Denuncian armado de causas penales, proliferación de sumarios internos y hasta espionaje en investigaciones sensibles. Casal y Bicameral no se expiden.
Un creciente y -por ahora- subterráneo malestar está atravesando a los fiscales federales en su relación con el Gobierno, lo que generó también una grieta entre diversos sectores al interior de tribunales. El detonante superficial es la táctica empleada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas para defenderse de la causa que lo vinculó con pagos relacionados al esquema de sobornos de Odebrecht. De fondo, identifican una presión cada vez más intensa de la Casa Rosada para trazar una línea que divida amigos de enemigos, también entre los titulares de las fiscalías. La acumulación de sumarios administrativos, la amenaza con querellas penales y hasta la difusión de datos en las causas que instruyen que habían sido conversados telefónicamente sólo con sus secretarios pusieron en alerta a los fiscales.
La estrategia de Arribas para contrarrestar los efectos de la declaración de Leonardo Meirelles fue denunciarlo penalmente por falso testimonio ante el juez Claudio Bonadio. En su decisión de exculparlo, el juez fue más lejos y pidió que se investigue por incumplimiento de los deberes de funcionario a los dos fiscales que recibieron el testimonio del "arrepentido": Federico Delgado y Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El siguiente movimiento del jefe de los espías fue intentar constituirse en querellante en el expediente sobre el que se tiene que pronunciar Gerardo Pollicita, para impulsar la acusación. Si Pollicita los imputa penalmente como se espera en los próximos días- también complicará los avances en la investigación por Odebrecht que tiene a Delgado en dos causas y a Rodríguez como uno de los principales investigadores con las pruebas disponibles. Ambos podrían quedar a tiro de recusaciones por parte de los imputados. Leer más »