Nicolás Maduro Moros, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se ha desempeñado en diversos espacios políticos como diputado en 1999, Ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012, como Vicepresidente de la República venezolana durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías (2012-2013) y tras la muerte de éste, asume como presidente de Venezuela durante el período presidencial (2012-2018). Fue reelegido por un periodo adicional de seis años en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, la oposición venezolana apoyada por: 51 países, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima y el Grupo de los 7 (G7) no reconocieron su reelección.
Frente a este escenario, Maduro debe ceder espacio. En consecuencia, en la primera semana del mes de Julio (2019), anunció su renuncia a la violencia y hace un “llamado a la paz”. Lo irónico del anuncio, es que gran parte de la población venezolana hoy sigue viendo vulnerados sus derechos constitucionales por parte de un gobierno empeñado en no escuchar el clamor nacional de sus conciudadanos, ignorando sus necesidades básicas y elementales. Venezuela atraviesa una de las crisis económicas más complejas de la región y del mundo entero; la mayoría de los analistas vaticinan un segundo semestre de caos económico con incluso una contracción del producto interno bruto de hasta un 60%. En este sentido, lo político no deja de ser clave en este desenlace económico de la nación Latinoamericana, y es que las libertades políticas por aquellos que adversan al régimen de Nicolás Maduro Moro, han sido ignoradas, generando encarcelamientos injustificados. Toda la realidad antes expuesta, sigue promoviendo una polarización nacional si precedente en la historia venezolana.
Pero, por otro lado, los partidos de oposición no han sabido materializar la salida del régimen de Maduro; según algunos entendidos en el tema, esto gracias a los “errores políticos” o “demagogia consensuada”. Es un hecho que los factores de oposición tienen su cuota de responsabilidad en la crisis política venezolana por acciones como: la NO participación en las elecciones al parlamento nacional para el periodo (2005-2011), dejando un parlamento “rojo rojito” o la vacilante participación en las elecciones a gobernadores en 2017 donde según sus principales dirigentes, NO había condiciones electorales para participar y aun así, sus principales partidos (AD, COPEI, PRIMERO JUSTICIA, VOLUNTAD POPULAR) participaron en esa contienda electoral.
Más allá de los aciertos o errores cometidos por el gobierno y la oposición venezolana, hay una realidad concreta, cotidiana, social, que no se puede “ocultar con un dedo”… la inexistencia de las condiciones mínimas necesarias para la vida normal. Por tal motivo, no es sorpresa que el reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ponga en tela de juicio la renuncia del presidente Maduro a “la violencia y su llamado a la paz entre los venezolanos”. Lo que sí sorprende es cómo un mandatario nacional sigue en el poder a pesar de los graves señalamientos de organismos mundiales, señalamientos que sin duda alguna desnudan una red malsana de intereses personales que continúan vulnerando las libertades económicas, políticas, sociales de una gran nación: VENEZUELA.