Al enfrentarse con la crisis actual, algunos políticos y empresarios, con la excusa de salvaguardar su intimidad, se resistieron a revelar su sueldo. En cambio, los diputados de las Cortes que exigían un recorte “profundo” del gasto público sí reclamaron el pasado martes conocer el sueldo de algunos gerifaltes de las finanzas. Gaspar Llamazares pidió al Gobierno que facilitara las “remuneraciones públicas anuales” del Gobernador del Banco de España “desglosadas por conceptos”. IU se adelantaba así a las medidas anunciadas por otras formaciones para romper la opacidad que, “por tradición”, rodeaba a la retribución pública de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuyo sueldo se mantenía en secreto. “En la legislatura anterior –recordó Joan Herrera, portavoz de ICV– solicitamos que su salario se hiciera público y el Gobierno se negó, de forma insólita y lamentable”. También él reclamó conocer el sueldo, renta y patrimonio del Gobernador. “Es impresionante –se lamentó– que lo desconozcamos de alguien que se dedica a hablar de reformas laborales, cuando es un cargo público y debería ser absolutamente transparente. Es un ejemplo de desfachatez”.
Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España.
Extraordinariamente sorprendido se mostró Joan Ridao, del ERC, de que no se conociera este dato. “Hay que hacer pública esta cifra –exigió– y aplicarle la rebaja del 15 % del salario”. José Antonio Alonso, portavoz del PSOE, proclamó que las retribuciones del gobernador del Banco de España deben ser tan públicas como las de cualquier otro servidor público. Incluso la portavoz del PP en la Cámara se unió a esta demanda. “No sé si está regulado o no –declaró Soraya Sáenz de Santamaría–, pero no debe haber ningún problema para conocer el sueldo de los que son servidores públicos”. En cambio, CiU se mostró más reservado. “En este momento –replicó Joseph Antoni Durán i Lleida, portavoz del Grupo Catalán–, por desgracia, hay cuestiones más importantes a las que prestar atención hablando de sueldos”. Según Pedro Aspiazu, portavoz económico del Grupo Vasco, con la crisis, se han roto muchas tradiciones. “Y no entiendo el silencio en torno al sueldo del Gobernador del Banco de España”. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, reprochó a Fernández Ordóñez que “se permita el lujo de decir que es necesaria una reforma laboral para abaratar el despido mientras apela a que es tradición no comunicar su sueldo”. “Por encima de las tradiciones –zanjó Díez–, está la Ley. La mejor tradición democrática es la que defiende la transparencia y el control público. Lo mismo sobre las sociedades públicas que sobre el Banco de España”.
Fachada del edificio de la calle Alcalá del Banco de España.
Al día siguiente, miércoles, ya se conocía el dato: el gobernador del Banco de España se había recortado un 15% de su sueldo y cobraría, a partir de junio, 165.026 euros brutos anuales. Miguel Ángel Fernández Ordóñez había adoptado esta decisión para alinearse con el recorte de los salarios en las administraciones públicas. Iniciativa que emulaba la medida que Zapatero anunciaba en el Congreso sobre una reducción de sueldo para los altos cargos del Ejecutivo. Sin embargo, de puertas para adentro, el Banco de España no parece haber hecho grandes sacrificios. Porque, mientras el Fondo Monetario Internacional apremia a España a rebajar el gasto, sus altos directivos siguen cobrando altísimos salarios y sus condiciones son conocidas por su excepcional generosidad. No es un secreto que el FMI, la OCDE (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica) el Club de Países Ricos, el BCE (Banco Central Europeo), y la CE (Comisión Europea), que impuso a España el recorte en el gasto, tratan a sus funcionarios con el máximo mimo y ni mencionan la congelación salarial. Sus sueldos se pagan con las aportaciones de todos los Estados miembros y los salarios son libres de impuestos gracias a los acuerdos internacionales. Las remuneraciones de los cargos de más responsabilidad, son estratosféricas. Un jefe puede llegar a ganar entre 140.000 y 275.000 euros limpios, sin contar las ayudas a la vivienda y a las familias aparejadas a estas retribuciones, igualmente concedidas por el Banco de España. El regulador bancario español, que ha insistido muchas veces en la necesidad de contener el gasto y ha aplaudido la eliminación de los 2.500 euros del cheque-bebé, ofrece a sus empleados un complemento de 991,14 euros anuales como ayuda familiar, aunque no se tenga descendencia. Además de otras prestaciones que aumentan con la edad de cada uno de los descendientes.
