Es una evidencia de que la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder aumentó considerablemente; sin embargo, las estructuras patriarcales en todos los niveles dificultan una mayor incidencia y atención de demandas.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
ANIMAL POLÍTICO / 09 de septiembre de 2012
La presencia efectiva de la mujer en la política es anterior a la Ley de Cuotas de 1997, que obligaba a los partidos políticos a incluir en sus listas de candidaturas a diputados y senadores plurinominales en el Congreso Nacional al menos 30% de mujeres.
Uno puede remontarse a tiempos previos a la República y recordar las acciones de Juana Azurduy de Padilla, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza; o a tiempos del liberalismo y los intentos de Adela Zamudio por incidir en la política educacional; sin embargo, no se puede negar que ellas eran casos excepcionales.
Tal vez la presencia de las mujeres en la política, aunque aún no en puestos de poder, aparece con más fuerza durante la lucha contra las dictaduras a través de la militancia en partidos y organizaciones de izquierda como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Partido Comunista de Bolivia (PCB) o el Partido Obrero Revolucionario (POR), entre otros.
Es a partir de la democracia que obtuvieron una serie de victorias formales que se iniciaron con la Ley de Cuotas y que se multiplicaron en los últimos años desde la formulación de la Constitución Política del Estado (CPE). Los avances legislativos más importantes fueron el establecimiento de la paridad y alternancia incluidas en la Ley del Régimen Electoral (2010), el hito de la Ley contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género, y la futura Ley de Despatriarcalización del Estado, aún en redacción.
La paridad y alternancia es expresada de la siguiente manera en la Ley del Régimen Electoral: “Artículo 11. (Equivalencia de Condiciones). La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos: a) Las listas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores, diputadas y diputados, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.
Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Marco Ayala, son las nuevas disposiciones normativas de la CPE y la Ley de Régimen Electoral las que han permitido posteriores conquistas como la Ley Contra el Acoso y Violencia Política y la mayor presencia de mujeres en cargos de gobierno.
Así, dos de los cuatro órganos del Estado están presididos por mujeres: el Legislativo, por Gabriela Montaño (Senadores) y Rebeca Delgado (Diputados), y el Electoral, por Wilma Velasco. No obstante, para Delgado, esos avances normativos son instrumentos y no fines en sí.
Para la analista política María Teresa Zegada, tales victorias son innegables. Los beneficios políticos para las mujeres —argumenta— se multiplicaron a partir de la nueva CPE, los cuales no significarán más que logros formales si es que no se acompaña el proceso de manera fáctica. “Por mérito propio se ha logrado, por ejemplo, que haya mujeres encabezando las cámaras de Diputados y de Senadores, y el TSE, pues no hay ninguna ley que diga que estos cargos deben ser ocupados por mujeres”, razona la especialista, para quien, con esa situación, se está logrando emparejar las victorias formales a un empoderamiento de las mujeres en ámbitos de decisión.
De igual modo, Érika Brockmann, exsenadora por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), destaca los avances “cuantitativos y normativos” que se han experimentado desde los años 90, los cuales, en su criterio, no pueden ser explicados sino por la lucha de las mujeres desde esa época.
Ayala adelanta que para mejorar la inclusión de género, la futura Ley de Organizaciones Políticas “garantizará” la participación de mujeres en los cargos públicos, pero como innovación también se quiere incluir la obligatoriedad de la paridad y alternancia en la democratización de las agrupaciones y partidos políticos.
Sobre la incidencia de agrupaciones de mujeres, Zegada nota un aspecto que no hay que dejar de lado. La académica pone el ejemplo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, cuyos miembros, mientras eran parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), permanecieron en la “completa” invisibilización, sin embargo, en cuanto se separaron y crearon su agrupación paralela, lograron obtener una importante capacidad de incidencia política. “Hay organizaciones sindicales que tienen una visión patriarcal, que siempre ponen a las mujeres en cargos menores. El caso de las “Bartolinas” marca un cambio cualitativo”.
SOMBRAS. Para Cecilia Enríquez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el hecho de que existan mujeres en cargos públicos no significa necesariamente que éstas impulsen una agenda de género. “Aún es difícil para nosotras participar en la vida pública. El porcentaje de mujeres que se dedica a la política todavía es menor; pues, en la medida en que no haya condiciones básicas para ejercer un cargo, se limitará la posibilidad de hacerlo. El tema de la doble y hasta triple jornada (ejercer un cargo, criar a los hijos y atender el hogar) sigue siendo una limitante”, apunta.
Otro obstáculo que existe, y es el subrayado por todos los entrevistados en esta nota, es la predominancia de una estructura patriarcal presente no sólo en el nivel del Estado y de las organizaciones políticas, sino en todos los aspectos de la vida, comenzando incluso por el núcleo de la pareja. Éste es probablemente el escollo más duro por sortear. Delgado señala a la educación y a la mentalidad patriarcal como los mayores enemigos de los avances políticos de la mujer. “No basta con estar en puestos altos; pues, a veces, las conductas patriarcales provienen de las mismas mujeres. Se tienen que hacer reformas en el ámbito educativo”.
