- Este juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad fue un gran acontecimiento jurídico y político. En Guatemala hay una disputa por la verdad muy importante y ésta fue una oportunidad muy grande para que las víctimas pudieran hablar. En 1998 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico emitió el reporte Guatemala, memoria del silencio, un documento valiosísimo. También la iglesia católica hizo público el informe Guatemala: Nunca Más, lo que generó mucho debate en torno a las atrocidades que habían sido cometidas durante el conflicto armado. Sin embargo, con el asesinato del obispo Juan Gerardi, ese proceso se truncó totalmente: no es hasta ahora que nuevamente la verdad emergió a la superficie.
Es muy importante desde el punto de vista pedagógico para los jóvenes, para que puedan conocer lo que ocurrió. El conflicto armado, sus causas, su desarrollo, su desenlace, es un capítulo de la historia de Guatemala que lamentablemente no se imparte en las escuelas. Durante los días que las víctimas estuvieron presentando sus testimonios, los medios de comunicación dieron mucha difusión y pude darme cuenta de cómo impactaba. Lo que más rechazo provocó fueron los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Una podía escuchar en diferentes medios, en las redes sociales, que la gente decía: “pero cómo es posible, no sabíamos eso tan grave”. Lo que estas mujeres relataron, que fueron víctimas de todas las formas de violencia sexual, violación masiva, violación múltiple, en sus casas, en destacamentos militares, la brutalidad con que fueron tratados sus cuerpos…, todo esto salió a flote. Desde el punto de vista de la construcción de la memoria histórica es un hecho muy relevante.
Ha tenido también un efecto reparador para mucha gente, porque esto fue un juicio que fue presentado por víctimas del pueblo ixil, pero las masacres y las otras graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidos en todo el país. Para la gente fue también un juicio por sus familiares desaparecidos, torturados. La sala de vistas estuvo llena todo el tiempo, no sólo por la gente que llegaba a mostrar su solidaridad al pueblo ixil, sino también por sus propios muertos, sus propios familiares desaparecidos.
- Al parecer los grupos de poder empresariales en Guatemala realizaron mucha presión para que se anulase la sentencia.
Luz Méndez Gutiérrez. Fotografía: Andrea Gago Menor.
- Efectivamente, la sentencia se emitió el 10 de mayo y al día siguiente se declararon en sesión permanente el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la élite económica. Exigieron a la Corte Constitucional anular ese juicio, de manera totalmente ilegal, no mediante el sistema de justicia. Lo hicieron como una expresión de dominio, reafirmando el poder que siempre han tenido en Guatemala. Usaron la “lógica de propietario de finca”: “ésta es mi finca y aquí se hace lo que yo digo”. Fue muy grave, pero la anulación de la sentencia finalmente se debió a que todos los grandes poderes, en lo económico, político y militar, se unieron. ¿Por qué? No lo hicieron sólo porque no quisieran que se sentenciara a un ex dictador, sino porque este juicio demostró que los pueblos no olvidan ni perdonan y que, en medio de una impunidad tan grande, los pueblos, y particularmente el ixil, se organizaron y lucharon durante muchos años por llevar al banquillo de los acusados a un hombre que no es el único responsable, pero sí el que representa la represión política del Estado, la política contrainsurgente, durante el conflicto armado.
Esta élite económica ha sido profundamente racista, como se manifestó durante el juicio. Un peritaje analizó el racismo histórico contra los pueblos indígenas que afloró durante el conflicto armado y precisamente de ahí se deriva la demanda por genocidio. Para estos grupos dominantes es inconcebible que los pueblos indígenas, a quienes han discriminado, a quienes han despreciado, hayan llevado a uno de los suyos al banquillo de los acusados. Los poderes han tenido una política de tal nivel de violación de derechos humanos porque han tenido la certeza de inmunidad e impunidad, porque han tenido el control del sistema de justicia. Darse cuenta de que el sistema de justicia sí podía enjuiciar a uno de los suyos los hizo reaccionar y pensar que esta sentencia no era sólo una sentencia contra Ríos Montt, sino que se estaba quebrantando su certeza de inmunidad e impunidad. Actuaron por ellos, por defender sus propios intereses. Por eso es que se unen y logran revertir la sentencia, aunque el juicio en su conjunto no ha sido anulado. - ¿Tienes esperanza en la justicia ordinaria?
