado expedido tras acreditar ausencia de causas penales, buena conducta probada, firmada por párrocos y alcaldes, y presentar una invitación notarial de alguien con bienes suficientes para avalarlas.
Quienes entraban ilegalmente o cometían un pequeño delito, incluso de opinión, eran deportados como le ocurrió por anarquizante a Julio Camba en Argentina.
De ahí que el emigrante español, que frecuentemente empezaba durmiendo bajo el mostrador de una tienda o del galpón de un cobertizo de su avalista, fuera reconocido como honrado.
Esa parece ser la inmigración deseable para cualquier país, y hasta Donald Trump ha reducido sus amenazas de deportar a once millones de inmigrantes ilegales en EE.UU. a unos 2,5 o tres millones con antecedentes penales.
Y aquí, ¿qué debe hacerse con los que atacan y hieren a quienes nos protegen, y qué debe pensarse de quienes les ayudan?
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SALAS