El Alvará, expedido a las 8:30 de la mañana y destinado expresamente a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, debería haber sido cumplido inmediatamente; sin embargo, después de 12 horas de desacato a la orden judicial, demoras injustificadas e interferencias ilegales de autoridades judiciales, la orden fue revertida por el Presidente del Tribunal, el Desembargador Thompson Flores, determinando finalmente el mantenimiento de la prisión del ex Presidente Lula. Durante esas 12 horas se puede considerar que Lula estuvo secuestrado, pues debería haber sido liberado.
Entre los hechos más escandalosos del día, está sin duda la actuación desesperada del Juez Sergio Moro que, incluso disfrutando de sus vacaciones en Portugal, llamó a la sede de la Policía Federal para intentar impedir la liberación de Lula y, como tal, actuando ilegalmente contra un superior jerárquico dentro del sistema de justicia, un desembargador que recibió la solicitud de habeas corpus y que tenía competencia para decidir sobre una decisión sobre la libertad.
Al intentar impedir el cumplimiento de la orden de soltura, según la ley, el juez Sergio Moro ha cometido delito de prevaricación, previsto en el art. 319, del Código Penal, aplicable en la hipótesis de desobediencia a la orden judicial practicada por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo, otro juez - Desembargador João Pedro Gebran Neto -, uno de los que participó en el juicio de Lula en segunda instancia, también intentó evitar la libertad de Lula, siendo esa hipótesis igualmente inadmisible ante el derecho brasileño.
Como bien han identificado los juristas democráticos, esos instrumentos autoritarios de avocación de competencia, permitidos en el régimen militar de Brasil, son incompatibles con los preceptos de cualquier orden jurídico democrático, con la Constitución brasileña y con los códigos de ley.
Además, por encima de todo, queda en evidencia que la insistente actuación del juez Sérgio Moro, de la 13ª Vara Federal de Curitiba y del Desembargador João Pedro Gebran Neto en el sentido de incumplir la orden de habeas corpus, y aún fuera de autos, revela el indiscutible interés que los hace sospechosos de continuar ejerciendo jurisdicción en cualquier acción relativa al ex presidente y al paciente, de conformidad con el art. 185, IV, del CPC.
Brasil vive un caso modelo de excepción jurídica para toda América Latina y para el mundo. Es importante percibir que en nuestro país, sectores importantes del poder judicial sucumbieron a extraños y ocultos poderes y tomaron la decisión de abandonar la legalidad para aplicar actos de excepción para impedir y coartar la democracia.
La Lava-Jato (operación de la policía federal para combatir la corrupción) por la forma como se está realizando ya es responsable de una grave contracción económica en el país, habiendo destruido empresas, sectores industriales y de la construcción civil con la excusa de combatir la corrupción generalizada, pero lo hace tratando de impedir que el candidato más popular a las elecciones soberanas pueda llegar a la disputa, lo que sólo hace aumentar la indignación popular y en sentimiento de engaño y de traición a la democracia.
*Carol Proner es Secretaria Internacional de la Asociación de Juristas por la Democracia, Doctora en Derecho y Profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro
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