- Tenemos que seguir luchando, ha sido un proceso muy difícil, desde la firma de los Acuerdos de Paz se han invertido millones de dólares de la cooperación internacional para fortalecer las instituciones del sistema de seguridad y justicia. Muchos han ido a la corrupción, a los poderes ocultos, como se llama en Guatemala a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Pero pese a la anulación de la sentencia, el juicio me genera esperanzas. Evidenció que hay funcionarios del sistema de justicia honestos y que la gente no se queda callada, exige justicia y se organiza para obtener justicia. Otro elemento muy positivo que demostró el juicio fue la capacidad de alianzas de la sociedad civil: como en todos los países hay posicionamientos diversos, pero con el objetivo de manifestar apoyo y solidaridad con el pueblo ixil nos unimos todos y todas. Es posible construir alianzas fuertes alrededor de un objetivo común para hacer avanzar las justas causas sociales. - Antes nombraste la violencia sexual durante el conflicto. ¿En qué consiste la violencia sexual como estrategia de guerra?
- En Guatemala la violencia sexual contra las mujeres, principalmente indígenas, fue utilizada como arma de guerra y fue un delito constitutivo de genocidio. Fueron atacadas sexualmente no sólo para dañarlas a ellas. El objetivo de las fuerzas estales era derrotar a la insurgencia, porque era la insurgencia la que estaba poniendo en riesgo los intereses económicos y políticos de la élite dominante. En esa lucha hubo importantes sectores de los pueblos indígenas que se incorporaron a la insurgencia, porque pensaban que era un camino para su liberación como pueblos, y otros que no. La mayoría de los pueblos indígenas fueron población civil no combatiente. Pero debido al racismo profundo de las clases dominantes, que trasladaron a los altos mandos del ejército, se homologó al indígena con la insurgencia.
Luz Méndez Gutiérrez. Fotografía: Andrea Gago Menor.
No estaba sólo presente el acabar con un enemigo de un conflicto armado, sino muy en el fondo estaba el objetivo de acabar con los pueblos indígenas, desde siglos considerados seres inferiores que hacían daño al desarrollo del país. Las mujeres fueron violadas sexualmente de forma masiva y múltiple, con una atrocidad sin límites, porque era una forma de atacar al enemigo del ejército, de desmoralizar a las comunidades indígenas, porque el 89 por ciento de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres indígenas, para que no se incorporaran a la insurgencia. A través de los cuerpos de las mujeres se querían lanzar mensajes. Las mujeres no sólo fueron violadas sexualmente, sino que fueron violadas de forma masiva, generalmente de forma pública, frente a la comunidad, y con mucha frecuencia se atacó las partes del cuerpo relacionadas con su capacidad reproductiva. Hubo especial saña contra los órganos genitales de las mujeres, contra sus pechos, hasta el extremo de abrir el vientre de las embarazadas y extraer los fetos. Por supuesto que había misoginia, había racismo, había un odio de clase, pero lo que buscaban era acabar con la semilla. Esto lo evidencia la atrocidad con que fueron atacados los fetos y también los niños.
- Es terrible.
- Es muy fuerte, pero debe saberse la verdad. De esto estamos hablando, y de muchas cosas más.
- ¿Existen elementos comunes en cuanto a la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados?
- Sí, es un patrón que se origina en la causa primigenia de la violencia contra las mujeres, que se halla anclada en el sistema de dominación, el sistema patriarcal. La violencia contra las mujeres, con especial énfasis la violencia sexual, ha sido utilizada para perpetuar y reproducir el sistema. En todas las sociedades a las mujeres se nos considera seres inferiores, y normalmente se cree que las mujeres son propiedad de los hombres. Es la causa que se halla como sustento de los ataques contra las mujeres con el fin de vencer al enemigo. La lógica es “voy a apropiarme de los cuerpos de esas mujeres para atacar a los propietarios de los cuerpos de esas mujeres”. Encontramos entonces patrones en los conflictos armados actuales de África, en los de los Balcanes, en la violencia sexual cometida contra las mujeres en la II Guerra Mundial, que fue expuesta en el Tribunal de Tokio, o en el conflicto armado de Guatemala. Participé en el proceso de incidencia política para la aprobación de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que precisamente tiene como propósito lograr la protección de los derechos de las mujeres durante conflictos armados y su participación en los procesos de paz. Cuando nos reuníamos con compañeras de África, de Asia, de América Latina, nos dábamos cuenta de que eran los mismos patrones.
- Del Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante del Conflicto Armado Interno hasta la fecha, ¿qué avances ha habido en este sentido?
- El Tribunal de Conciencia de 2010 fue un acto político de enorme trascendencia para las mujeres que pudieron testificar. Tuvo un sentido de reparación para ellas pero, además, poco tiempo después, uno de los grupos quiso ir más allá. Hay diferentes interpretaciones de justicia para los grupos de mujeres que hemos ido acompañando: para unas, con el Tribunal de Conciencia fue suficiente; para otras, justicia es que se sepa la verdad.
