Otro de los nombramientos que llaman la atención es el de Josep Borrell como ministro de Exteriores. En el año1984, se situó al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda y durante siete años lideró la modernización del fisco. En su lucha contra el fraude fiscal, se atrevió a perseguir incluso a famosos como Lola Flores o Pedro Ruiz. También ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente en las dos últimas legislaturas del Gobierno de Felipe González desde 1991 hasta 1996. Josep Borrell es capaz de recibir casi en la misma proporción alabanzas y críticas. Como ex presidente del Parlamento Europeo, es la fuerte apuesta de Sánchez por Europa. Con este ministerio, sin duda intentará que el continente le dé el visto bueno pero, en Cataluña, se ganó un problema al acercarse y no rechazar a Ciudadanos y a otras organizaciones más cercanas al PP que al PSOE o, en general, a la izquierda. El Periódico tituló: “Sánchez confía Exteriores a Borrell, látigo del procés”. Y La Razón: “Sánchez elige a Josep Borrell como ministro de Exteriores para frenar la internacionalización del procés”. Borrell tuvo un papel protagonista en la manifestación organizada por Societat Civil Catalana, que pretendía demostrar que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Y fue llamado a declarar como testigo por la Audiencia Nacional que investigó las indemnizaciones millonarias adjudicadas a Abengoa –empresa de la que fue presidente del consejo asesor internacional– poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores. Sin embargo, no llegó a ser imputado.
Con Teresa Ribera, la nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, encargada de dirigir las áreas de energía, agua, medio ambiente y cambio climático en el nuevo Gobierno, el presidente Sánchez lanza un guiño a los ecologistas: abre una nueva etapa y anuncia un giro de 180 grados respecto a las políticas medioambientales y energéticas de Rajoy. Sin embargo, en el intachable currículo de Teresa Ribera hay un pequeño borrón: en octubre de 2009, cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en el último Gobierno de José Luis Zapatero, la nueva ministra firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dio luz verde al almacén de gas Castor, cuya construcción provocó casi mil terremotos en la zona de Castellón y obligó al Estado a cesar su actividad y posteriormente a indemnizar a la empresa propietaria —propiedad a su vez de la constructora ACS—aunque el cierre se produjera por una negligencia.