Los recortes en Educación Pública constituyen una amenaza para el futuro del País

Luchamos por el 6% del PBI para la Educación Pública y la Universidad  Pública nacional  .
Luchamos porque la educación no es un gasto, sino una inversión en futuro.
La educación no debe ser cuestión de gobiernos, ni de acuerdos multiplartidarios, ni de organismo internacionales de crédito, sino de defensa de un derecho humano fundamental.
Se miente al pueblo cuando se habla de aumentos salariales que no son reales y se oculta que el gobierno no plantea ninguna inversión real en la educación pública para el próximo quinquenio.
Los docentes seguiremos luchando por la educación pública -aunque se quiera intimidar con decretos de esencialidad-, por mejorar nuestras condiciones de trabajo y las condiciones de estudio para nuestros niños y jóvenes
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
arias, así como los intensos tijeretazos en ayudas a las familias y al alumnado, en las partidas para gastos de funcionamiento, equipamiento e inversiones en centros públicos, que han ocasionado un retroceso presupuestario, en los derechos laborales y en el derecho a la educación, a la igualdad, sin precedentes.
Son recortes muy significativos, el “sinceramiento” económico ordenado por Mauricio Macri amenaza con dejar sin presupuesto a la estatal Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina y casa de referencia académica en América Latina. Los decanos han advertido que la partida aprobada por el Congreso en diciembre no tuvo en cuenta las subidas de hasta 700% en las tarifas de electricidad, gas y agua, decretadas por el Ejecutivo el 1 de abril, y la inflación, que se ha disparado hasta un 30% interanual desde enero. Desde el Rectorado de la UBA, un vocero dijo que el dinero asignado “alcanza hasta agosto”, mes en el que ya no habrá suficiente para saldar los costos operativos. El Ministerio de Educación, por el momento, no tiene en carpeta asignar dinero extra, pero una fuente ha confirmado el inicio de conversaciones con el Ministerio de Energía para eximir a las universidades nacionales, incluida la UBA, del pago de los aumentos tarifarios.
l problema es complejo. La UBA, dirigida por el rector Alberto Barbieri, es mucho más que una universidad donde asisten en forma gratuita 325.000 alumnos distribuidos en 13 facultades. Tiene también 4 colegios secundarios, entre ellos el tradicional Colegio Nacional Buenos Aires, y 4 hospitales escuela indispensables en el sistema de servicio público de salud. Como la intención ha sido que la sangre no llegue al río, las partes han iniciado negociaciones para resolver el problema presupuestario.
“Hoy existe una mesa de trabajo entre la UBA y el Ministerio para ver como destinan algunas partidas destinadas al funcionamiento de los hospitales y también un adicional que contemple el aumento de tarifas. Para empezar, el anterior Gobierno tenía una deuda de casi 300 millones de pesos y éste ha hecho un esfuerzo y la ha saldado en casi un 90%”, explicó Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda de la UBA. Yacobitti confirmó también que están en tratativas para eximir a las universidades nacionales del aumento tarifario, lo que aliviaría las cuentas. La semana que viene, además, el rector Barbieri se reunirá en el Senado con un grupo de legisladores que impulsa una ley para desafectar a las universidades del ajuste en los servicios.
Contra esta degraDIVERSIDAD_3dación intencionada de la Educación, las plataformas por la Escuela Pública y las mareas verdes nos hemos venido manifestando reiteradamente. Y ante esta situación, solo gracias al esfuerzo de alumnado y familias y a la profesionalidad del profesorado, a su compromiso y su perseverancia, la enseñanza pública ha resistido y soportado todos estos envites en los que se ha visto envuelta en los últimos tiempos.
Por ello queremos trasladar un mensaje claro al futuro Gobierno Central y al actual de de Castilla León para que se comprometan con la derogación de los recortes educativos, en una primera instancia, con la recuperación del gasto público educativo y de los derechos laborales del profesorado, intensamente recortados en esos últimos cursos.
Se necesitan compromisos presupuestarios para revertir y aumentar el porcentaje del PIB destinado a la educación que ha pasado de un 5’1% a un 4’23%, por debajo de 2005 y un PIB más bajo la Argentina destina el 0,5% de su PBI a la educación inicial, igual al promedio de la OCDE, mientras que en América Latina se dedica el 0,3%.
Para toda la educación, "la Argentina destina el 6,3% de su PBI, mientras que la media de la OCDE es del 5,6% y de América Latina sólo un 5%."
Sobre todo y en especial prioritariamente el destinado a los centros públicos, tras los intensos retrocesos y dificultades que el profesorado, el alumnado, las familias y el sistema educativo han padecido en los últimos cursos.libros-texto
La mejora de la educación no se impone con discursos baratos e hipócratas, como el del Ministro en la presentación de los presupuestos en educación: “cualquier recurso empleado en el alumnado es el más rentable de las inversiones”. En la mano llevaba los recortes del Gobierno del PP, que, una vez más, empeoraban las condiciones del profesorado y de su reconocimiento social, de la calidad de la educación y de la atención educativa a nuestro alumnado. Recortes que constituyen una amenaza contra el futuro del País.
Por todo ello es el momento, ahora más que nunca de exigir por el futuro de todas y todos: Una derogación urgente de recortes que dificultan la tarea educativa y la recuperación de las dotaciones presupuestarias para los centros Públicos. Una disminución ratio alumnado-profesorado, para garantizar la atención adecuada a la diversidad y al medio rural. La reversión de las normativas que impiden la creación de puestos de trabajo eliminando la limitación a la tasa de reposición. La cobertura inmediata de sustituciones. La eliminación de los privilegios de la religión en las aulas, sobre todo respecto a ratio y horarios, que choca con una enseñanza pública laica. Un reconocimiento social y laboral del profesorado de la Enseñanza Pública que sustituya la competitividad impulsada por el gobierno de cambiemos, por la cooperación más acorde al trabajo en equipo. El aumento de financiación a las diferentes líneas de investigación, la racionalización de las titulaciones en función del interés público, el incremento inmediato de becas y ayudas y la disminución del precio de las matrículas.
Exigimos, pues, al nuevo Gobierno la reversión en los presupuestos educativos y no  derogación de la ley federal de educación y ley de educación superior con reformas universitarias, como primer paso. Y que se garantice constitucionalmente una inversión de al menos el 6% del PIB en Educación así como la elaboración de nuevas leyes educativas con el consenso de la comunidad educativa y de la sociedad, a la que emplazamos para la participación en su elaboración y en las movilizaciones. El 12 de mayo han planteado manifestaciones en toda la región para conseguir esos objetivos y para que ese Gobierno haga frente a los nuevos recortes de millones de pesos con las  amenaza, que no sea la Educación una marioneta ante los vaivenes económicos y políticos y para que no se vuelva a dar el deterioro que ha sufrido con los recortes brutales de la coalición cambiemos , con la intención última de privatizar y de dejar a la Enseñanza Pública como subsidiaria de los intereses privados.
El legislador porteño Pablo Ferreyra, del bloque del Frente para la Victoria (FpV), quien acompañó la movilización junto a los legisladores, aseguró que "en el marco del ajuste macrista que viene sufriendo el país, las universidades sufren un recorte en su presupuesto que hace peligrar su continuidad".
Los paros y medidas de fuerza, con clases públicas y tomas de facultades, se enmarcan en un plan de lucha de los gremios docentes universitarios que reclaman un aumento salarial de entre 40 y 45 por ciento.
Los gremios rechazaron la propuesta del Gobierno de un incremento de haberes de 31 por ciento, en tres cuotas, con reapertura de la paritaria en junio de 2017.