Las demandas de los jubilados superan los 460.000 casos, que se incrementan a razón de 100.000 por año. Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sólo ha estado pagando menos de 20.000 sentencias anuales. El tiempo transcurrido entre el inicio de las demandas y el efectivo pago resarcitorio se mide en años y siendo que los reclamantes son personas de edad avanzada, muchos de ellos no alcanzan a ver cumplido su anhelo de justicia.
Afortunadamente, esta actitud de extremo sadismo ha provocado dos importantes reacciones en la Justicia. Por un lado, un fallo de la Sala II de la Cámara Federal ordenó investigar la responsabilidad penal del director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, y del gerente de Atención de Reclamos Prestacionales, Juan Pablo Pantorotto, por el incumplimiento en el pago de una sentencia favorable a un jubilado, tras una intimación hecha por los jueces del fuero de la seguridad social. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia pidió explicaciones a la Anses por la acumulación de juicios impagos y la emplazó a informar, dentro de los 30 días, cuántos reclamos de jubilados y pensionados tiene pendientes, qué cantidad de sentencias no está cumpliendo y con qué recursos cuenta para hacer frente a esos juicios. Con muy buen criterio, la Corte considera que la Anses se comporta arbitrariamente cuando obliga a los jubilados a iniciar decenas de miles de juicios por cuestiones que ya fueron resueltas en similares casos anteriores y cuando apela sentencias en primera y segunda instancia alineadas a la jurisprudencia ya sólidamente establecida por la propia Corte.
Como informó La Nacion, el máximo tribunal ha advertido que a medida que se van sumando los fallos en favor de los sufridos integrantes de la llamada clase pasiva, la Anses demora cada vez más en pagarlos. No caben dudas de que no pagarles a los jubilados es una forma de poder exponer un resultado fiscal menos preocupante para sustentar el tan mentado "modelo" kirchnerista. En el mismo sentido, el Gobierno vetó la ley que elevaba la jubilación más baja al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, mientras dilapida los fondos de la Anses para financiar proyectos como el de Fútbol para Todos, otorgar préstamos a empresas en problemas o enfrentar las necesidades fiscales de un Estado dispendioso.
La lentitud de la Anses para liquidar los fallos se hizo más marcada aún durante el corriente año. Según cifras del organismo, en los primeros cinco meses se liquidaron sólo 3755 sentencias, menos de la mitad de las liquidadas en igual período de 2010, cuando se lo hizo en 8559 casos. Según lo que se había previsto en el proyecto de presupuesto, para todo el año habría partidas para pagar 20.000 sentencias. Es insuficiente a la vista de las sentencias ya dictadas o las que se deberán dictar en lo inmediato, pero aún para llegar a esa cifra debería triplicarse desde junio el promedio mensual de liquidaciones.
Ya hemos planteado en esta columna que resulta cruel, injusto y oneroso obligar a las personas mayores a recurrir a abogados y someterse a los tiempos de la Justicia en una etapa de la vida en que el tiempo forzosamente se angosta. También nos hemos preguntado si la actitud del Gobierno de negar a los jubilados lo que les corresponde después de una vida de trabajo y de aportes no es una macabra especulación a la espera del fallecimiento de quienes ni aun habiendo obtenido sentencias judiciales favorables han podido percibir lo que les correspondía. Puesto que la edad de las víctimas -no cabe llamarlas de otra manera-, la razón que las asiste y los fallos favorables no han conmovido a las autoridades, corresponde a la Justicia adoptar las medidas para poner término a este suplicio y castigar a los responsables.
Fuente: lanacion.com.ar