Lo primero que me llama la atención del recorte de Zapatero es la elección de las víctimas para salir del apuro económico. No ha comenzado con los más ricos y millonarios que deja para el final, sino con los funcionarios, pese a no ser ellos los que provocaron la crisis. Ellos serán los primeros en pagar los ajustes que se suponen necesarios para salir de ella. Más de siete millones de funcionarios, pensionistas, padres con hijos recién nacidos y personas dependientes serán los afectados más directos del ahorro de gasto aprobado el jueves por el Gobierno. Al ser conscientes de la gravedad de la situación, no se enfrentan con la medida gubernamental ni se niegan a arrimar el hombro para salir de la crisis. Pero ven injusto que sean ellos, la mayoría de clases medias y bajas, los únicos que tengan que pagarla, mientras que otros organismos, como los bancos, recibieron ayudas del Estado y fueron mimados para que continuaran su negocio, sin que nadie les haya obligado a aportar su granito de arena. Tampoco las clases más altas y las empresas con más beneficios. En cambio, los funcionarios asumirán el 45% del recorte de 15.250 millones aprobado por el Gobierno. Y, en el 2011, se congelará la pensión de cuatro millones de personas. Las medidas aprobadas recibieron el aplauso de la patronal y la crítica de los sindicatos, cada vez ven más propensos a una huelga general porque no entienden que las víctimas de la crisis sean las que tengan que pagarla, mientras los culpables se hacen los suecos.
Durante su intervención en el II Foro para el Debate de las Ideas, organizado por la Universidad de Almería, Felipe González asegura que algunos partidos de la oposición “no quieren mojarse” ante la necesidad que tiene España de reducir su déficit público. El ex presidente del Gobierno advierte de que el país “no está para ponerse de perfil para que no le vean” y añade que es “la hora de la verdad”, no sólo para el Gobierno sino también para la oposición. “Hay que pasar de la literatura a las matemáticas –advierte González–, y no caer en las frases hechas para quedar bien”. En respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre una posible subida de impuestos a las personas con mayor patrimonio, González reconoce que hay que buscar fórmulas para “repartir equitativamente” la carga fiscal. Y apunta que España presenta una sobre el producto bruto “bastante por debajo” de la media europea, algo que, a su juicio, tiene que ser “corregido”.
Zapatero, contraataca a García-Escudero.
El martes, en el Senado, se registra una de las broncas más sonadas entre los senadores del PP y los del PSOE. La sesión de control al Gobierno finaliza con palmas, gritos, abucheos… El PP llama “incapaz” al presidente, además de “anti-social”, “esquizofrénico” y unas cuantas lindezas más. El enfrentamiento entre García-Escudero y Zapatero se salda con insultos de ida y vuelta. “¿Dónde está el que hace cinco meses iba a enseñar a Europa a salir de la crisis?”, se mofa el primero. “¿Dónde, el gran defensor de los derechos sociales de los pensionistas?”, sigue mofándose “¿Dónde queda, señor Zapatero, porque le estoy mirando y no le reconozco?”. Después de reclamar elecciones anticipadas y de asegurar que “no está en condiciones de liderar nada”, el presidente del Gobierno le responde en su turno de réplica: “A usted no le preocupa el déficit, ni España; le preocupan las elecciones. Y les diré una cosa: perdieron las de 2004, perdieron las de 2008 y perderán las próximas”. En ese momento, la bancada socialista se levanta para aplaudirle mientras que los senadores populares gritan: “Zapatero dimisión”. Tras varios minutos de aplausos, gritos y golpes en los escaños de la cámara, el presidente del Senado, Javier Rojo, califica de “lamentable” la imagen que están dando a la sociedad. “A mí, personalmente, me parece que es lamentable… No se puede tolerar este comportamiento que estamos teniendo en la Cámara”. Zapatero mira, ciego de ira, a García-Escudero, mientras él recibe las miradas de de las socialistas Ruth Porta y Carmela Silva, en la fila superior a la suya.
