La semana marítima nos confirmaba un secreto a voces, la dichosa Sentencia del Tribunal Constitucional, la famosa 185/95 que obliga a las autoridades portuarias del Estado a devolver más de 400 millones de euros, o lo que es lo mismo, más de 65.000 millones de pesetas. Y ustedes se preguntarán pero qué han hecho los pobres directores o presidentes de los puertos para que les haya tocado esta particular multa, cual si de una casilla del Monopoly se tratara. Pués realmente nada, aplicar una ley que los políticos, legisladores y demás convidados de este particular engendro no hicieron bien. El Parlamento de la época, hace más de quince años, había olvidado que el dominio público portuario pertenece a todos los españoles, y por tanto, el uso y utilización del mismo devenga un tributo, llamado tasa, el cual tiene que venir regulado por una ley votada en las Cámaras legislativas y no aprobada como se hizo, por Orden Ministerial (por un Ministro). Claro que el Ministro de turno cualquiera sabe dónde está ahora, con qué pensión por vida se habrá quedado y cuántos euros cobrará por conferencia impartida o libro firmado. El detallito, un auténtico error de “bulto”, que ya habían anunciado diferentes profesores universitarios en su momento, nos va a costar a todos los españoles varios cientos de millones. Los platos rotos no siempre los paga quien los rompe, probablemente ya nadie se acuerde de los diputados que conformában aquella Cámara donde se cometió el error de permitir estos fallos, ni si quiera de cuál era el partido que gobernaba. La verdad, que si bien la tecnocracia es inconcebible en un régimen democrático, la falta de formación profesional y académica de algunos dirigentes, produce estos gazapos, que probablemente se sigan produciendo en un futuro, ya que a pesar del gran número de parlamentarios y parlamentarias que nos representan, la realidad es que la disciplina de voto no permite cuestionar, ni si quiera debatir, lo que ya viene cerrado de antemano con el voto positivo o negativo del correspondiente portavoz.En definitiva, en lo que a nuestro puerto de Cádiz nos corresponde, éste está obligado a devolver un total de 18 millones de euros, de los que 11 se corresponden realmente con la tarifas cobradas de forma indebida, más otros 7 millones de intereses. ¿Aprenderemos de los errores? – Sinceramente creo que nó, especialmente si seguimos con las mismas maneras y la preponderancia de los criterios políticos sobre los de la eficiencia en la regulación del sector. Al final… alguien pagará, el más tonto por supuesto.
Artículo publicado hoy en
DIARIO DE CÁDIZ.