Para un grupo de mujeres q´eqchís no fue suficiente. Quizás fueron las mujeres que más sufrieron las consecuencias de la violación sexual, porque no fueron víctimas sólo de violencia sexual sino también de esclavitud sexual y doméstica durante seis meses en el destacamento militar de Sepur Zarco. Las esclavizaron después de que sus esposos fueran asesinados y desaparecidos por el ejército. Lo que los esposos estaban haciendo era organizarse de manera legal para obtener el registro de propiedad de las tierras donde vivían, y por eso los desapa-recieron. Después de que las mujeres quedaron viudas y, por lo tanto, convertidas en “mujeres disponibles”, las concentraron a todas en los alrededores del destacamento militar instalado en la comunidad Sepur Zarco y las obligaron a hacer turnos, es decir, a prestar servicios sexuales y domésticos cada dos o tres días. Luego la esclavitud cambió de modalidad. Las mujeres ya no tenían que hacer turnos en el destacamento, pero continuaron siendo violadas sexualmente y explotadas económicamente por los soldados del destacamento durante seis años. Pero cuando se cierra el destacamento, esto les implicó estigmatización y rechazo social en sus comunidades. Ellas no vivían permanentemente en el destacamento, entraban y salían, obligadas, porque a la que se oponía la mataban, pero la gente las veía y las acusaba de ser responsables de lo que les había ocurrido. En general, es una conducta muy común hacía víctimas de violencia sexual, en tiempos de guerra o de paz, ser consideradas responsables de la violación sexual. En su caso, fue tan fuerte la estigmatización que pidieron justicia formal. En 2011 un grupo de 15 mujeres de Sepur Zarco presentó una demanda penal por violencia sexual y esclavitud sexual ante el sistema de justicia de Guatemala. En 2012 ellas fueron escuchadas por un tribunal de alto riesgo, como anticipo de prueba. En esta lucha han contado con la solidaridad de otras mujeres, plasmada en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Éste es el primer proceso penal sobre esclavitud sexual durante el conflicto armado que se presenta ante un tribunal nacional.
- En la actualidad Guatemala está sufriendo un auge en cuanto a proyectos extractivos y disputa por los recursos naturales, sobre todo en los sectores minero e hidroeléctrico. ¿Está habiendo casos relacionados de violencia contra las mujeres?
- Sí, la manera en la que se está imponiendo en Guatemala la industria extractiva ha generado conflictividad social y violencia contra las mujeres, incluyendo violencia sexual. La base del problema reside en que no se ha tomado en cuenta la opinión de las comunidades donde se están instalando estas empresas, y cuando la gente se organiza y quiere dar su opinión sobre el desarrollo al cual aspiran, la respuesta es de represión y militarización del territorio. Quisiera contar la experiencia de 11 mujeres del pueblo q´eqchí que fueron víctimas de violencia sexual por la guardia privada de una empresa transnacional.
En Izabal se encuentra la Compañía Guatemalteca de Níquel, que es empresa subsidiaria de transnacionales canadienses. En 2007 los guardias privados llevaron a cabo un desalojo violento de tierras contra campesinos q´eqchís, que habitan el territorio en el que han vivido ancestralmente y que esta empresa reclama como propio. Los guardias privados llegan en compañía de agentes de la Policía Nacional Civil y de soldados del ejército a ejecutar estos desalojos violentos. Los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban solas con sus hijos pequeños. Fueron violadas, destruyeron y quemaron sus casas… No sabemos exactamente cuántas mujeres fueron violadas, incluso inmediatamente después de que se conocieran los hechos, ellas no reportaron la violación sexual. Fue años después, en procesos de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, que empezaron a hablar. Han presentado una demanda civil en Canadá contra la empresa transnacional, que era propietaria de esta compañía extractora de níquel, HudBay Minerals, junto con otras dos demandas civiles.
Se presentaron las demandas por negligencia, porque la legislación canadiense no permite otra cosa. Pero lo que se está buscando es que en el propio país de origen de la transnacional se sancione a estas empresas por las violaciones a los derechos humanos que cometan en terceros países. Nunca se habían presentado demandas de este tipo. En Guatemala desde las organizaciones de mujeres hemos respaldado esa demanda porque vemos que se está gestando un precedente de búsqueda de justicia fuera del país. Las 11 mujeres q´eqchís no quisieron presentar una demanda penal en Guatemala porque no confían en el sistema de justicia del país.
Por tanto, hay ahora dos procesos legales paradigmáticos en Guatemala de mujeres indígenas que buscan justicia por violencia sexual, una violencia sexual muy vinculada al despojo de tierras. El despojo de tierras y la violencia sexual han ido de la mano en las grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Guatemala en el pasado y en el presente. Está la demanda penal en Guatemala, en curso, por las 15 mujeres de Sepur Zarco, y la demanda civil, de las 11 mujeres también quechíes, presentada en Canadá. Las mujeres están luchando en Guatemala, no aceptan con pasividad estos grandes crímenes cometidos contra ellas, sino que se organizan y exigen justicia.
Por Ane Garay,investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad. Andrea Gago Menor es editora de Pueblos – Revista de Información y Debate.
Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.