El Consejo de Ministros del viernes aprueba al fin las primeras medidas que entrarán inmediatamente en vigor. Tanto el personal administrativo como médicos, jueces, profesores, policías y militares, carteros, inspectores de Hacienda sufrirán una rebaja media del 5 % de su sueldo. El recorte llega al 15%, aplicado a los que más ganan como a miembros del Gobierno. Los 91.982 euros brutos anuales de Rodríguez Zapatero se quedaban reducidos a 78.185 (1.150 euros brutos menos al mes). El tijeretazo de este año supondrá un ahorro en el medio año que queda de unos 2.250 millones. En 2011, el ajuste se calcula en unos 4.500 millones. En total, el ahorro en personal se estima en unos 6.750 millones, más de un tercio del ajuste total. Fomento asume otro tercio. Los pensionistas (8,6 millones) serán el mayor colectivo afectado por el ajuste, lo que supondrá un ahorro de 1500 millones. La congelación no afectará a las pensiones no contributivas ni tampoco a las pensiones mínimas. Igualmente, se endurecen las condiciones para el retiro. Las ayudas a la dependencia ya no serán retroactivas. En la Sanidad, las recetas serán más baratas y eficaces. Se esfuma el objetivo del 0,7% del PIB. Desaparece el cheque bebé en 2011…
Imagen de Rajoy ante el supuesto hundimiento del Gobierno socialista.
El PP presenta una alternativa al ajuste del gasto en la que se eliminan cinco ministerios o se integran en otros (Política Territorial, Vivienda e Igualdad, Cultura, Sanidad…) y se revisan en profanidad las subvenciones públicas, concretamente, las ayudas a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales empresariales. Los socialistas manejan un documento en el que analizan las propuestas que el PP llevó al Pacto de Zurbano. Pero, según las cuentas socialistas, tales medidas aumentarían el déficit en 15.000 millones, la misma cantidad que ahora se quiere ahorrar. El PP lleva meses reclamando un corte del gasto público, cuantificado en 10.000 millones. Ahora que lo ha conseguido, se levanta como el defensor de los gastos sociales pero, en el pleno del Congreso, se niega a apoyar a Zapatero por recortar el salario de los funcionarios y eliminar el “cheque bebé”, iniciativa que fuera criticada por el PP cuando se presentó. El PP no está dispuesto a ayudar al Gobierno. “Nuestra gente –declaran sus afiliados– quiere que Zapatero se vaya como sea. Creen que es una urgencia nacional. No tiene sentido respaldarle ahora, cuando sólo queda que pida elecciones anticipadas. Y no tardará mucho en hacerlo”.
Rostros del PSOE en el Congreso de los diputados.
La tensión es muy alta en el Congreso, pero, tras el pleno, disminuye. Tanto los parlamentarios como los alcaldes, concejales y demás cargos de la administración local, acuerdan recortarse los sueldos de forma gradual hasta un 15%. La medida es apoyada por unanimidad por todos los miembros de la dirección de la FEMP, reunidos el pasado martes en Madrid. Por otra parte, en el Congreso hay unanimidad para recortar un 10 por ciento los sueldos de los diputados. Porcentaje que sube al 15 por ciento en el caso del complemento del que disfruta el presidente de la Cámara, José Bono. El mismo esquema se aplicará en el Senado.
ERC, IU, ICV, BNG y NaBay proponen ajustes progresistas.
EL PSOE gana en las Cortes por la mínima de un voto, pero la izquierda muestra a Zapatero otra forma de salir de la crisis. ERC, IU, ICV, BNG y NaBai proponen ajustes “progresistas” para recaudar 8.000 millones de euros más Los ocho diputados que forman los cinco grupos citados explican su iniciativa que incluye una reforma del impuesto sobre la renta, cambios en el impuesto de sociedades para que las empresas que ganan más de 100 millones de euros tributen al 35 %, recuperación del impuesto sobre el patrimonio para quienes superen el millón de euros, supresión del régimen fiscal para algunos trabajadores, limitación al 5% de la participación en las sociedades de inversión variable (SICAV) que gestionan grandes patrimonios, creación de un nuevo tributo sobre las operaciones bursátiles en el mismo día “para desincentivar los ataques especulativos” y otras medidas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal. Son grupos que “no se resignan” a que la reducción del déficit público se haga únicamente ajustando el gasto, como manifestó Uxue Barkos, la portavoz de NaBai, razón por la que presentan una amplia reforma fiscal “progresiva y progresista” capaz de sacar al país del “camino de la recesión, la movilización y la contestación social”, según dice el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Sólo con la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, eliminado por el Gobierno socialista, se recuperarían, según Herrera, unos ingresos anuales de 1.500 millones que habría hecho innecesario el ajuste sobre las pensiones. Pero ninguno de sus ajustes es tenido en cuenta por la mayoría de diputados.