Brockmann afirma que otro obstáculo es la falta de una “masa crítica” que impulse las demandas en los niveles municipal, departamental y nacional para que las normas no “se queden en el papel”. Los “grandes obstáculos” para una efectiva presencia política de las mujeres son el caudillismo, el clientelismo y el prebendalismo, dice.
Un aspecto concreto de debilidad que Brockmann pone como ejemplo es que han pasado siete años de la vigencia de una ley para las trabajadoras del hogar y hasta hoy “ni con el discurso de inclusión del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha llegado a regularla”, por lo que las mujeres de ese gremio no pueden contar al momento con un seguro de salud.
“Este caso evidencia que la cuestión no es sólo de número y de ocupar puestos, sino de utilizar esos cargos para materializar acciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres”.
Mary Marca, directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), percibe que, a pesar de la mayor presencia de mujeres en altos cargos, continúan ascendiendo los índices de mortalidad materna, de feminicidio, de violencia de género, de acoso... “La participación de las mujeres no se está traduciendo en un beneficio para ellas. Existe una política de igualdad de oportunidades en diferentes niveles (salud, educación y otros); sin embargo, no se da presupuesto. En resumen, las normas a nuestro favor no se están cumpliendo”, reclama.
Ese problema de no asignación de presupuesto también es apuntado por la diputada Delgado.
Una de las declaraciones más críticas la hizo la coordinadora de Proyectos e Incidencia Política del Cidem, Patricia Bráñez. “Si bien en el nivel central (Ejecutivo y Legislativo) se tiene una buena representación, creemos que estas mujeres se han alineado a las decisiones del Gobierno, lo que seguramente debilita su autonomía al momento de tomar determinaciones, por lo que no están representando nuestros intereses”.
En contraste, afirma que en los niveles departamental y municipal las representantes han tenido una mayor incidencia en las decisiones políticas, pues “están en contacto directo con la población y tienen que responder a sus organizaciones”.
Los avances en cuanto a presencia de mujeres en ámbitos de poder se dispararon desde la nueva CPE, sin embargo, las enraizadas estructuras patriarcales presentes en todos los aspectos de la vida desde hace siglos (pues no son privativas de la cultura occidental, sino que ya estaban presentes desde tiempos precolombinos) pronostican que se tratará de un proceso cultural lento.
‘La nueva Constitución posibilitó el avance’: Rebeca Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados
La construcción colectiva de la nueva Constitución Política del Estado es la que ha permitido muchos avances en el tema de género, tanto en materia constitucional como legislativa, y no sólo con la presencia paritaria en la representación, la cual ha sobrepasado las expectativas, sino también en los espacios de toma de decisión estatales.
‘Disposiciones jurídicas facilitaron avances’: Marco Ayala es vocal del TSE
Las nuevas disposiciones jurídicas existentes en Bolivia —desde la Constitución Política del Estado a la Ley de Régimen Electoral (2010)— son las que han dado pie a que se realicen otros avances normativos a favor de la presencia política de la mujer; sin embargo, también existen dificultades como el acoso, la discriminación y la desconfianza hacia sus capacidades.
‘Paridad y alternancia no se cumplen del todo’: Mary Marca es directora del Cidem
Se puede ver que hay 16 mujeres senadoras contra 20 hombres; en el Ejecutivo hay siete ministras y 13 ministros: vemos que la paridad y alternancia no se cumple del todo. En un momento sí se dieron, pero ya no. Lo mismo sucede en los niveles departamental y municipal en referencia a las asambleístas y las concejalas. También, las demandas de género son planteadas muy débilmente.
‘La participación de mujeres se precipitó’: María Teresa Zegada es analista política
Se ve cómo la participación política de las mujeres se precipitó a partir de los 90, pero fundamentalmente a partir de los mandatos de la nueva Constitución. Antes no había un espacio diferenciado para la lucha de las mujeres. Las victorias con relación a las normas son varias, pero mientras no haya políticas efectivas y tangibles para las mujeres, se quedarán en un plano formal.
‘Hay más confianza en nuestras capacidades’: Cecilia Enríquez es directora de Gregoria Apaza
No puedo hablar por todas las mujeres que están en el ejercicio del poder, pero sí estoy segura de que algunas representan la agenda de género y otras no. Lo que es seguro es que la participación de las mujeres en cargos de poder se debe a un cambio de mentalidad sobre las capacidades de ellas; hay una mayor confianza en este sentido que ha permitido esas designaciones.
‘Destacamos en innovar y en no cumplir normas’: Érika Brockmann es ex senadora del MIR
Siempre nos destacamos en innovar normas de vanguardia, pero también en incumplirlas. Algo así sucede con varios de los avances formales que favorecen políticamente a las mujeres. Esa falencia no es sólo de las actoras en ejercicio del poder, sino también a debilidades de gestión, es decir que hay muy buenos discursos, pero muy pocas realizaciones en términos efectivos.