Diez años de búsqueda resueltos con una operación que muchos consideran una violación de la soberanía paquistaní. Sobre el papel, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas precisa que una intervención sobre otro país solo se justifica como un acto de defensa propia y con previa autorización del Consejo de Seguridad. En clave interior, una autorización del Congreso americano en 2001 permitía al presidente emplear todas las medidas necesarias contra cualquier «nación, organización o persona» relacionada con los atentados del 11-S.
En ese contexto, Omar Bin Laden, uno de los hijos del ex líder de Al Qaida, ha amenazado con denunciar al presidente Obama por la muerte de su padre. En un comunicado, se reserva el «derecho de perseguir a los responsables» ante la justicia internacional y americana por una acción cuyo objetivo era «matar en lugar de arrestar» a Bin Laden.
Sin recurso ante tribunales internacionales
Amnistía Internacional defiende que EE.UU. debería haber capturado vivo a Bin Laden para ser juzgado por un tribunal. En ese sentido, Esteban Beltrán, director de la sección española, asegura que han pedido al gobierno estadounidense una investigación completa de las circunstancias que llevaron a matar a Bin Laden y la base legal sobre la que se sostiene la «Operación Gerónimo».
Omar Bin Laden no podrá acudir a un tribunal internacional porque Asia no tiene un Tribunal Regional de Derechos Humanos ni tampoco al Tribunal Penal Internacional, que persigue delitos de lesa humanidad o genocidio. La única vía que le queda es recurrir a la legislación estadounidense o paquistaní. Ahí es donde entran en juego los detalles que piden desde Amnistía Internacional.
Consideran desde la organización que la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos debería ajustarse a la legislación de Derechos Humanos, contraria a la intervención que acabó con la vida de Bin Laden. El gobierno norteamericano, por contra, enmarca su estrategia antiterrorista en las leyes de guerra, regidas por el Derecho Internacional Humanitario. Incluso en ese caso, EE.UU. habría cometido una ilegalidad, asegura Esteban Beltrán: «Los cuerpos fallecidos en tierra deben ser enterrados en tierra y nunca antes de recibir una autopsia».¿Defensa propia?
John B. Bellinger, asesor legal del Departamento de Estado durante la Administración Bush, sitúa la acción dentro de la regulación de la ONU al entender que fue un acto de defensa propia contra Bin Laden, que había perpetrado ataques terroristas contra EE.UU. y planeaba otros nuevos: «Si el gobierno hubiera solicitado la extradición probablemente hubiera logrado escapar».
Bellinger se refiere al artículo 51 de Naciones Unidas que, no obstante, no recoge el protocolo a seguir contra grupos terroristas. EE.UU. libra una guerra contra Al Qaida, respaldado por una resolución del Congreso en septiembre de 2001, que autorizaba el uso de la fuerza militar y dentro de las leyes de guerra. Pero Esteban Beltrán avisa de que la interpretación del Derecho Internacional Humanitario la hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, «nunca los Estados». En cualquier caso, insiste en que es necesario conocer todos los detalles de la operación para poder valorar los hechos con exactitud.
Otros juristas creen que Estados Unidos violó el artículo 2.4 de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la violencia «contra la integridad territorial de cualquier Estado». Este es el asunto menos debatido, pues se han publicado informaciones que hablaban de un acuerdo por el que Pakistán permitía a EE.UU. intervenir sin previo aviso siempre y cuando conocieran el paradero de Bin Laden. Pese a los vacíos legales de la «Operación Gerónimo», parece difícil que la amenaza de Omar Bin Laden pueda prosperar. En EE.UU. tienen claro que Obama hizo lo correcto. El 93% de la población aprueban la acción, según Gallup.