José Ignacio Torreblanca.
“Si España quiere tener algún futuro –escribe José Ignacio Torreblanca, profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia–, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto. En el año 2009, España no solo invirtió el triple que Alemania en infraestructuras (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que, como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin ‘el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento’. Mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos. Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales. Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante”.
“No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986 –añade Torreblanca–, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras. Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias. Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente Zapatero de que los cántabros no tolerarán ‘la humillación’ (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo. Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como ‘un precioso país lleno de autopistas vacías”.
Y mientras los diputados del Congreso debaten sobre el ajuste propuesto por el Gobierno para reducir el déficit, otros políticos, como la 'lideresa' Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien cobrará tras el recorte 89.967 euros, unos 12.000 más que el mismo jefe del Gobierno, presume de austeridad y anuncia que sus consejeros “van en muchísimas ocasiones en Metro” e irán en coches de gama “media-baja”. Aguirre vuelve a acusar a Zapatero de ser “el más despilfarrador de todos los países europeos”. Aprovecha su presencia en la cadena de los obispos para cargar contra la política educativa del Gobierno. Y aprovecha el anuncio de la rebaja de salarios para pedir perdón por haber dicho en la Asamblea que ella era “pobre de pedir”. Declaraciones que le valieron duras críticas.
Coches oficiales de la comunidad de Madrid ocupan la Puerta del Sol, peatonizada.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid recortó el gasto en 1.041 millones para el año que le queda antes de las elecciones municipales. El ahorro es equivalente a un 20 % del presupuesto local. El alcalde, Ruiz Gallarón, que gana más que Aguirre y que el presidente del Gobierno, se rebaja igualmente el 15 % de su sueldo, lo mismo que los concejales y los altos cargos municipales. El Ayuntamiento de Madrid rebaja el número de coches oficiales –de 167 a 57– para sus altos cargos. Además, se renegociarán los contratos para cambiar los automóviles por otros de menor gama.
Por toda España se oyen las risotadas de Francisco Camps y de Rita Barberá. El presidente de la Comunidad valenciana insiste en su inocencia. “No hay nada que ocultar –asegura, intentando demostrar que todo es un falso montaje–. Cuando se sepa la verdad, los acreedores deberán pagarlo”. Señala que, durante los siete años que preside la Generalitat, no ha dejado de trabajar al servicio de los ciudadanos, “mal que les pese a los socialistas, que han abandonado la política y se han dedicado solo al insulto y la crispación”. La alcaldesa de Valencia le apoya, atacando con un lenguaje directo y descarado a todo aquel que duda de President . Se refiere al presidente Zapatero como “un incompetente, ignorante, inmoral y miserable”. "Comprendo –añade– que su mujer no pueda más. Tiene que estar harta”. Desde Génova, 13, el líder del PP calla y en el partido exigen que “reaccione” cuanto antes. El juez Pedreira ve indicios de siete delitos graves en el Govern de Camps y envía parte de la causa al TSJCV.
Pero, dejemos ya la dura realidad política de esta crisis para reírnos a pierna suelta de su triste sombra. Cinco dibujos que sirven como aperitivo.
Cinco más de Manel Fontdevila: No, sin mi chófer, Valencia-Madrid, Grades acuerdos, FMI y Medidas valientes).
Otros cinco de Territorio Vergara: Estrecheces, Aprobado el tijerazo, Es un montaje, Desgaste y De cajón.
Y los cinco últimos, de Pep Roig: Patriomusical insonoro, Alegría, alegría, Ajustes desde abajo, El poder del poder y Solidaridad.
Y, para terminar, tres vídeos de recuerdo.
Monumental bronca en el Senado.
Las cosas de Buenafuente.