El pasado mes de agosto, el presidente Donald Trump emitió una orden para instruir al Pentágono en la implementación de una prohibición de alistamiento a los transexuales, así como el fin del servicio para aquellos que ya estuvieran sirviendo en el Ejército.
Esta medida generó diversas denuncias por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y de movimientos sociales que consideraban esta normativa un claro caso de discriminación que atentaba directamente contra algunos principios constitucionales.
En octubre, la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, del tribunal del Distrito de Columbia, se pronunció a favor de un grupo de soldados transexuales en activo que denunciaron la propuesta del jefe de Estado y vetó distintos puntos de dicha normativa.
En un principio la Casa Blanca recurrió el dictamen, pero el pasado 11 de diciembre la magistrada se reafirmó en su veredicto al considerar que la Constitución está del lado de los demandantes.
Se especulaba con que el Gobierno pudiera volver a recurrir esta decisión judicial, pero finalmente ha optado por no hacerlo, por lo que a partir del primer día del año que está a punto de comenzar las Fuerzas Armadas deberán aceptar reclutas trasngénero.
"Tal y como establece la orden judicial, el Departamento de Estado está preparado para comenzar a aceptar solicitudes para realizar el servicio militar por parte de personas transgénero a partir del 1 de enero", señaló la portavoz del Pentágono Heather Babb en un comunicado al que ha tenido acceso Efe.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses quedaron abiertas a los transexuales en junio de 2016 por decisión del Gobierno del entonces presidente Barack Obama, pero el reclutamiento de personas transgénero debía establecerse más adelante, tras un proceso de previsión.
En 2016 se calculó que el número de transexuales que servían en el Ejército de Estados Unidos oscilaba en 2016 entre 1.300 y 6.600 dentro de un total de 1,3 millones de integrantes del cuerpo militar, de acuerdo con un estudio encargado por el Pentágono.