Para ello esgrimen múltiples causas demográficas y económicas que centran la culpabilidad en los pensionistas y el creciente gasto que acarrean a las cuentas públicas. Por un lado, advierten de que los jubilados son un colectivo cada vez más numeroso y sobreviven como pasivos durante mucho más tiempo, hasta el extremo de invertir la pirámide de edad y hacer que la punta (de jubilados) sea más gruesa que la base sobre la que descansa (nuevas generaciones). ¡Malditos jubilados: no se mueren!, sería la conclusión de este planteamiento.
Ante todo ello, lo primero que hay que subrayar constantemente, para desmontar el argumento torticero del “gasto” que representan los pensionistas, es que el dinero de las pensiones lo han adelantado los propios jubilados durante sus años de vida activa como trabajadores. No es el Estado el que paga las pensiones, son ellos mismos los que sufragan con sus cotizaciones la “suficiencia económica en la tercera edad”. El Estado, simplemente, administra tal recurso y hace frente a las obligaciones contraídas con los trabajadores cuando alcanzan una jubilación anhelada pero no siempre disfrutada. De todas las estadísticas que periódicamente se publican para advertir de la carga económica que suponen las pensiones, echo en falta la que cuantifique los jubilados fallecidos tempranamente y cuyas cotizaciones quedan en manos del Estado, el cual, como la banca, siempre gana. Del igual modo que se divulga el número de nuevos pensionistas, se debería ofrecer también el de fallecidos antes de los 70 años que alivia el sistema. Y es que no todos los jubilados son “gastos” para la Seguridad Social, algunos constituyen beneficios. ¿En qué proporción y cuantía?
Porque el verdadero problema se da en la base de la pirámide, en esos trabajadores actuales cuyos salarios se han deteriorado considerablemente, sus condiciones laborales han empeorado una barbaridad y los empleos que consiguen resultan, en gran parte, precarios y temporales. Sin estabilidad laboral y con sueldos de miseria es imposible mantener unas cotizaciones a la Seguridad Socialen la cuantía y duración que requiere el sistema de reparto de las pensiones. Con un salario mínimo de 825 euros no se puede financiar una pensión media de 920 euros, aunque sean tres por cada pensionista los trabajadores necesarios para que el sistema sea sostenible, ya que esos tres trabajadores no gozan de un salario digno ni duradero. Es precisamente el resultado de una política de austeridad suicida en el mercado laboral, sólo ventajosa para el empresariado y la fuerza del capital, lo que ha puesto en peligro, no sólo las pensiones de los hoy jubilados, sino también las de los pensionistas de mañana. Así que quienes han convertido en un problema la jubilación han sido los que han impulsado reformas laborales que han precarizado el mundo laboral en España, favorecido y abaratado despidos y depreciado los salarios. Esos políticos que han conseguido que los hijos ganen menos y vivan peor que sus padres son los que han erosionado intencionadamente los cimientos de la Seguridad Socialhasta hacerla casi inviable, y ahora claman medidas (curiosamente, fondos privados, progresiva reducción de las pensiones y endurecimiento de las condiciones para jubilarse) para que el sistema sea sostenible.
El panorama futuro es desolador por la progresiva pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y por la inviabilidad de un sistema involutivo de reparto, mortalmente herido por unas políticas nefastas que parecen diseñadas para hacerlo quebrar. Hasta el Fondo Monetario Internacional se ha visto obligado a aconsejar al Gobierno modificar este sistema que conduce a las pensiones a seguir perdiendo capacidad de compra, si se mantiene la revalorización de las mismas en sólo el 0,25 por ciento anual. Y es que con unos objetivos de inflación cercanos al 2% hasta el año 2020, como persigue el Banco Central Europeo, queda claro que las pensiones seguirán por la pendiente de la pérdida de valor en relación con el Índice de Precios al Consumo, aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegure que durante la década de 2007 a 2017 los pensionistas han mantenido su capacidad adquisitiva. Cosa que ni los propios pensionistas se han creído. ¡Malditos jubilados, parecían tontos!, podría ser otra conclusión a la que llegase la ministra.