El esfuerzo del gobierno por negar el lanzamiento de un tarifazo es una poderosa señal de crisis política. En primer lugar, porque los K no pueden echarse atrás. El recurso de echar mano a todas las cajas oficiales se ha agotado. Si bien el Presupuesto 2012 prevé tomar 19.400 millones de los fondos jubilatorios y del Banco Central, a los que se agregan otros 45.000 millones para los pagos de la deuda, esas sumas resultan insuficientes para enfrentar todos los compromisos -entre ellos los 80.000 millones en subsidios.
Tampoco hay síntomas de que vayan a recular. Quedarían afuera del ‘tarifazo' solamente los jubilados que perciben la mínima, discapacitados o beneficiarios de la asignación por hijo o de planes sociales. La estadística oficial reconoce apenas un 15 por ciento de la población como ubicada por debajo de la pobreza y con ingresos inferiores a 1.250 pesos para ser considerado "pobre". El beneficio, en definitiva, sólo quedaría reservado para los indigentes.
Por otra parte, el parámetro de los niveles de consumo de energía no tiene en cuenta los consumos colectivos de varias familias que comparten un mismo hogar o el uso mayor de electricidad por carencia de gas u otros servicios. El hecho de que se someta a un "cruce de datos" quien pueda continuar con ese beneficio da pie a un manejo discrecional.
¿Se reducen los subsdios?
Pero lo más paradójico es que el gobierno acaba de disponer un ajuste de las tarifas de luz y gas que, en ambos casos, pueden duplicar el monto de la factura. Esto significa colocar, de movida, 7 mil millones de pesos adicionales.
Una cuestión parecida se presenta en otros rubros, con los subsidios a biocombustibles. Los derivados de la caña de azúcar o del maíz vienen recibiendo subsidios que ahora deberían aumentar, como consecuencia de los aumentos de tarifas, por un lado, y de los combustibles, por el otro. Quiere decir que lo que los Ledesma y compañía tengan que poner por un lado del mostrador se verá más que compensado con la suba de subsidios del otro lado. Además, la utilización como materia prima de artículos de primera necesidad para la producción de biocombustibles encarece la canasta básica alimentaria.
Un modelo financiero
Durante esta última década, los subsidios sirvieron para sostener un régimen privatizado parasitario. Los subsidios no redundaron en una mejora de las prestaciones, hay falta de inversiones y hasta de mantenimiento, así como la pérdida de reservas.
Las privatizadas pretenden, además, la liberación de las tarifas, lo que ponen como condición para nuevas inversiones. Se retornaría, en este caso, al esquema de negocios del menemismo, con una fuerte deuda con el exterior. Este esquema exige precios internacionales. La tarifa, en otras palabras, no tiene en cuenta el costo de producción, sino la cotización mundial del petróleo y sus derivados, así como la remuneración del capital que financia las inversiones. Una liberación, en la actualidad, supone, por ejemplo, en lo que se refiere al gas, una triplicación del precio si lo comparamos con el combustible que viene de Bolivia o su quintuplicación cuando viene embarcado de otros origenes. Se trata de un nivel tarifario prohibitivo.
El rescate de las privatizaciones menemistas de la quiebra de 2001/2, por medio de subsidios, ha dejado al país sin reservas de combustibles, a lo que se suma el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria o de la flota de aerolíneas, el colapso del sistema de transporte y la obsolescencia energética. Sólo para 2012, los subsidios para la importación de combustibles previstos ascenderán a 20.000 millones de pesos -es decir: casi 5.000 millones de dólares que se van a ir del país, precisamente, en el momento en que los K plantean defender las reservas y evitar su fuga al exterior.
Reconstrucción al servicio de los trabajadores
En lugar de este rescate inservible, que prolonga la agonía de un sistema agotado, es necesario nacionalizar los recursos estratégicos y proceder a una reconstrucción integral de los servicios de gas, luz, transporte y la actividad petrolera bajo el impulso de una amplia intervención y control de los trabajadores.
Pablo Heller